El ascenso del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, cuya promoción había sido cuestionada por congresistas estadounidenses, fue aprobado ayer por la Comisión Segunda del Senado.

La célula legislativa también aprobó el ascenso de otros 12 de miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Ayer mismo se conoció una carta enviada el 15 de abril por tres legisladores estadounidenses al presidente Iván Duque en la que manifiestan su preocupación por el nombramiento de nueve  militares en altos cargos en el Ejército que estarían vinculados a casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como ‘falsos positivos’, de acuerdo con un informe de la organización Human Rights Watch que fue presentado en febrero. En el texto los parlamentarios Patrick Leahy, Benjamin Cardin y Chis Van Hollen, todos miembros del Partido Demócrata, ponen especial énfasis en el general Martínez.

“Reconocemos que, como en Estados Unidos, se presume la inocencia de un individuo hasta que el crimen del que se le acusa sea comprobado. Pero eso no quiere decir que deban ser promovidos a los más a los cargos del Ejército. Por el contrario, cualquier persona que haya sido vinculado a crímenes tan terribles, como los que documenta Human Right Watch, debería ser suspendido de cargos con responsabilidad de mando y ser inelegibles para un ascenso hasta que el caso sea investigado plenamente y resuelto", manifestaron los parlamentarios en la misiva.

De acuerdo con el informe de la organización,  la Fiscalía investiga 23 ejecuciones extrajudiciales supuestamente cometidas por soldados de la Décima Brigada en 2005, en ese momento el general era el segundo comandante de la Brigada.

Durante la sesión de la Comisión, el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, presentó una proposición con el ánimo de que fuese aplazada la decisión para definir los ascensos. "Nuestra proposición busca fundamentalmente examinar los nombres de cada uno de los mencionados", manifestó. Y agregó: “Sencillamente lo que hemos pedido es tener la claridad de la pulcritud de los nombres que aspiran a un ascenso”.

Dicha proposición fue negada por los miembros de la Comisión. La senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, afirmó que la votación de los ascensos tenía todas las garantías de control por parte de las entidades rectoras. "La decisión de los ascensos es un tema soberano de Colombia. Debemos fomentar el respeto al buen nombre, el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y la competencia que tenemos nosotros en calidad de Congreso", sostuvo.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, afirmó que para la concreción de los ascensos “resta solo un debate, el cual tendrá cita en la plenaria del Senado”. El Ministro reiteró “el alto compromiso que tienen nuestros oficiales con la observancia de los Derechos Humanos".

En febrero pasado Human Rights Wath señaló a nueve de los más altos oficiales del Ejército colombiano, entre ellos el general Martínez, de estar vinculados con falsos positivos.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, manifestó que contra los oficiales existían “evidencias creíbles”, y agregó que “por lo menos tres de ellos están siendo investigados” por la Fiscalía General de la Nación que, además “investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis”.

“Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército”, señaló Vivanco.

Frente a los señalamientos el ministro Botero defendió la presunción de inocencia de los oficiales, así como el proceso que se surte para los ascensos. Manifestó que a los oficiales “se les hace una revisión completa de todas sus actuaciones, pasan por diferentes filtros, sus hojas de vida son puestas a consideración del Congreso de la República y su desempeño también es tenido en cuenta para definir los ascensos”.

Botero entregó en ese momento a los periodistas los certificados de Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional -antecedentes penales- que demostrarían que el general Martínez. “no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.