El Informe “La violencia contra líderes políticos, sociales y comunales durante el calendario legislativo 2022, elaborado por la Misión de Observación Electoral (MOE), da cuenta de que, con un saldo de 581 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, el período preelectoral de los comicios legislativos 2021-2022 se consolidó como el más violento de los últimos 12 años en Colombia.

Con el proceso electoral de 2019 empezó una tendencia de incremento en la violencia, misma que continuó para las elecciones nacionales de 2022. Así, en comparación con el periodo preelectoral de 2018, para las elecciones legislativas de 2022 las agresiones contra los distintos liderazgos aumentaron en un 109%.

De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la MOE, “Este incremento de la violencia contra los líderes y lideresas además está enmarcado en un contexto de reconfiguración del conflicto, caracterizado por una consolidación de múltiples grupos armados ilegales (GAI), que han aprovechado el vacío dejado por la extinta guerrilla de las Farc y la incapacidad del Estado de ocupar los territorios”.

En comparación con el lapso 2020-2021, el accionar de los GAI aumentó en un 19% para el periodo preelectoral de 2022, fundamentalmente en los meses de mayo, septiembre y febrero.

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En este último mes tuvo lugar el paro armado del Eln en 12 departamentos del país, que dejó un saldo de al menos 59 acciones violentas, entre ellas: ocho actos terroristas, el bloqueo de 11 vías, la incineración de 10 vehículos, el cierre de 23 terminales de transporte, el asesinato de un líder social y hechos de amedrentamiento.

Un contexto incluso más preocupante se vive actualmente pues, a menos de un mes de las elecciones presidenciales, el ‘Clan del Golfo’ inició otro paro armado que afectó al menos 98 municipios de 11 departamentos del país. Tan solo entre el 5 y el 9 de mayo se presentaron 121 acciones, entre las que se encuentran amedrentamientos, circulación de panfletos amenazantes, bloqueos de vías, incineración de vehículos, hostigamientos a la Fuerza Pública y asesinatos de líderes y ciudadanos en general.

Para Barrios, “resulta fundamental fortalecer la presencia integral de la institucionalidad en dichos territorios de manera que, más allá del despliegue de pie de Fuerza Policial y Militar, se otorguen bienes y servicios públicos que tiendan a mejorar las condiciones de vida y el acceso a justicia de las comunidades, dejando sin espacio a los grupos armados ilegales para efectuar un control violento de estas zonas”.