Una comisión independiente de juristas evaluará los protocolos y lineamientos operacionales de la Fuerza Pública.

Así lo anunció el presidente Iván Duque, precisando que la comisión estará integrada por los exmagistrados Hernando Yépez y Mauricio González, y por el exministro Alfonzo Gómez Méndez.

La comisión, explicó Duque, hará “un análisis riguroso de todas las órdenes manuales y documentos operacionales de nuestras Fuerzas Militares. Además evaluará como esas normas procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; también deberá hacer una revisión de los mejores estándares internacionales para evaluar si los procedimientos y órdenes de Colombia se sintonizan con esas normas”.

El Mandatario les dio vía libre a los juristas para hacer las recomendaciones que consideren. Sin embargo, tendrán 30 días para entregar los primeros resultados, en una tarea que se augura difícil.

Asimismo, el Jefe de Estado sostuvo que esta comisión debe darles una gran confianza al pueblo colombiano y a los miembros de la Fuerza Pública “para que no haya la más mínima duda sobre su conducta, sus operaciones y la forma siempre leal a la Constitución y la ley como deben operar todos sus miembros. No podemos dejar que se abra un camino para criticar el accionar de la Fuerza Pública, quien esté allí y cometa un delito y deshonre el uniforme le deberá caer todo el peso de la ley en eso no hay duda alguna”.

Sin tacha

El exmagistrado Yépez aseguró que en un país como Colombia es necesario que el proceder de las Fuerzas Armadas no tenga ninguna tacha.

“Su accionar debe reposar sobre la confianza pública necesaria para que las instituciones democráticas y el Estado de Derecho tengan plena vigencia”, explicó.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia aplaudió el establecimiento de la comisión independiente y respaldó los “los esfuerzos de la administración Duque para esclarecer el tema. Es del interés de Estados Unidos una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos. Es importante que el Gobierno colombiano continúe dando prioridad a los derechos humanos, incluyendo avances en algunos casos importantes. Nuestros dos gobiernos trabajan juntos en derechos humanos a través de una variedad de enfoques, que incluyen programas, el compromiso diplomático habitual y los diálogos bilaterales de alto nivel”.

Cuando la delegación diplomática habla de “esclarecer el tema” se refiere a la controversia generada por la publicación del rotativo norteamericano The New York Times, el 18 de mayo, de un artículo que advierte sobre el supuesto regreso de los mal llamados “falsos positivos”.

La publicación generó inmediatamente la reacción del Gobierno, que envió a través de los ministros Carlos Holmes Trujillo y Guillermo Botero una carta al diario en la que advertían que el artículo “muestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano y su Ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad, como también para proteger a la población y los derechos y las libertades”.

Y puntualizaban en que el artículo sugiere que “nuestros hombres han recibido instrucciones contrarias a nuestra Constitución y legislación, igual que de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Si esto fuera verdad, en el seguimiento de esas instrucciones las Fuerzas Militares de Colombia deberían subordinarse al respeto a los derechos humanos y la protección de la población para cumplir esos indicadores meramente cuantitativos que presuntamente reflejan la eficacia de las operaciones militares”.

El jueves, Dean Baquet, editor ejecutivo del periódico neoyorquino, respondió que “el artículo cita las órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la Constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto, excepto en una ocasión en la que el artículo cita específicamente al general Martínez cuando dice que el mandato del ejército es seguir la ley y respetar los derechos humanos”.

Baquet agregó que el contenido del artículo “se le presentó al general Martínez durante nuestra entrevista y nada de ello fue disputado durante la conversación. Su única objeción fue que, según él, no les ordenó a los comandantes que ‘duplicaran’ sus resultados, a pesar del hecho de que sus órdenes sí piden dicho incremento por escrito. Aun así, el artículo incluyó su postura de que los oficiales habían malinterpretado sus órdenes”.

Proceso robustecido

Ayer, The New York Times publicó un editorial en el que señaló al Gobierno de sabotear “parte del progreso pacífico del pacto” con las Farc, “que establecía que el gobierno debía trabajar con los rebeldes para promover la sustitución de cultivos de coca. Ha recortado los fondos para esa iniciativa y el año pasado la tierra usada para el cultivo de coca alcanzó un nuevo récord, mientras que paramilitares y grupos criminales, también atraídos por las ganancias de la cocaína, tomaron el control en regiones que fueron dominadas” por la guerrilla.

Dichas afirmaciones fueron respondidas por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien aseguró que “al implementar la política del presidente Duque de paz con legalidad al contrario de debilitar el proceso de paz lo estamos robusteciendo”.

Así mismo, aseguró que se han hecho esfuerzos gigantescos del Gobierno para la sustitución voluntaria de cultivos de coca y “hemos estructurado la Agencia Nacional de Tierras para que tenga una unidad de formalizar para sustituir. Además, hemos trabajado con Parques Naturales para tener un esquema específicamente diseñado para quienes están cultivando coca al interior de los mismos. En todos los campos hemos trabajado con una decisión política clara del Presidente y una planeación a largo plazo”.