Uno de los elementos más importantes de la reforma al Sistema General de Regalías, que actualmente se tramita en el Congreso y fue aprobada el pasado lunes, en su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, es la eliminación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), que actualmente son los encargados de viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión que se realizan con los recursos del sistema.

Los OCAD han recibido múltiples críticas. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, al inicio del Gobierno, se encontraron “cerca de $8,4 billones de recursos de regalías en las cuentas sin gestionar y sesiones no periódicas de los OCAD pues sólo se reunían una vez al semestre, lo que implicaba ineficiencias en el proceso”.

En junio pasado, el presidente Iván Duque, durante un encuentro con los alcaldes del país, realizó críticas a estos órganos y prometió su eliminación. “No me gusta el sistema de los OCAD porque me parece que ha sido la centralización de recursos. Hay que devolverles esos recursos a los municipios para que se traduzcan en inversiones en educación, en salud, en vías terciarias y en atención a la primera infancia principalmente”, afirmó.

El año pasado la Contraloría General de la República cuestionó la efectividad de los OCAD. El excontralor Edgardo Maya manifestó que los recursos de regalías se han fragmentado en proyectos de bajo impacto. “Más de 12.000 proyectos aprobados entre 2015 y 2017, por un valor total de $30,5 billone, y un promedio por proyecto de $2,5 millones, constituyen un indicador crítico de atomización”, afirmó.

“Mientras temas prioritarios como agua potable y saneamiento básico, vías terciarias, infraestructura educativa, de salud y construcción de vivienda son relegados, más de 2 mil proyectos se dirigen a la construcción de distintos escenarios deportivos, culturales o institucionales, destinándoles cerca de $3 billones”, señaló.

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, afirmó a EL NUEVO SIGLO que estos órganos deben replantearse. Manifestó que funcionan como un “laberinto”.

El excontralor Antonio Hernández Gamarra, por su parte, señaló a ese Diario que es una buena idea rediseñar los OCAD. “Es una buena idea, los OCAD no han servido fundamentalmente para mucho. Se creyó que eran un mecanismo para concitar la voluntad del Gobierno nacional, departamental y municipal y eso no ha sucedido”, manifestó.

“Hay que tener un mayor control sobre la asignación del gasto de las regalías por la Contraloría y acabar con el mito de proyecto. Yo creo que en los grandes gastos, en los proyectos de desarrollo regional sí debe haber un mecanismo de proyectos”, aseveró.

Acosta afirmó que con esta reforma se presenta también la oportunidad de “quitarle al Gobierno el poder de veto que tiene actualmente, el cual además de ser violatorio del principio constitucional de la autonomía territorial desacata un fallo de la Corte Constitucional al respecto”.

Asimismo, consideró que “debería quitársele al Gobierno la prerrogativa que se dio para presentar sus propios proyectos a los OCAD, compitiendo con los departamentos y municipios, además de erigirse en juez y parte, porque también es el Gobierno nacional el que da la viabilidad a los proyectos”.  Señaló, además, que se debe “asegurar el desarrollo de capacidades en las entidades territoriales, con las que hoy no cuentan, para la formulación y elaboración de los proyectos y de esta manera mejorar la calidad de los mismos”.

El proyecto

El lunes pasado, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por gran mayoría la iniciativa; 112 parlamentarios la respaldaron. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, con el rediseño de los OCAD se busca “hacer más ágil y eficiente la ejecución de los recursos, permitiendo que se conviertan en obras y beneficios para las regiones”. La nueva instancia que reemplazará a los OCAD, según el texto de la ponencia, “será determinada por una ley que desarrollará la reforma y que será presentada por el Gobierno nacional, una vez sea aprobado el acto legislativo”.

El representante Jaime Rodríguez, de Cambio Radical, uno de los autores de la iniciativa, en diálogo con este Diario, manifestó que los OCAD “no funcionan para lo que fueron creados”. “Imponen demasiadas trabas para las entidades territoriales. Por eso, al final de cada bienio sobran $8, $10 billones sin ser utilizados, quedan ahí estancados”, sostuvo.

Tras la eliminación de los OCAD, según Rodríguez, se plantea que en la ley que desarrolle la reforma se conforme “un mecanismo de control para entidades que no hagan buen manejo de los recursos. Hay unas entidades territoriales que se desfasan en el manejo de los recursos, cometen errores”.

Destacó que el proyecto fue socializado con gobernadores de los departamentos productores y algunos de los no productores, la Federación de Municipios y la Federación de Departamentos y el gobierno.

Sobre el trámite manifestó estar “optimista”. “Si usted mira la votación de la plenaria, fue un resultado contundente. Como se están dando garantías de que no se van a perjudicar los entes territoriales no productores, se les generó tranquilidad a los congresistas de esos departamentos, por eso acompañaron el proyecto”, afirmó.

La representante Jennyfer Arias, del Centro Democrático, destacó que la iniciativa cumple con una de las promesas que hizo el presidente Duque en campaña. Como congresista del Meta, una región productora, solicitó el apoyo de las otras regiones. “Cuando estábamos en el Plan Desarrollo los costeños nos dijeron que los ayudáramos porque ellos necesitaban un apoyo sobre Electricaribe. Yo creo que es el momento de decir lo mismo, que los productores necesitamos que nos ayuden”, afirmó.

Para surtir su primera vuelta, el proyecto debe cumplir cuatro debates (de los ocho que requiere) antes del final de la legislatura. “El proyecto pasa ahora a la Comisión Primera de Senado y luego deberá ser votado en la plenaria. Se espera que eso suceda antes del 20 de junio”, manifestó Rodríguez.