Un informe detallado sobre los hechos ocurridos en las jornadas de protestas desde el 19 de noviembre del 2019, incluido el 28 de abril de 2021 hasta la fecha ordenó la Sala Civil de la Corte Suprema al Gobierno Nacional. Este deberá ser presentado en un plazo de 15 días.
En dicho documento, Presidencia y el Ministerio de Defensa deben entregar una descripción sobre el avance de las "investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes".
Además, también solicitó al Ejecutivo que explique el "procedimiento administrativo y de la metodología a través del cual se busque garantizar el esclarecimiento de acciones sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública, así como de las órdenes de la cadena de mando".
De igual manera, el alto tribunal ordenó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo informar cómo tramitaron las solicitudes de víctimas relativas a los protocolos de detención en manifestaciones y capturas.
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"En lo relativo con los avances en las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra los manifestantes, indicar, sin violar la reserva sumarial, si existe o no un plan metodológico que aborde esas investigaciones a partir de un contexto sistemático, generalizado y grave de abuso de la autoridad y violación de los derechos humanos", también solicitó la Corte a los entes de control.
Asimismo, pide el calendario de reuniones presente y futuras, con la agenda de cada una de ellas, relacionado con las actividades de la mesa de articulación de alto nivel entre las 'ías', la Policía Nacional, las víctimas, ciudadanía, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos internacionales donde "se discutió la temática de la reestructuración de las directrices sobre el uso de la fuerza estatal en las manifestaciones pacíficas".
Por otro lado, la Corte Suprema también indicó que es necesario evaluar la situación del compromiso actual del Gobierno y las autoridades regionales teniendo en cuenta las personas que se han visto afectadas durante las protestas, los riesgos existentes frente al incremento de violencia, vandalismo, bloqueos en vías y casos de abuso policial.
Además, el tribunal también insta a cada entidad territorial para atender los reclamos y denuncias de las personas afectadas durante los actos de protesta, prestando particular atención al enfoque de género, pueblos indígenas, población afro y campesinos.