La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el martes una resolución que pide al gobierno de Nicaragua liberar de manera "incondicional" a todos los presos por las protestas contra el presidente Daniel Ortega y avanzar en el diálogo con la oposición.
El texto fue aprobado por 20 votos a favor, tres en contra, entre ellos Nicaragua, 10 abstenciones y la ausencia de Trinidad y Tobago, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada para analizar la situación en el país centroamericano, sumido desde hace más de un año en una crisis política tras multitudinarias manifestaciones gubernamentales.
Ningún país centroamericano votó a favor y la mayoría de los países caribeños se abstuvo, al igual que Bolivia, o votó en contra.
La resolución, presentada por Canadá, que preside el grupo de 12 países creado en agosto por el Consejo Permanente para buscar soluciones a la crisis en Nicaragua, destaca la preocupación por "el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua" y llama a las partes a avanzar "en un diálogo efectivo y de buena fe".
Para esto, pide al gobierno de Ortega la liberación "incondicional" antes del 18 de junio de todos los presos por participar en las protestas, según lo acordado en las negociaciones con la oposición.
También reclama que se permita el regreso a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsada del país en diciembre por documentar graves abusos.
Además, solicita al gobierno que inicie al proceso para la celebración de elecciones "libres, justas, transparentes y legítimas de conformidad con los estándares internacionales", y que se den garantías para el libre ejercicio del derecho de manifestación pacífica y de libertad de expresión, así como el regreso "sin represalias" de todos los exiliados por la actual crisis.
La ola de protestas contra Ortega, iniciada en abril de 2018, desató una violenta represión estatal que ha dejado 325 muertos, centenares de detenidos y 62.000 exiliados, según organismos de derechos humanos.
El vicecanciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, manifestó el rechazo de su país a la realización de la reunión y al texto adoptado, por considerar que sigue "la lógica del intervencionismo en los asuntos internos" de las naciones y promueve "la desestabilización interna".
Sin embargo, afirmó que el gobierno de Ortega sigue comprometido con la negociación y con la paz, y aseguró que el acuerdo "para facilitar el proceso de liberación de las personas privadas de libertad tras los eventos" del año pasado concluirá según lo acordado.
"Al 18 de junio de 2019 estarán liberados todos", dijo.