Una acción de tutela interpuso la magistrada Cristina Lombana en contra de sus compañeros, quienes la recusaron para conocer los procesos en contra del Senado Álvaro Uribe.

Según la magistrada, presentó la tutela "sin mediar ningún interés particular en la instrucción de ambos procesos", y lo hizo porque considera que se le vulneraron sus derechos a la igualdad, no discriminación, buen nombre, honra, debido proceso, participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

El impedimento fue presentado por el Senador Iván Cepeda argumentando que hace años Lombana  trabajó por un corto tiempo con el abogado Jaime Granados, quien representa a Uribe y recordando que, la magistrada fue subordinada del Senador cuando este era Presidente.

Aunque estas razones no fueron suficientes para que la Corte la apartará del caso, se tuvo finalmente en cuenta el hecho de que la magistrada sigue siendo jueza penal militar activa, lo que según el alto tribunal pone en duda su independencia para fallar.

Esta decisión puso en duda la condición de Lombana como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y dejó dudas sobre si tendría que apartarse de más casos.