Electricaribe y los 800 millones de dólares

En medio del agitado fin de semana pasado, sobre todo por cuenta del caso ‘Santrich’ y la controversia alrededor del informe del New York Times sobre las implicaciones de las órdenes operacionales en las Fuerzas Militares, poco eco tuvo una noticia de mucha trascendencia referida al salvavidas a Electricaribe, tema que ha restado en la primera plana en las últimas semanas, sobre todo después de la ayuda que fue aprobada por el Congreso en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que será sancionada este viernes por el presidente Iván Duque. Según una agencia de prensa especializada en temas económicos, de cara a la subasta de los activos de la intervenida empresa que presta sus servicios en la Costa Caribe, el comprador no tendría que asumir la deuda acumulada de la empresa. Algo así tendría un gran impacto fiscal para la Nación, ya que deberá asumir dicho costo, que estaría por encima de los 800 millones de dólares.

Alerta en el Congreso

Tan pronto como la noticia empezó a circular, algunos parlamentarios que fueron ponentes del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, empezaron a advertir que en modo alguno durante la honda discusión que se le dio a este artículo en el Parlamento, se planteó la posibilidad de que la Nación asumiera el costo de esa deuda, de forma tal que el nuevo inversor prácticamente pudiera empezar desde cero. “…Eso no fue lo que nos explicaron los ministros en el Congreso y tampoco lo que pidieron los parlamentarios de la costa Norte, que fueron claros en que no le correspondía a la Nación asumir esos pasivos por más que la empresa estuviera intervenida”, precisó un senador en conversación informal con un periodista de EL NUEVO SIGLO el pasado sábado.

Lo que sí y lo que no

Sin embargo, ese mismo día, la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad liderada por Natasha Avendaño, tuvo que salir a negar que el Gobierno estuviera considerando asumir el pago de las deudas pretoma de Electricaribe.  “…El Estado colombiano nunca ha considerado asumir estas deudas que ascienden a US$800 millones. Estas deudas serían atendidas con el producto de la enajenación de los activos de Electricaribe, en el marco de su proceso de liquidación y en el orden de pagos previstos por la ley”, aclaró el ente. Agregó que “…en desarrollo del proceso de búsqueda de uno o varios operadores inversionistas para prestar el servicio de energía en la región Caribe, el único monto que asumirá la Nación es el valor del pasivo pensional de Electricaribe y las deudas posteriores a su toma de posesión, con recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios”. Es claro que la subasta tenía un perfil distinto con el Estado asumiendo la costosa deuda y otro muy distinto con la claridad hecha por la Superintendencia.

Lo aprobado en Plan

En el Plan de Desarrollo se aprobó no solo la estrategia de salvamento a Electricaribe sino el cobro de una sobretasa de $4 por cada kilovatio al servicio de energía en todo el país que pagan los usuarios de los estratos cuatro, cinco y seis. En los artículos 310, 312, 313 y 316 de la norma, que será sancionada este viernes y entrará en vigencia, se establece un procedimiento para que se agilice la subasta de los activos de la intervenida empresa y que el nuevo operador pueda prestar un servicio de amplia cobertura y calidad en los ocho departamentos caribeños, en donde habita una cuarta parte de la población colombiana. Sin embargo, ya hay anunciadas demandas contra estos artículos, bajo la tesis de que vía sobretasa a la energía los usuarios de un servicio público no tienen por qué pagar por el descalabro financiero de una empresa privada operadora, por más que esté intervenida por el Estado.