En un concepto que radicó ante la Corte Constitucional la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó declarar exequible la Ley 2155 de 2021, la reforma tributaria que impulsó la administración Duque y que tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas de política fiscal para fortalecer el gasto social y contribuir a la reactivación económica. 

Con esta norma el Gobierno nacional garantizó para este año la continuidad de varias ayudas que ha entregado a la población más vulnerable durante la pandemia del covid-19, como el Ingreso Solidario y la matrícula cero; así como preservar los puestos de trabajo con el PAEF o Programa de Ayuda al Empleo Formal, con el cual el Estado subsidia parte de la nómina.

La Jefe del Ministerio Público indicó en su concepto a la Corte Constitucional, sobre una de las demandas a la Ley de Inversión Social, que no se desconocieron los principios de publicidad y consecutividad requeridos, porque en el debate de la norma ante la Cámara de Representantes se respetaron las exigencias constitucionales, contrario a lo alegado en la acción ciudadana.

La Procuraduría advirtió que los informes de ponencia sobre la Ley de Inversión Social se publicaron en los medios oficiales correspondientes un día antes del debate.

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De igual manera, la Procuradora General expresó que la decisión tomada por la mayoría, en el sentido de no aplazar el debate, se dio “bajo el entendido de que tenían suficiente ilustración sobre la materia para seguir adelante con la discusión”.

Finalmente, la Entidad constató que la iniciativa se deliberó en una sesión que duró casi 13 horas, en la que se escuchó a los diferentes parlamentarios, se discutieron las proposiciones presentadas y se aprobó el articulado, sin que se advirtiera alguna irregularidad.

A finales de septiembre pasado, el representante a la Cámara por el Polo Democrático Germán Navas Talero radicó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte contra esta reforma tributaria, argumentando que contendría graves vicios de forma. 

Para Navas Talero, fue evidente que se vulneró el principio de publicidad, puesto que la publicación de las ponencias se dio, según él, tan solo unas horas antes de haberse citado a la sesión plenaria para la aprobación del entonces proyecto de ley.