¿Pandemia de la corrupción? | El Nuevo Siglo
Lunes, 9 de Mayo de 2022

* En vilo $400 mil millones en subsidios

* Se requiere una respuesta: ¡aquí y ahora!

 

Como se sabe, el impacto de la pandemia de covid-19 en Colombia ha sido alto. La mayor prueba no solo fue la caída en picada del Producto Interno Bruto y la disparada de los índices negativos de la economía, sino el esfuerzo billonario del Estado para aumentar de forma urgente el flujo de subsidios, programas y subvenciones para morigerar las dramáticas secuelas sobre los más vulnerables. Pero ahora se ha venido a saber, por un informe de la Contraloría, que hay graves falencias en no pocos de los beneficiarios.

Por supuesto, no es de demeritar en modo alguno que el efecto de esas transferencias monetarias directas ha sido positivo: hace dos semanas el DANE reveló que el año pasado la pobreza monetaria y la multidimensional redujeron. La primera en 3,2 puntos porcentuales y la segunda en 2,1. Aunque todavía no se ha regresado a los índices prepandemia, es indiscutible que la disminución se debe, no solo a la reactivación económica, sino también a la entrega estatal de 28 billones de pesos. De otra forma el año pasado 1,4 millones de colombianos se habrían mantenido en la pobreza monetaria y otros 1,3 millones en la pobreza extrema, de 2020, fruto del cierre abrupto de la economía por cuenta de las cuarentenas.

Pero a decir verdad esas ayudas no solo se han dado durante la crisis sanitaria. De acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) en este Gobierno se dio este tipo de ayudas estatales a 11 millones de hogares, cifra trascendental en cuanto a incentivos para la superación de la pobreza.

Por su parte, esas inversiones fueron posibles no solo porque la Nación acudió a más endeudamiento externo y redirigió partidas presupuestales en 2020 y 2021, sino también porque se aprobó una reforma tributaria que, con un gran esfuerzo por parte del sector privado, permitió fondear los giros ordinarios y extraordinarios de programas existentes como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción así como otros creados para amortiguar el impacto pandémico, especialmente el Ingreso Solidario y la devolución del IVA. De hecho, conscientes de tan mayúsculo empujón de recursos, tanto la Casa de Nariño como el DPS, Planeación Nacional y otras entidades siempre recalcaron que se habían activado todos los controles, filtros, herramientas de cruce de bases de datos y mecanismos de identificación y focalización de beneficiarios (especialmente el modernizado y depurado Sisbén IV) para evitar los actos de corrupción que se aposentan en el desgreño administrativo.

Precisamente por todo lo que ha significado ese esfuerzo es que alarma el informe de la Contraloría General que detectó más de 402 mil millones de pesos que el DPS giró a fallecidos o ‘colados’ en las bases de datos del Sisbén el año pasado en los cinco programas antedichos.

Lo más impactante es que el ente de control levantó las alertas a partir de la información confirmada por el DPS en el sentido de que cada uno de los beneficiarios identificados recibió el pago del giro. Las anomalías son alarmantes, pues se habrían entregado 267.393 millones de pesos a personas inscritas en el Sisbén pero que no clasificaban para recibir tales ayudas. Más complicado aún es que se giraron subsidios por un valor de 130.679 millones a personas no inscritas en el Sisbén. A ello se suma que casi 20 mil fallecidos también ‘recibieron’ ayudas estatales por 3.843 millones. Incluso se entregaron transferencias monetarias a un pequeño grupo de personas pensionadas… En total, hay más de tres millones de giros bajo la lupa para más de 390 mil beneficiarios.

Ayer el DPS salió al paso de estos graves señalamientos, indicando que el “despliegue de cruces de datos que con inteligencia artificial hizo la Contraloría a las fuentes de información de los programas de transferencias monetarias y a su modelo analítico, no refleja las particularidades de los hogares beneficiarios de los programas de transferencias monetarias”. Por lo cual pidió una mesa conjunta con los entes de control.  

En todo caso, es de la mayor urgencia que se clarifique toda esta situación, no solo por el monto de las anomalías advertidas por la Contraloría, sino porque se trata de dineros de todos los colombianos que tienen por objetivo asistir a los más pobres y vulnerables en la peor crisis de las últimas décadas. Es intolerable cualquier acto de corrupción al respecto. Se traicionaría el sentimiento de solidaridad nacional evidenciado durante la pandemia.  Se requiere una respuesta contundente: ¡aquí y ahora!