* La carencia de firmeza institucional
* En dos meses las evidencias se acumularon
La vigencia de un sistema democrático requiere de tres elementos sustanciales: el primero, por obvias razones, es el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las urnas. El segundo, el compromiso ineludible de quienes resulten electos en torno a acatar los mandatos constitucionales y legales vigentes. Y el tercero: la existencia de un aparato institucional sólido y eficaz, transversal a las tres ramas del poder público, que garantice el cumplimiento de las dos premisas antedichas. Cuando se vulnera alguna de esas bases fundacionales, se debilita la esencia misma de este modelo político imperante.
Nadie duda de que Colombia es un país democrático. Incluso, suele reiterarse a cada tanto que es la democracia más antigua y estable del continente. Sin embargo, es evidente que la legislación electoral colombiana se muestra cada día más como desueta, débil, inefectiva e incluso peligrosamente desgastada, lo que constituye un riesgo institucional de mucha gravedad.
Lo ocurrido en los últimos dos meses es una prueba de ello. En los comicios parlamentarios del 13 de marzo se hizo patente un error descomunal, por decir lo menos, en el preconteo y escrutinio de los votos a Senado, a tal punto de que en una primera corrección se habló de un desfase de medio millón de tarjetones y luego el inédito ‘descache’ subió a un millón de sufragios. A hoy, sin que aún haya pronunciamiento de la Procuraduría al respecto, no solo se desconoce la composición de la nueva cámara alta, sino que es marcadamente alto el nivel de desconfianza nacional sobre la fiabilidad y transparencia del sistema electoral de cara a la primera y segunda vueltas presidenciales. Aunque la Registraduría ha implementado un plan con múltiples ajustes a la escogencia de jurados y testigos de votación, los mecanismos de conteo y escrutinio de sufragios, la transmisión de datos, así como instancias de veeduría nacional e internacional, siguen generándose todo tipo de suspicacias.
A lo anterior deben sumarse dos fallos de la Corte Constitucional en los últimos días. De un lado, declaró inexequible, por un insólito vicio de trámite, la reforma al Código Electoral aprobada en diciembre de 2020 en el Congreso. La iniciativa, primera en salir avante en más de tres décadas de intentos legislativos fallidos, buscaba una mayor transparencia en el sistema, modernizaba parte de la legislación electoral, aumentaba el uso de herramientas tecnológicas, establecía la paridad de género en las listas, ordenaba una mayor depuración del censo electoral y ampliaba el horario de votación, entre otros aspectos.
Una segunda sentencia del alto tribunal también ‘tumbó’ hace poco la reforma parcial a la Ley de Garantías Electorales, con la que se habilitó la firma de convenios interadministrativos entre la Nación y entidades territoriales en plena época electoral. De nuevo hubo un fallo garrafal en técnica legislativa, al introducir un ajuste a una ley estatutaria en una ley de otra índole, como la de Presupuesto General. Lo más grave es que ese yerro fue advertido muchas veces durante el debate en el Congreso.
Como si todo lo anterior fuera poco, ahora la decisión de la Procuraduría en torno a suspender a los alcaldes de Medellín e Ibagué por presunta participación en política reabrió fuertes debates. De un lado, entre quienes consideran que la soberanía, ordenamiento jurídico y jurisprudencia colombiana permiten a la jurisdicción disciplinaria apartar del cargo a funcionarios de elección popular, amparándose en el principio de legalidad, y aquellos que sostienen que por esa vía se está incumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que supuestamente debe primar.
Como se ve, la legislación electoral y los temas que rodean a los comicios tienen muchos e innegables vacíos, tanto en materia procedimental como en la estructura misma de su sistema organizacional y jurisdiccional. Todas ellas, falencias que afectan, sin duda alguna, el funcionamiento y transparencia de la democracia. Una problemática crucial, pero que no por ello ha sido solucionada por los últimos gobiernos y congresos, pese a que, como lo hemos reiterado en estas páginas, pone en vilo, no solo el aparato institucional que soporta nuestro modelo político, sino la credibilidad de la ciudadanía en el mismo, con todo lo que ello implica para la vigencia del Estado Social de Derecho. Porque en realidad se vive eternamente en arenas movedizas. Como bien ha quedado demostrado en las últimas semanas.