- No afanar reforma al tamaño del aparato institucional
- Debe diferenciarse entre lo coyuntural y lo estructural
“No por mucho madrugar amanece más temprano”. Ese es uno de los refranes más conocidos de la filosofía popular que cae como anillo al dedo a varias de las discusiones y debates que se están multiplicando por estos días de cara a lo que debe ser el plan de recuperación del país una vez pase el pico de la pandemia en Colombia. Como es apenas obvio, uno de los temas recurrentes es el referido a de dónde saldrán los recursos no solo para financiar el plan de contingencia sanitaria como tal, sino todo el proceso de reactivación productiva, empresarial, laboral, social e institucional, puesto que las consecuencias económicas de la epidemia del Covid-19 en nuestro país serán muchas, costosas y neutralizarlas demandará un tiempo largo.
Hasta el momento las opciones para esa provisión presupuestal están limitadas a aumentar el margen de déficit fiscal, concretar empréstitos con la banca multilateral y maniobrar con el Banco de la República para que facilite recursos al Gobierno Nacional Central y el sector privado, especialmente a través del sistema financiero. Hay otras opciones sobre la mesa, aunque con menos posibilidades, como proceder a una venta de activos oficiales, una emisión extraordinaria de dinero o incluso una reforma tributaria el próximo año.
Otra de las alternativas que se ha mencionado es la referente a que se aplique una disminución en el tamaño del aparato estatal, bajo la tesis de que es necesario priorizar el gasto público y una de las formas más eficaces para ello es liquidar, suprimir, reformar o recortar entidades y plantas de funcionarios públicos. El Gobierno, de hecho, ya ordenó un ‘apretón’ en ese sentido en medio de esta emergencia sanitaria, aunque más referido a controlar el costo de las plantas de personal y las estructuras administrativas de las entidades. Para ello limitó la contratación y se restringieron horas extras, viáticos, compras de vehículos, refacción de inmuebles oficiales, gastos en servicios públicos y otros aspectos. De igual manera se decretó que los sueldos de los más altos funcionarios tendrán descuentos de entre 10 y 15%, con el fin de destinar estos recursos a la atención de los sectores más vulnerables.
Sin embargo, una reducción del tamaño del aparato estatal es un asunto de mayor complejidad. De allí que para abordarlo sea necesario partir de varias premisas. La primera y más importante, como lo hemos reiterado en estas columnas, es que en medio de la natural urgencia por establecer la hoja de ruta para recuperar al país tienen que diferenciarse las medidas coyunturales de las estructurales. Una reforma a la cantidad, tamaño, funcionalidad y costo de las entidades públicas debe analizarse de forma detenida, con estudios profundos sobre impacto económico, laboral y, sobre todo, en cuanto a sus consecuencias en el nivel de eficiencia oficial para cumplir con sus obligaciones en todos los frentes. En ese orden de ideas, una reingeniería en este campo no puede hacerse a la ligera y con enfoque cortoplacista.
En segundo término, la lógica de la atención de las emergencias, sea cual sea, indica que las medidas de recuperación estructural solo se deben tomar cuando ya existe claridad sobre el daño producido por la crisis en cuestión. En el caso colombiano apenas si nos acercamos al pico de la curva epidemiológica y si bien es cierto que el manejo dado a la emergencia sanitaria ha evitado que se disparen el número de contagios y decesos, es necesario esperar a que pase la fase crítica. Solo entonces se tendrá un panorama más claro sobre el costo real de todo este desafío, sus consecuencias fiscales de corto, mediano y largo plazos, así como el esfuerzo económico que deberá hacer la Nación para retornar al camino del crecimiento productivo y la disminución de la brecha de pobreza. Establecido ello, se podría, entonces, empezar a evaluar con más precisión de dónde saldrán los recursos y qué tan necesaria será una reforma administrativa de alto espectro.
En tercer término debe entenderse que si bien ya hay discusiones previas sobre si el país necesita la cantidad que hoy tiene de ministerios, agencias, departamentos administrativos, institutos, superintendencias, entes de control y otro tipo de dependencias de vieja y nueva data, el coletazo de la crisis por la pandemia todavía no se conoce. En ese orden de ideas, no se sabe cuál será la exigencia institucional del plan de reactivación estructural y qué entidades tendrán que fortalecerse, redirigirse o reformarse para llevar a cabo ese propósito estatal prioritario. Algunas entidades que hoy están bajo la lupa, puede que después se revaloricen.
Así las cosas, si bien es imperativo analizar el tamaño del Estado y adecuarlo a las condiciones presupuestales y funcionales de la actualidad, en el caso colombiano es mejor concentrarse en la atención de la coyuntura sanitaria y dejar las reformas estructurales para más adelante, con diagnósticos concretos, cabeza fría y un norte claro.