* Muchas reformas pendientes

* Dura tarea del nuevo Legislativo

A menos de un mes para que termine el periodo del saliente Congreso el balance legislativo no es el esperado, sobre todo frente a las altas expectativas que se tenían en julio de 2018 cuando se pensaba que una coalición gubernamental mayoritaria podría sacar avante una ambiciosa agenda de reformas estructurales pendientes desde muchos años atrás pese a su urgencia.

Sin embargo, cuatro años después ese objetivo sigue en rojo. El Parlamento no solo trabajó a media máquina por la emergencia pandémica, sino que el bloque partidista de la Casa de Nariño se fisuró y perdió su preeminencia en plenarias y comisiones. Polarizado a cual más, el Congreso dilató el debate a muchas iniciativas clave y, por el contrario, marcó un récord en materia de intentos de moción de censura -todos fallidos- y debates de control político que no llevaron a nada en concreto.

Pero en materia de ajustes de fondo al aparato institucional y normativo, la tarea quedó a medio camino. Por ejemplo, se prometieron sendas reformas a los sistemas laboral y pensional, pero estas no se concretaron, salvo modificaciones parciales, casi todas relacionadas con la crisis derivada del covid-19.

La urgente reingeniería del sistema político, partidista y electoral tampoco se hizo realidad. Aunque se aprobaron reformas parciales al Código Electoral y la Ley de Garantías Electorales, ambas cayeron en la Corte Constitucional por crasos errores de trámite. No se legisló sobre reducción del Congreso (por el contrario aumentó en 16 curules), disminución salarial ni más tiempo de trabajo. Tampoco se ajustó la lesiva circunscripción nacional de Senado y menos la estructura de la organización electoral… ¿El resultado? Un escándalo inédito en los comicios parlamentarios y desconfianza récord general frente a garantías para los presidenciales.

El ajuste de fondo al sistema de salud no se impulsó, en parte porque la crisis pandémica obligó a redirigir todos los esfuerzos a contener sus efectos sanitarios, sociales y económicos. Incluso así el Legislativo tuvo un rol pasivo en todo el plan de contingencia, salvo contadas excepciones y a iniciativa gubernamental.

En cuanto a la reforma a la justicia, si bien una iniciativa se llevó al Congreso, terminó hundida en medio del rifirrafe entre las bancadas. El ajuste a la normatividad e implementación del acuerdo de paz con las Farc tampoco salió avante. Las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz no tuvieron eco legislativo ni en la Corte Constitucional.

Igualmente, termina este Congreso sin la tantas veces urgida reforma tributaria estructural. Los ajustes impositivos aprobados se priorizaron a buscar nuevas fuentes de recursos para financiar el plan de contingencia y los programas y subsidios para enfrentar la pandemia.

En el plano territorial si bien se avanzó en cuanto a régimen departamental, área metropolitana Bogotá-Cundinamarca,  categorización de ciudades capitales y ajuste al Sistema Nacional de Regalías, quedó pendiente la modificación del Sistema General de Participaciones y el estatuto municipal, entre otros.

No todo fue malo. Hubo avances destacables, como las leyes de seguridad ciudadana, régimen de carrera policial y ajuste a su estatuto disciplinario, adecuación de la jurisdicción disciplinaria de la Procuraduría, matrícula gratis para estudiantes de bajo recursos en universidades públicas, impulso a las energías limpias, depuración normativa, nuevas normas anticorrupción, prohibición de asbesto, marco legal para las TICs, disminución gradual de la jornada laboral, reglas del juego para el trabajo a distancia y desconexión laboral. También salieron avante normas sobre etiquetado de alimentos, alivios parciales en créditos del Icetex, más castigos por delitos ambientales, ‘borrón y cuenta nueva’ para deudores morosos, sobretasa a combustibles, política de insumos agropecuarios, creación de dos ministerios, más controles al Programa de Alimentación Escolar, inclusión laboral de mujeres y jóvenes, protección a menores y madres, más incentivos al turismo, estatuto de fronteras e internet como servicio público esencial,  entre otras.

Como se ve, este Congreso termina con un balance agridulce. Aprobó algunas leyes y reformas constitucionales importantes, pero dejó una gran cantidad pendientes que, por cuestiones de espacio, no alcanzamos a enumerar. Paradójicamente, la iniciativa con mayor apoyo de los bloques oficialista, independiente y de oposición fue la de cadena perpetua a asesinos y violadores de niños, pero fue tumbada luego por la Corte Constitucional.

La tarea, entonces, del nuevo Legislativo es muy grande. Ojalá esté a la altura de los desafíos y en cuatro años no estemos de nuevo con este recurrente saldo en rojo. Si senadores y representantes no responden a la expectativa, difícilmente esta institución dejará atrás su recurrente impopularidad y desprestigio.