* La masacre de niños indígenas del Putumayo
* ‘Justificaciones’ anacrónicas e inadmisibles
Tratar de justificar la barbarie es imposible y menos aún en la tercera década del siglo XXI, ya que la jurisprudencia mundial, continental y nacional sobre el respeto a los derechos humanos se ha consolidado de tal forma que los argumentos discursivos y tendenciosos de los violentos para tratar de disminuir la gravedad de sus acciones criminales, sobre todo cuando sus víctimas son personas en estado de indefensión, ya no tienen eco alguno. De hecho, los pronunciamientos y medidas adoptadas por la Corte Penal Internacional son cada vez más contundentes en torno a que la aplicación de los protocolos de Ginebra y del Derecho Internacional Humanitario tiene un enfoque prioritario de protección al no combatiente más que de garantía para el accionar del victimario.
Esa es una realidad que parece desconocer de forma absoluta la cúpula del llamado “Estado Mayor Central”, sobre todo en el comunicado de ayer en el que acepta que una de sus facciones asesinó a menores indígenas en el Putumayo que habían huido luego de haber sido víctimas de reclutamiento forzado.
De acuerdo con el grupo residual de las Farc, los tres menores de edad (niegan que sean cuatro los asesinados), pertenecientes a la comunidad Murui, fueron “ajusticiados”. Como si se tratara de un atenuante ante un hecho de tal grado de sevicia, la organización ilegal aduce que los indígenas tenían la edad que “exige el DIH para su reclutamiento”, el cual dicen que se hizo de “manera voluntaria”. Aun así, afirman que “asumiremos nuestra responsabilidad, reconociendo los errores cometidos y asumiendo compromisos claros para la reparación con las comunidades”. Es más, llegan al extremo de indicar que van a designar una ‘comisión de paz’ para tal objetivo y la atención de los pueblos indígenas del Amazonas.
La versión de esta facción armada, que comanda alias ‘Iván Mordisco’, y con la cual el gobierno Petro tenía vigente un cese el fuego que, precisamente, fue suspendido en cuatro departamentos por la masacre de los menores indígenas, raya en el cinismo y la indolencia. Esto porque las familias, comunidades y organizaciones que llevan la vocería de estos pueblos indígenas dejaron en claro que uno de los menores había sido sacado, el 26 de marzo, por guerrilleros de la cuadrilla ‘Carolina Ramírez’ de uno de poblados del Resguardo Alto Predio Putumayo. Él y otros tres menores, también reclutados de manera forzosa, lograron escapar, pero el 17 de mayo fueron hallados por el grupo armado y luego asesinados en estado de indefensión bajo la acusación de ser ‘desertores’.
Que la cúpula del llamado “EMC” crea que puede tratar de justificar la masacre de menores de edad, señalando que fueron “ajusticiados” porque tenían, supuestamente, más de 15 años y que entraron a sus filas de manera voluntaria -versión desmentida ampliamente- evidencia el grado de barbarie y absoluto desprecio por los derechos humanos con que actúa esa facción ilegal. Su argumentación no solo raya en el anacronismo, sino que contraría los mandatos del DIH en cuanto a la protección especial que merecen personas, combatientes o no, puestas en estado de indefensión. De hecho, por ser menores de 18 años y ser blanco de reclutamiento ilegal tiene una “protección especial reforzada”, según la jurisprudencia internacional para casos de conflicto armado interno o externo.
El Gobierno, más allá de su política de paz, no puede permitir que esta clase de hechos continúe ocurriendo. Roto el cese el fuego y vista la respuesta amenazante de las disidencias de las Farc, corresponde ordenar a las Fuerzas Militares que desplieguen un operativo de alto calado en la zona para dar con los responsables de la masacre de los niños indígenas. La sola condena nacional e internacional no es suficiente. Se requiere una acción decidida del Estado para que tanto esta facción como otras que atacan a la población civil, entiendan que no se tolerará ni quedará impunes actos de sevicia y barbarie.
Por otra parte, en momentos en que tanto desde la Oficina del Alto Comisionado de Paz como en las instancias del Congreso se avanza en la articulación del marco jurídico para entablar procesos de paz con los grupos residuales de las Farc y las bandas multicrimen, se hace imperativo mandar un mensaje a quienes insisten en el asesinato y la masacre: la justicia transicional tiene límites y no podrá cobijar, como ya ocurrió en procesos de paz pasados, delitos de lesa humanidad, más aún aquellos en los que los niños son las víctimas. No fijar desde ya esas líneas rojas llevará a que el reclutamiento forzado de menores, como ha ocurrido en los últimos meses, se dispare de nuevo y regresemos a épocas en que los jóvenes eran la principal ‘carne de cañón’ de los alzados en armas, llevando a que decenas de miles murieran…