* ¿Acaso el Estado no siente dolor?
* Reportes que confirman la guerra
Es posible que, en términos estadísticos, como lo hace algún informe de la JEP de esta semana, los estragos del desorden público en Colombia tengan alguna disminución comparativa en ciertos aspectos, dependiendo la lupa con que se mire. Pero como el tema de la paz no debería regirse por porcentajes, cifras o segmentaciones, ni mucho menos por los fríos y secos rubros bélicos cuando se suponía que hace tiempo deberíamos haber salido de ese entrampamiento trágico, es por supuesto lamentable y doloroso registrar que, con base en los mismos índices, el país sigue rodando por el desbarrancadero de la barbarie y la depredación.
Al menos es lo que cualquiera puede concluir de un informe de este tipo, precisamente emitido por la jurisdicción de paz que, al contrario de su razón de ser, le toca dar cuenta de cómo, al fin y al cabo, la idea que algunos tenían y proclamaron de que la guerra había terminado con la desmovilización de un componente importante pero parcial de las Farc ya no está en lo absoluto soportada en la realidad. Y que en general lleva a confirmar que, por el contrario, hoy Colombia se mantiene en las mismas o peores circunstancias dramáticas de cuando se crearon instituciones extraordinarias de este estilo, cuya presentación central era lograr una pedagogía de la no repetición y una proscripción fundamental de la violencia, pero que han quedado desbordadas y sometidas a la asincronía, precisamente frente a esa realidad bárbara que no solo se repite, sino que se multiplica y cobra una dinámica impredecible y sin límites a ojos del mundo entero. De modo que el factor disuasivo de la ley, así fuera transicional, y su carácter propedéutico (como enseñanza) pierden por desgracia cada día más vigencia, si es que llegó a tenerla.
Porque en efecto basta con revisar cualquiera de los informes respectivos por parte de organizaciones no gubernamentales, además del ya citado de la JEP o de las autoridades pertinentes que se quieran, para constatar, no sin una abrumadora melancolía, que, en los últimos nueve meses, pese a las consignas y el propagandismo gubernamental de la paz, se multiplican las matanzas; caen los llamados líderes sociales; se reclutan y fusilan a los niños; reaparece el secuestro y se mantiene la extorsión; prospera la demencial modalidad del ‘picado’ de seres humanos; los soldados y policías son de carne de cañón constante; y el terror recae sobre los civiles, ya ni siquiera violando los cánones del Derecho Internacional Humanitario, sino, mucho más allá de esas formulaciones jurídicas aparentemente especializadas, arrasando con el sencillo y mucho más asertivo derecho de gentes, en consonancia con el derecho natural, que se supone el núcleo civilizador de cualquier sociedad que se predique como tal. Y que es la base sustancial del Estado Social de Derecho en nuestro país.
En Colombia, pues, no solo hay una crisis humanitaria, que se suponía iba a disminuir con el cese de fuegos general, según predicó el gobierno a comienzo de este año, sino que es un claro resultado de una guerra en pleno auge. De hecho, ese cese de fuegos, mal tramitado, pensando con el deseo, creyendo que con una sola palabra mágica presidencial iba a tener resultado automático, pues no podía obedecer más que a una candidez supina o un desconocimiento de las realidades concretas que se padecen en muchas regiones de la nación. De forma que ahora, fracasado ese cese de fuegos, es desde luego una obligación cuando menos exigua del Estado recuperar la iniciativa perdida.
Y no es porque pudiera derivarse de esto ninguna actitud belicosa, o nada similar, sino porque no es factible la indefensión de los colombianos bajo ningún formulismo político ni social aceptable, cuando precisamente la razón de ser del Estado, la que nos congrega a todos los nacionales en torno de unas instituciones legítimas, es ante todo la preservación de la vida y mucho más de los niños. De ahí para adelante se podrán tener las discusiones que se quieran, pero si este concepto axiomático se deja de lado, no solo se incurre en palmarios visos de inhumanidad, sino que se cae en un prevaricato por omisión monumental que compromete a la Constitución entera.
La herida causada al corazón de Colombia con el fusilamiento de los cuatro niños esta semana, que escaparon del reclutamiento forzado por parte de las recompuestas Farc, en el Putumayo, es un crimen infernal. Que debe responder el Estado con la inmediata captura y sanción por parte de la justicia ordinaria de los patibularios. Decirlo hoy en el país parecería un dislate. Pero cualquier actitud diferente es no tener ni las agallas ni la histamina para proceder frente a tamaña infamia. Y todavía peor sería dejarla archivada en las yertas y próximas estadísticas. Como parece que es la conducta, cuando una cuenta regresiva de este tipo sería lo mínimo si en verdad hubiera Estado y personeros del dolor que embarga a todos y cada uno de los colombianos.