Urge blindaje electoral | El Nuevo Siglo
Viernes, 2 de Junio de 2023

* Grupos violentos amenazan la campaña

* Estado debe reaccionar con toda firmeza

 

 

 

A cinco meses de la cita en las urnas para escoger a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el panorama de la campaña no es el mejor. Los primeros campanazos de advertencia fueron dados semanas atrás por los mandatarios regionales, Procuraduría, Fiscalía y otras instancias del orden nacional, regional y local. Coincidieron en que grupos armados, especialmente las facciones residuales de las Farc, estaban tratando de interferir en la actividad proselitista. El Gobierno decidió, entonces, acelerar la instalación del Comité de Garantías Electorales y anunciar las primeras medidas de refuerzo de la seguridad en algunas regiones, al tiempo que se pidió a los partidos y candidatos informar de cualquier riesgo para prestarles la debida protección.

Sin embargo, la situación, lejos de mejorar, ha venido volviéndose más crítica. No solo se ha denunciado que en algunas regiones las facciones derivadas de las Farc estarían imponiendo por la fuerza ‘códigos de conducta’ a la población, sino llegando al extremo de ‘carnetizar’ a las personas de las veredas. La guerrilla del Eln, a su turno, también estaría lanzando advertencias en las zonas en donde delinque en torno al inicio de la campaña electoral. A todo ello vino a sumarse el fin de semana pasado la amenaza abierta lanzada por las disidencias de las Farc, llamadas ahora ‘Estado Mayor Central’, en torno a que en sus áreas de influencia solo podrán hacer proselitismo los aspirantes que esa facción autorice, vetando casi de entrada a quienes se lancen a nombre de lo que denominan “partidos tradicionales”.

Se trata, sin duda, de una situación bastante delicada. No hay que olvidar que esas facciones, según las propias estadísticas del Ministerio de Defensa, tendrían no menos de tres o cuatro mil hombres-arma y harían presencia en territorios localizados de no menos de una veintena de departamentos. A ello se suma que, en el marco del accidentado proceso de paz que les ha planteado el Gobierno, que incluso alcanzó la improvisada instancia de un cese el fuego (que el Ejecutivo suspendió hace dos semanas tras el asesinato de cuatro menores indígenas reclutados por la fuerza por esa guerrilla), el llamado ‘EMC’ amenazó con profundizar sus hostilidades a la Fuerza Pública y la población civil.

Aunque ya esta difícil circunstancia fue analizada en la sesión de esta semana del Comité de Garantías Electorales, y allí tanto el Gobierno como las Fuerzas Militares y de Policía, así como la organización electoral, indicaron que se continuarán fortaleciendo las medidas de seguridad en todo el país, lo cierto es que no pocos alcaldes y otras autoridades y organizaciones civiles locales advierten que el escenario para llevar a cabo una campaña política es muy complicado. De hecho, la Defensoría ya elevó una alerta ante la propia OEA, cuyo Secretario General estuvo de visita esta semana en Colombia.

Por lo pronto, ya se han escuchado en algunas zonas que partidos y candidatos se inclinan por hacer reuniones y mítines proselitistas en áreas urbanas, restringiendo al máximo los periplos por veredas y corregimientos en donde se sabe que existe el riesgo de ser interceptados por grupos armados ilegales.

Pero no es el único peligro que se cierne sobre la contienda por los ejecutivos y legislativos departamentales y municipales. En varias zonas hay crecientes denuncias de financiación ilícita de campañas por parte de mafias locales y bandas criminales de alto impacto, tipo ‘Clan del Golfo’. Igualmente comienzan a multiplicarse los señalamientos a funcionarios regionales y locales por presuntamente estar interviniendo de forma directa o indirecta a favor de tal o cual candidato o partido. A ello se suma, que están prendidas las alertas en torno a lo que pueda pasar en las próximas semanas, cuando se prevé la firma de un alud de contratos de última hora debido a que se agota la cuenta regresiva para la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Para nadie es un secreto que estos remates contractuales siempre dan lugar a altos riesgos de corrupción y desgreño administrativo, más aún tratándose de gobernaciones y alcaldías que prácticamente ya están de salida.

A cinco meses de la jornada electoral es claro que urge un plan de choque más efectivo para garantizar unas elecciones seguras y transparentes. Desde el Congreso y los partidos son muchos los campanazos que se están dando al Ministerio de Defensa para que refuerce el llamado “plan democracia”. Es imperativo evitar que el país regrese a esas épocas oscuras en donde los violentos ponían y quitaban candidatos, vetaban partidos, forzaban las votaciones, las saboteaban y se adueñaban a sangre y fuego de las administraciones locales y sus presupuestos.