* Paro evidencia sus reclamos y frustraciones
* Aterrizar soluciones para el aquí y el ahora
La activa participación de personas jóvenes en los paros de los últimos días, no pocos de los cuales desembocaron en vandalismo y enfrentamientos con la Fuerza Pública, es un fenómeno que debe ser analizado de manera muy cuidadosa por el Estado y la sociedad en general.
Es claro que hay un alto inconformismo y frustración en las nuevas generaciones. De hecho, una de las coincidencias en las reuniones de la última semana entre el Gobierno y distintos voceros institucionales y dirigentes partidistas y de otros sectores, en el marco del “diálogo nacional” convocado para buscar fórmulas que ayuden a superar el álgido clima social, económico, político y de orden público, ha sido, precisamente, la necesidad de escuchar atentamente los reclamos de los jóvenes.
Casi todos los diagnósticos coinciden en que sería un grave error subdimensionar el mensaje que está enviando la masiva participación de personas menores de 28 años en las manifestaciones, así como en los desórdenes. Tampoco se puede caer en la lectura simplista de considerar que ver a la juventud en la primera línea de las marchas responde a una especie de desfogue público y de tensiones acumuladas tras más de quince meses de restricciones a la movilidad social y el duro impacto socioeconómico producto de la pandemia.
La problemática de los jóvenes en Colombia es estructural y de vieja data. De hecho, el diagnóstico más reciente se conoció hace menos de un mes, cuando el Departamento Nacional de Planeación publicó el borrador de documento Conpes que plantea la estrategia para fortalecer el desarrollo integral de la juventud.
Algunos de los datos allí contenidos son alarmantes en torno a los desafíos y dificultades multidimensionales que los jóvenes urbanos y rurales afrontan en Colombia y que limitan su posibilidad de vincularse activamente como agentes de desarrollo político, económico, social y cultural en el país. Se estima que el 27% de los adolescentes está en hogares en pobreza multidimensional. No menos grave resulta que sólo uno de cada cuatro jóvenes que alcanza estudios de educación básica y secundaria logra una transición completa de la educación al trabajo. Según la Encuesta de Calidad de Vida 2018, el 25,9% de los jóvenes urbanos y el 22% de los rurales no asisten a un establecimiento educativo por carencia de recursos. Además, tienen una baja valoración de la educación, ya que el 34,9% de los jóvenes manifiesta poco interés por el estudio y bajo desarrollo de competencias académicas y socioemocionales. A ello se suman afectaciones en la salud mental, malos hábitos alimenticios y bajo empoderamiento en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Alarman por igual los índices de delincuencia juvenil y drogadicción, entre otras anomalías.
Visto todo lo anterior queda en evidencia que si bien es cierto cada gobierno en las últimas décadas ha implementado sendas políticas para empoderar y desarrollar a las franjas poblacionales más jóvenes, esas estrategias no han dado el resultado esperado, sobre todo porque sus aspiraciones y potencialidades son cada día mayores y exigen del Estado y la sociedad en general un mayor esfuerzo para que se puedan desempeñar de mejor forma en sus cuatro entornos básicos: hogar, educativo, laboral y comunitario. De hecho, durante la pandemia es claro que aumentó la deserción estudiantil (sobre todo en la educación superior) y los informes del DANE sobre caracterización del incremento del desempleo señalan que los jóvenes son los más afectados por la pérdida de trabajos o la dificultad para acceder a ellos.
En el marco del actual “diálogo nacional” el Gobierno ya anunció que habrá un espacio para escuchar los reclamos de los jóvenes y aterrizar a programas y planes concretos las soluciones que reclaman. El Ejecutivo reiteró, por ejemplo, que la educación superior pública será gratuita para estratos 1, 2 y 3. También plantea incentivos tributarios y exenciones en los pagos de seguridad social (que asumirá el Estado) para empresas que contraten jóvenes en su primer empleo. Está en marcha una reforma para más alivios en el Icetex. Igual flexibilizó la exigencia de requisitos de experiencia para que ingresen al sector oficial, al tiempo que aumentó el presupuesto para programas de subsidio como Jóvenes en Acción. Incluso en octubre pasado instaló el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud y este fin de semana ofreció activar un “Pacto por el Empleo Joven” y se comprometió a realizar este año las elecciones de los Consejos de Juventud. Es más, la propuesta del documento Conpes plantea una nueva política a desarrollar en cuatro años (2021-2025), con una inversión de 7,66 billones de pesos.
Lo importante es que se pase de la propuesta a la acción. Los jóvenes deben ser escuchados y sus reclamos tenidos en cuenta en el aquí y ahora. Urge evitar que su inconformismo y frustración de expectativas sean caldo de cultivo para los líderes y sectores radicales que quieren sembrar el caos y la anarquía.