NO PARAN las críticas y reservas de gremios del sector tras la aprobación de la reforma a la salud en su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara. Esto ocurre a pesar de que la iniciativa tuvo algunos ajustes propuestos por los partidos, parlamentarios y las propias asociaciones. Acemi dijo que podría generar barreras a los ciudadanos para acceder al servicio y no es clara la sostenibilidad del sistema, entre varios.

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Paula Acosta, expresó que varias preocupaciones que han manifestado no han sido modificadas en el trámite de este proyecto de ley.

“Nos preocupa mucho cómo va a ser la atención de los usuarios. Tener un nivel segregado en los casos de atención primaria con una red en donde participan diferentes instancias para su coordinación y para su definición, puede generar una fragmentación en el servicio”, señaló la dirigente gremial.

Además, añadió que ello significaría que los usuarios se encontrarían con barreras para acceder, desde los servicios más sencillos hasta los más complejos, y que los pacientes que tienen condiciones crónicas y que requieren de atención más especializada, “tendrán que volver a empezar desde la atención básica A través de sus CAPS (Centro de Atención Primaria de Salud)”.

Indicó también que tienen preocupación por la sostenibilidad fiscal porque “se pierden muchos de los controles que hoy existen en el sistema y que desarrollan las EPS, a través de una contratación inteligente, a través de una auditoría que es previa, durante y después”. Aseguró que ahora será aleatoria, según lo que se aprobó en el primer debate.

De igual manera, manifestó que también, prácticamente el usuario pierde la libertad que tiene hoy de escoger las EPS para que le presten el servicio; en cambio con la reforma solamente podrían elegir el CAPS que le quede más cercano a su residencia o trabajo.

“Tenemos también una preocupación muy grande de cara a uno de los servicios que es más sensible para todos los ciudadanos, y es la entrega de medicamentos. Esto se menciona de forma muy poco clara dentro del articulado, se promueven compras centralizadas, pero no hay mucha claridad de quién va a ser el responsable en la entrega y dispensación”.

Compartió, además que tienen preocupaciones frente a la transición e implementación del nuevo sistema, porque se da un período de 2 años para que todas las EPS se liquiden y entreguen la población a los CAPS. “Se genere una nueva figura que son las gestoras de salud y vida, pero no son claros cuáles van a ser los tiempos y las regulaciones que van a regir a estas nuevas figuras”.

Comunicó que no existe el sistema de información en el nuevo sistema, para el cual hay un costo estimado de $ 150000 millones, “pero realmente una fracción muy pequeña cuando uno lo compara con otros sistemas de información y en el tiempo no resulta realista en solo un período de un año”.

Por su parte Gestarsalud (Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud) dijo que el sistema esencialmente estatizado tendrá el centro de gestión en la Adres, “una entidad que se demorará mucho tiempo en tener las capacidades técnicas y de recurso humano suficientes para asumir las funciones que hoy cumplen las EPS: contratar servicios con clínicas y hospitales, auditar los servicios, revisar facturación y hacer eficiente el uso de los recursos, entre otras”.

Agregó que, si bien se habla de transformación, en la práctica las “EPS se eliminan en dos años y se pierden las capacidades logradas por el sistema de salud en las últimas tres décadas al partir de cero en funciones como la organización de los servicios en las diferentes entidades para ayudar a los ciudadanos a transitar el sistema”.

Enfatizó que las funciones de las gestoras de salud y vida que remplazarían a las EPS por ahora no son claras y sus responsabilidades se cruzan con las de otras instancias.

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Ministro a dar explicaciones

En el marco de una indagación que apertura la Procuraduría, citó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que explique las afirmaciones que hizo sobre la supuesta desproporcionada implementación de unidades de cuidados intensivos (UCI) durante la pandemia, que consideró sobrepasó lo que se requería. Incluso dijo que pudo hacerse negocio con esto.

A Procuraduría explicó que “la apertura de la indagación se originó en las declaraciones concedidas a un medio de comunicación por el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien aseguró que durante la pandemia por el Covid-19 ‘montaron’ un negocio en Colombia al triplicar las UCI para recibir pacientes con complicaciones, sin contar con personas entrenadas y capacitadas para atenderlas”.