* Se ignora a gobernadores y alcaldes
* Lo que va del discurso a la realidad
En un país de regiones muy caracterizadas, como lo es Colombia, los gobernadores y alcaldes son, sin duda alguna, quienes mejor conocen la realidad de departamentos y municipios. Precisamente por ello se requiere una interacción muy efectiva entre la Presidencia de la República con los mandatarios seccionales y locales.
Sin embargo, a medida que avanza esta administración lo que se ha evidenciado es que en la Casa de Nariño tienen poco eco los campanazos de los gobernadores y alcaldes. Incluso, algunos titulares departamentales y municipales advierten cierto sesgo ideológico y político a la hora de buscar tender puentes entre el gobierno nacional central y las regiones. También se quejan de una tendencia cada vez más tangible a imponer criterios desde Bogotá sobre proyectos, programas y reformas, llegando incluso a tachar de opositores o ‘enemigos del cambio’ a quienes no aceptan esos criterios. Y no han faltado algunos casos, varios de ellos muy mediáticos, en los que prácticamente se condicionan los aportes del presupuesto nacional a la aceptación de posturas presidenciales o ministeriales.
Por ejemplo, durante el trámite del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Congreso y recién sancionado, las agremiaciones que llevan la vocería de los gobernadores y alcaldes se quejaron de que el enfoque del mismo, en la práctica y más allá del discurso gubernamental en contrario, continuó siendo marcadamente centralista. En asuntos como la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) nada se avanzó en concreto, como tampoco en lo relativo a las bases de una reforma tributaria territorial.
También fueron los mandatarios regionales los primeros en advertir el efecto lesivo en seguridad y orden público de los intempestivos ceses el fuego que el Gobierno firmó con los grupos residuales de las Farc y las bandas multicrimen de alto impacto, tipo ‘Clan del Golfo’. Al final, tuvieron la razón, como se deriva del hecho de que la mayoría de esas treguas fueron revocadas ante la evidencia de que esas facciones aprovecharon la parálisis ofensiva de la Fuerza Pública para redoblar su operatividad delincuencial, asesinar, masacrar, expandirse a sangre y fuego e incurrir en prácticas de reclutamiento forzoso de menores de edad, extorsión y otras hostilidades con la población civil…
Igualmente, los titulares de departamentos y municipios fueron los primeros en alertar sobre el alto riesgo de infiltración de grupos ilegales y mafias en la campaña proselitista con miras a los comicios de octubre próximo. De hecho, fue el campanazo de los gobernadores el que aceleró la activación del Comité Nacional de Garantías Electorales.
Otra de queja recurrente de varios mandatarios territoriales se refiere a que poco se les ha tenido en cuenta a la hora de la confección, radicación y elaboración de las ponencias para las reformas a los sistemas de salud, pensiones y laboral. Por el contrario, se han escuchado alertas de gobernadores y alcaldes sobre los riesgos para el fondo de pensiones territoriales, la supervivencia financiera de los hospitales públicos y el impacto presupuestal de la conversión en funcionarios de carrera de una parte del personal que hoy se encuentra en provisionalidad...
Otro cortocircuito entre el Gobierno nacional y los territoriales se ha visto, por ejemplo, alrededor del proyecto sobre “humanización carcelaria”. Mientras el Ministerio de Justicia insiste en que no habrá excarcelación masiva, los mandatarios seccionales aseguran que sí.
Sería ingenuo desconocer que una de las circunstancias que ha impedido una interacción más funcional entre el gobierno nacional central y las regiones ha sido, precisamente, la inestabilidad de la nómina ministerial. Diez cambios en menos de nueve meses llevaron a que muchos proyectos y acercamientos entre las partes se hayan truncado.
Las directrices confusas en cuanto al manejo de la protesta social y cómo debe reaccionar la Fuerza Pública, la inconsulta estructuración del Ministerio de la Igualdad, la baja o nula concertación de políticas de combustibles o de transición energética, unido ello a la lesiva interinidad en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres o en la misma Consejería Presidencial para las Regiones (cargos que ocupó el ahora Ministro del Interior), entre otras circunstancias, ponen de presente más fallas de coordinación entre las distintas esferas gubernamentales.
Es imperativo que la Casa de Nariño preste más atención a los que advierten y necesitan los gobernadores y alcaldes. Como se indicó, son quienes conocen mejor la realidad de sus jurisdicciones y tienen especial utilidad a la hora de aterrizar en las regiones el norte que se ha fijado el gobierno nacional. No se puede enarbolar un discurso político descentralizador y, al mismo tiempo, prestar oídos sordos a departamentos y municipios. Esto resulta aún más paradójico si se tiene en cuenta que “Gobierno escucha” es el programa bandera del Ejecutivo para interactuar con los territorios.