La aprobación de la plenaria de la Cámara de Representantes en sexto debate al proyecto de acto legislativo, promovido por el Gobierno, que busca establecer que los delitos de secuestro y aquellos asociados con el narcotráfico no puedan ser entendidos como conexos a los políticos, generó posiciones encontradas.

Mientras que el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, destacó la aprobación del proyecto que busca adicionar un inciso y un parágrafo al numeral 17 del Artículo 150 la Constitución para establecer que los grupos criminales que se dedican al narcotráfico no sean beneficiados con amnistías o indultos, la congresista Juanita Goebertus, de la Alianza Vede, manifestó que lo que estipula el articulado ya existe.

Rodríguez, coordinador ponente, señaló que la aprobación del acto legislativo “es un ejemplo de que podemos trabajar por lo que nos une y no en lo que nos divide. Colombia necesita mensajes como estos. Que le digamos a los secuestradores que no vamos a tolerar que su ideología sea causal para quitarle lo más sagrado a un ser humano, que es su libertad, que no vamos a tolerar que ninguna ideología permita que el narcotráfico siga destruyendo esta patria y que no vamos a tolerar que ataquen a nuestros niños”.

Señaló que con el proyecto no se afectará el Acuerdo de Paz con las Farc, pero hizo una advertencia al Eln y las bandas criminales.

“Queda notificado el Eln y las bandas criminales que ni el secuestro, el narcotráfico, ni la violación a nuestros niños serán delito conexo en el futuro. Los castigaremos y los perseguiremos hasta el final”, sostuvo.

Destacó, además, que “entre todos los partidos pudimos lograr un consenso para aprobar este proyecto. Agradezco al Partido Liberal, al Partido Conservador, a mis amigos del Partido de La U, a Cambio Radical que formuló una proposición y por supuesto a mi partido, el Centro Democrático”.

Por su parte, la congresista Goebertus manifestó su rechazo a la iniciativa por considerar que la prohibición de la conexidad del narcotráfico, el secuestro y los delitos sexuales con el delito político ya existe.

“Estamos haciendo una reforma constitucional que prohíbe lo que ya está prohibido. El secuestro de civiles ni la violencia sexual contra menores, ni el narcotráfico con fines de lucro personal pueden ser delitos conexos al delito político. Así lo establece el Acuerdo de Paz y se plasmó en la Ley 1820 de amnistía”, expresó.

Goebertus manifestó, no obstante, que comparte los objetivos de quienes lo apoyan. “Nos mueve la defensa de los derechos de las víctimas, nos mueve dar un mensaje contundente con el narcotráfico. Desafortunadamente este acto legislativo no cumple con esos objetivos”, sostuvo y luego agregó que en “nada cambia el régimen jurídico para los excombatientes de las Farc”, ni afecta la mayor parte de los crímenes del Eln.

“Esta es una reforma para decirle al grueso de la ciudadanía que en teoría están cumpliendo una promesa de campaña. Cuando lo cierto es que este acto legislativo no hace nada. No cambia la prohibición que ya existe. No le aplica a las Farc, no se aplica al Eln. Si acaso se aplica a las bandas criminales con riesgos de extensión del delito político”, concluyó.