Por amplia mayoría de 97 votos a favor y 20 en contra, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el proyecto que busca mantener la virtualidad en la justicia, dejando permanente, en este sentido, el Decreto 806 del 2020 que expidió el presidente Duque en el marco de la emergencia por la pandemia.
La plenaria de la Cámara aprobó un cambio trascendental en el texto, pues atendiendo a una petición de la Corte Suprema de Justicia se dejó por fuera de la virtualidad lo que tiene que ver con la jurisdicción penal. Sin embargo, hoy en el último debate del proyecto en la plenaria del Senado podría revertirse esta decisión.
El artículo primero del proyecto aprobado en su tercer debate señala que “esta ley tiene por objeto adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, con el fin de implementar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria”.
De igual forma, según lo aprobado la virtualidad operará en las actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, justicia penal militar y en los procesos arbitrales.
La decisión produjo reacciones en los profesionales del derecho como el abogado Iván Cancino, quien dijo que “acaba de cometer el Congreso el más grande error para la justicia. Sacar la justicia penal de la virtualidad. Se va a retroceder siglos, no solo se perderá lo avanzado sino que estaremos aún peor que antes de pandemia. Qué pequeños de mente”.
En tanto que Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dijo que “justicia tipo clase ejecutiva para lo civil, laboral y familia, y la penal en clase económica. Hice lo más que pude, no tengo palabras para agradecer su apoyo, ni para lamentar una decisión tan absurda”.
El Decreto 806 de 2020 estableció que por regla general todas las actuaciones judiciales (presentación de la demanda, contestación de la demanda, audiencias, notificaciones, traslados, alegatos, entre otras) deberán tramitarse a través de medios virtuales, y excepcionalmente de manera presencial, siempre que sean manifestadas las razones por las cuales no se puede adelantar la gestión mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Se impone en este Decreto la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
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Se establece el deber de los sujetos procesales de realizar sus actuaciones y de asistir a las diligencias a través de medios tecnológicos, así como de colaborar solidariamente con la buena marcha del servicio público de administración de justicia.
El Ministerio de Justicia y del Derecho creó una comisión de expertos para que analizara el Decreto 806 de 2020 y diera recomendaciones acerca de qué se podría mejorar para dejar sus disposiciones de forma permanente, en materia de acceso virtual a la justicia.
En primer lugar, la comisión dijo que en aras de evitar un retroceso así como un colapso en la administración de justicia, resulta mandatorio extender la vigencia de este Decreto.
Se consideró también que la aplicación de la norma debe extenderse a los trámites arbitrales y a los que adelanten las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales, así como a la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria.
Respecto a la justicia penal militar y la Jurisdicción Especial para la Paz, consideró que deberán elevarse las consultas pertinentes ante las correspondientes autoridades.
Ven con buenos ojos
En una audiencia que programaron las comisiones primeras antes de la votación de este proyecto de ley, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, destacó que durante la pandemia los usuarios, abogados litigantes y operadores judiciales se vieron en la necesidad de adaptarse y adecuar su comportamiento a la cultura de la digitalización.
Añadió que el Decreto 806 y sus 16 artículos significaron la entrada de las tecnologías de la información y comunicaciones al sistema de justicia.
Destacó también Ruiz que el proyecto de ley 325 de 2022 resulta del esfuerzo conjunto de sus autores, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, la nueva Comisión de Disciplina Judicial, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia.
Mientras que la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina, dijo que los mismos jueces, magistrados y abogados que han aplicado el Decreto 806 en los últimos dos años han evidenciado que en la mayoría de los casos se flexibiliza la atención judicial.