Gobierno reitera compromiso con seguridad de exguerrilleros

Foto Anadolu.

El Gobierno nacional espera que las autoridades correspondientes actúen con celeridad para establecer responsabilidades y capturar a los autores del crimen, dijo el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, al lamentar el homicidio del excombatiente de las Farc, Jorge Enrique Corredor, más conocido como ‘Wilson Saavedra’, ocurrido el martes en Tuluá, Valle del Cauca.

Así mismo, el Consejero reiteró que el Gobierno está comprometido con la seguridad y el bienestar de los exintegrantes de las Farc.

“La seguridad de los excombatientes comprometidos con su proceso de reincorporación es una prioridad para todas las entidades del Estado; desde el Gobierno reafirmamos el compromiso para garantizar que estos acontecimientos no ocurran”, subrayó el funcionario.

Agregó que el Ejecutivo ha impulsado responsablemente el proceso de reincorporación, que no terminará en agosto, cuando se extingue la figura jurídica transitoria de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), sino que se prolongará hasta cuando sea necesario para garantizar la permanencia de los excombatientes, en reincorporación, y de sus familias, en la legalidad.

Con respecto al caso de Corredor, Archila constató que fue acreditado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) a través de Resolución del 11 de junio de 2017. A partir del 3 de noviembre del mismo año, el excombatiente, de 49 años, tuvo acceso a las medidas de seguridad que el Gobierno coordinó y gestionó con el Programa de Protección Especializado de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo con la UNP, el 20 de junio de 2018 el excombatiente desistió voluntariamente de las medidas de seguridad, y el 31 de agosto del mismo año se hizo el desmonte de los esquemas con los que contaba.

El excombatiente en reincorporación hacía parte de un proyecto productivo en la zona rural del municipio de Tuluá y había recibido, por parte de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), los beneficios económicos de la renta básica.

Esfuerzos articulados

De acuerdo con Archila, hasta la fecha se han adelantado acciones de prevención de riesgo para los excombatientes y se han articulado esfuerzos con las autoridades competentes, tales como el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la UNP, el Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, así como con las instancias establecidas en el Acuerdo final, entre estas la Mesa Técnica de Protección y Seguridad.

Además, continuó, el Gobierno ha provisto de sólidos niveles de seguridad a los excombatientes que se mantienen en los 24 ETCR que hay en el país.

Precisó que en cada espacio territorial hay unidades militares -integradas por 100 efectivos, entre hombres y mujeres- responsables de garantizar la protección, y añadió que también se cuenta con un contingente completo de la Policía para brindar seguridad a las comunidades en las zonas aledañas.

Igualmente, explicó que cuando se trata de líderes del partido político Farc, hay establecido un esquema de la UNP en una mesa técnica de seguridad y que se tienen más de 200 esquemas de seguridad operando en este momento.

Destacó que desde el año pasado, por iniciativa de la Consejería, se está implementando un plan de protección especial para los candidatos del partido Farc, de cara a las próximas elecciones.

Así mismo, el consejero Archila manifestó que en Tumaco (Nariño) hay importantes avances en un plan piloto de seguridad para los líderes del programa de sustitución de cultivos ilícitos –que se implementará a nivel nacional–, coordinado con los Ministerios de Defensa y de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Armada, el Ejército, la Policía y la Mapp-OEA.

Por último, afirmó que se espera que hechos como el ocurrido en Tuluá no se repitan y que el proceso de reincorporación avance como está concebido, por el bien de los excombatientes y de la implementación de la paz.