* Urge analizar primer tramo de vigencia
* Desespero crece a nivel urbano y rural
La seguridad ciudadana continúa siendo, no solo al tenor de las encuestas y los debates más recurrentes en la campaña electoral, sino por la percepción diaria de millones de desesperados y atemorizados habitantes, la principal preocupación en Colombia. No en vano, tanto los congresistas electos como los candidatos a la Casa de Nariño han prometido muchas reformas y ajustes de fondo para recuperar rápidamente la tranquilidad y convivencia en zonas urbanas y rurales.
La última gran apuesta en este frente fue la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, que entró a regir el pasado 26 de enero y mañana cumple cuatro meses de vigencia.
Dicha norma, que reformó puntualmente los códigos Penal, de Procedimiento Penal así como el de Policía, tiene varios elementos clave: aumentó las condenas por hurto y porte ilegal de armas blancas y otros elementos letales. También se agravaron las penas por reincidencia delictiva, ataque a integrantes o dependencias de la Fuerza Pública así como afectación de infraestructura de transporte y otros servicios públicos. Es más, si estos ilícitos los cometen personas ‘encapuchadas’ la condena será mayor. De igual manera, se incrementó el rango para la legítima defensa ante asaltos a vehículos y residencias. Asimismo, se ordenó enviar a la cárcel a quien cometa delitos con armas de fuego, neumáticas, cuchillos u otros elementos menos letales, restringiendo la posibilidad de libertad condicional o prisión domiciliaria.
¿Cuál ha sido el resultado de la aplicación de esta Ley? Haciendo la salvedad de que solo empezó a regir a finales de enero, las estadísticas del Ministerio de Defensa señalan que en los primeros cuatro meses de 2022 los homicidios (4.516) aumentaron levemente con respecto al mismo periodo del año pasado. Bajaron masacres, secuestros, agresiones sexuales, ‘piratería terrestre’, delitos ambientales y asaltos bancarios, pero aumentó el hurto de vehículos y motocicletas, los robos comunes (que incluyen atracos a residencias, comercio y personas), la extorsión, actos de terrorismo y las acciones subversivas. Los casos de violencia intrafamiliar no variaron sustancialmente y hubo altibajos en lucha antidroga.
Si bien en este balance se combinan temas de seguridad ciudadana con asuntos típicos de orden público, es claro que dadas las conexiones entre delincuencia común y organizada es difícil hacer una diferenciación de modus operandi. Aun así, al hacer un balance de los tres meses de la Ley de Seguridad Ciudadana, el Ministro del Interior hablaba de más de 9.700 capturas al amparo de la nueva legislación. A su turno, algunos gobernadores y alcaldes señalaron que todavía es muy temprano para establecer el verdadero impacto de la norma y qué tanto ha incidido en las curvas de criminalidad en sus respectivas jurisdicciones, aunque sí alertaron sobre la posibilidad de mayor hacinamiento carcelario. La Fiscalía y la rama Judicial no han dado un parte al respecto, obviamente por la complejidad propia de los tiempos y rigores procesales en cada caso…
Otro de los flancos débiles de la citada Ley es el relativo a la construcción o ampliación de cárceles, más aún después de que las altas cortes ordenaron reducir al máximo el número de sindicados que permanece en estaciones de Policía o Unidades de Policía Judicial. Es evidente que por reincidencia delictiva, hurto agravado y uso de armas los fiscales y jueces han dictado más medidas de aseguramiento intramural y esto impacta la capacidad de las prisiones para recibir más reclusos. De igual manera, se mantiene el viejo pulso entre el Gobierno nacional con los gobernadores y alcaldes sobre quién debe financiar el aumento de cupos y penales…
A ello se suma que sigue pendiente que la Corte Constitucional empiece a emitir fallos sobre las 28 demandas contra esta Ley, dos de ellas ya admitidas. La batalla argumental entre defensores y críticos de la norma será muy intensa.
Visto todo lo anterior, se entiende por qué es importante que desde el Gobierno, los jueces, la Fiscalía, el Inpec, las autoridades, mandatarios seccionales y locales así como la academia, y obviamente el Congreso (sobre todo el entrante), se genere un análisis de amplio calado, cifras en mano, sobre qué tanto ha funcionado la Ley de Seguridad Ciudadana en estos primeros meses de aplicación, detectando los puntos altos y bajos de su vigencia. Realizado ello, podrían venir los correctivos del caso, un proceso urgente para evitar que la percepción de inseguridad urbana y rural siga aumentando, poniendo en duda la supremacía misma del Estado Social de Derecho para contener la oleada criminal.