La decisión tal vez más difícil en sus casi 10 meses de mandato tomó ayer el presidente Gustavo Petro al sacar del gobierno a su jefa de Despacho Presidencial, Laura Sarabia, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti. La decisión fue tomada pocas horas después de que el fiscal general, Francisco Barbosa, asegurara que las chuzadas volvieron, pues dijo que integrantes de la Dijín de la Policía falsearon documentación para que un juez autorizara interceptar a dos mujeres que estaban al servicio de esta funcionaria, quien sospecha que son responsables de la desaparición de 4 mil dólares de su residencia.
Sin duda se trata del mayor escándalo en este Gobierno, con enormes repercusiones políticas, en un momento que no es fácil para la administración porque se recrudece la violencia en las regiones por los actores armados, hay gran polémica por las reformas a la salud, pensional y laboral, así como viene cayendo de forma importante en las encuestas la favorabilidad del presidente y la percepción que tienen los ciudadanos de su gestión.
El fiscal Barbosa dijo que “este es el asunto más grave que se ha presentado en los últimos años en Colombia y contra los derechos humanos y la justicia en el país; y todos los responsables tienen que responder por este hecho tan grave”.
Entre tanto, los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático, así como los independientes Conservador y la U piden a la Fiscalía encontrar a los culpables y preguntan al Gobierno cuál es su responsabilidad en estos hechos, si conocía de las chuzadas a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, y a otra mujer que cumplía labores domésticas en la residencia de la ahora exfuncionaria.
El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, anunció que “hemos decidido citar a debate de control político al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y al director de la Policía, general William Salamanca. Tendrán que responderles a los colombianos, tendrán que responderle al país si esas chuzadas ilegales fueron conocidas por ellos”.
Mientras que desde Cambio Radical, el senador David Luna señaló que “claramente desvirtuó Petro su promesa de gobierno, claramente desvirtuó Petro el respeto por la ciudadanía”.
A las interceptaciones a las dos mujeres se suma que Meza fue sometida al polígrafo, dice ella sin autorización, por personal de seguridad de la Casa de Nariño para indagarla por la desaparición del dinero en la casa de Sarabia en enero pasado.
Petro toma medidas
El presidente Petro rechazó las interceptaciones ilegales que se registraron y aseguró que el Gobierno no ordenó esos procedimientos.
“Aquí no puede quedar ni mancha ni duda siquiera de que este gobierno vaya a repetir las suciedades de otros gobiernos, aquí no venimos a eso”, aseguró.
Petro hizo estas afirmaciones ayer en la ceremonia de ascenso de subtenientes del Ejército, que se realizó en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.
Enfatizó en que “a nadie de ustedes se les ha ordenado una sola interceptación telefónica” y agregó que “ni se les ha dado esa orden ni se les dará, porque el respeto a los derechos humanos es tal cual están consagrados en la Constitución, en nuestros tratados, en las leyes: se respetan”.
Insistió en que “este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de jueces, de periodistas, de opositores”, y añadió que a quienes ejercen el derecho a la oposición “los cuidamos y es un deber de la Fuerza Pública cuidarlos, no les puede pasar nada, porque están también bajo nuestra responsabilidad”.
En la misma línea se pronunció la vicepresidenta Francia Márquez, quien dijo: “Rechazo las interceptaciones ilegales, hemos luchado toda la vida por la garantía de los derechos humanos, esa lucha les costó la vida a muchos de los nuestros”.
Sobre la salida de Sarabia y Benedetti, el presidente Petro dijo que se retirarán para que “desde el poder que tienen estos cargos se pueda dar la confianza de que no se van a alterar los procesos de investigación”.
La salida de los dos funcionarios se ‘cocinó’ el pasado jueves en una reunión que sostuvo el presidente con ambos, no en la Casa de Nariño, como se esperaba, sino en un apartamento en los cerros orientales de Bogotá.
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Se conoció que el jefe de Estado se reunió primero con cada uno de ellos por separado. Posteriormente lo hizo con Sarabia y Benedetti simultáneamente, en donde éstos se habrían recriminado mutuamente.
Como se recordará, a mediados de esta semana se dio un rifirrafe en las redes entre los entonces funcionarios porque Sarabia sostiene que Benedetti, supuestamente para afectar su imagen, utilizó a su exniñera para que fuera a medios a contar que la llevaron obligada al polígrafo.
En tanto que Benedetti dijo que fue Sarabia quien lo llamó para pedirle su ayuda porque estaba angustiada, pues sabía que Meza quería hablar con los medios. Por ello, dijo el entonces embajador, llevó a la mujer a Venezuela por un tiempo.
Hablan ministros
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras reunirse con el director de la Policía, el general William Salamanca, dijo que “he dado una instrucción muy concreta, tiene que descubrirse quién dio la orden, este no es un asunto de un investigador de la Dijín, que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió, que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero que dentro de la Policía se adelanten las investigaciones correspondientes. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”.
Por su parte el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que “nosotros, con la misma vehemencia que denunciamos hace años las chuzadas a los magistrados de la Corte, pedimos que se investiguen recientes denuncias y se sancione a responsables si se comprueba veracidad de las mismas”.
Agregó el ministro que “sí es evidente que este no es un caso de unas acciones sistemáticas de alguien chuzando a determinadas personas, no hay alguien chuzando a todas las empleadas del servicio, ni alguien chuzando a todos los periodistas ni a todos los opositores. Es bueno generar esa claridad”.
En un comunicado el Pacto Histórico, que oficia como partido de gobierno, manifestó su respaldo al presidente Petro, al tiempo que rechazó las chuzadas.
"Rechazamos de manera vehemente el uso de altos cargos para llevar a cabo actuaciones presuntamente ilícitas, de abuso de poder y de confianza, de intereses personales que afectan directamente o indirectamente el ejercicio de gobierno que con determinación ha asumido el presidente Gustavo Petro. Nuestro respaldo y compromiso para que remueva a todos los que en función de sus labores han mancillado su confianza. Nadie puede estar por encima de la ley y la justicia", señala el comunicado.
Agregó el Pacto Histórico que "a lo largo de la historia el presidente Gustavo Petro ha sido un hombre defensor de los derechos humanos, durante toda su vida se ha opuesto a la vulneración de las libertades individuales y colectivas, a las chuzadas ilegales, a la corrupción que por décadas ha pululado en los estamentos del Estado colombiano. Sin temor a la duda, su lucha contra las desigualdades ha sido incansable".