SE MEZCLA AGENDA URGENTE CON CAMBIOS ESTRUCTURALES
Tres grandes obstáculos del diálogo que convocó Duque

Foto archivo Presidencia de la República

¿Podrá el diálogo social amplio que convocó el Gobierno con todos los sectores nacionales sacar al país de la difícil encrucijada social, política, económica e institucional que se creó a partir de diez días seguidos de protesta social, vandalismo, bloqueos y grave afectación de la vida diaria de todos los colombianos?

Esa es la gran pregunta que se plantea frente a lo que ha pasado desde el miércoles, cuando el presidente Duque decidió convocar los llamados “Encuentros para Escucharnos y Avanzar en lo Fundamental”, con la esperanza de que de allí pueda salir finalmente una fórmula para tratar de calmar los ánimos en las calles, frenar la violencia en las marchas, desmontar los bloqueos viales, acabar con el desabastecimiento de alimentos y víveres en muchas ciudades y retomar los protocolos básicos de bioseguridad en pleno tercer pico de la pandemia, siendo aún más urgente acelerar el plan de vacunación.

Todo ello sin contar con la necesidad inmediata de que el país retome el lento pero sostenido ritmo de reactivación económica y defina, de una vez por todas, de dónde van a salir los recursos para financiar todo el componente de financiación social y estabilidad fiscal que se quería tramitar con la polémica y ya hundida reforma tributaria, que tendrá una versión más recortada y menos agresiva en pocas semanas, bajo la batuta del nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.

Lo cierto es que el diálogo social amplio que arrancó el Gobierno se enfrenta a tres grandes obstáculos que podrían llevar a que sus resultados, en el aquí y ahora, no sean los esperados.

En primer lugar, hay que ser realistas: el Gobierno planteó el diálogo con el fin de consensuar una reforma tributaria menos drástica que la inicialmente presentada. Es decir, que reforma habrá de todas maneras y falta ver si otros sectores y el Comité Nacional de Paro, que lideró todas las protestas contra la primera hasta forzar su hundimiento, aceptará la nueva versión.



 

Aunque el nuevo proyecto ya no buscará $25 billones de pesos sino 14, tampoco tocará el IVA ni aumentará la base tributaria del impuesto de renta, hay otras propuestas impositivas que siguen sobre la mesa y los sindicatos ya advirtieron que se oponen a ellas por considerar que afectan, directa o indirectamente, a las clases populares.

La realidad es que la tesis del Comité de Paro, en torno a que la reforma la paguen las “grandes empresas y los sectores más ricos” impacta bien en el discurso político pero a la hora de aterrizarla a la práctica se complica, porque hacerlo termina afectando la rentabilidad de las compañías, frenando inversión y empujando más desempleo.

“La de la reforma tributaria es, por ahora, una pelea aplazada  con el Comité de Paro solo por algunas semanas. No es un tema que salió de la agenda ya que la reforma es urgente para conseguir la plata que financie los programas sociales en medio de la pandemia y contenga el peligroso déficit fiscal”, le dijo a EL NUEVO SIGLO un exviceministro de Hacienda.

Agenda imposible

En segundo lugar, si bien es cierto que el Gobierno ya se reunió, en el marco del arranque del diálogo nacional, con las altas Cortes, gobernadores, alcaldes, exministros, juntas comunales y otros sectores, lo cierto es que el encuentro clave será mañana con el Comité Nacional de Paro.

Este llegará con un “Pliego de emergencia” que resume en los siguientes puntos: 1. Retiro del proyecto de reforma a la salud y fortalecimiento de la vacunación masiva. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. 3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. 4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa. 5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. 6. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174 (Piso de Protección Social para aquellas personas cuyos ingresos son inferiores a un salario mínimo). 7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos y aspersiones aéreas con glifosato. 8. Los recursos para todo esto deben salir de préstamos del Banco de la República, uso de las reservas  internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y grandes empresas nacionales y extranjeras, controles a evasión, paraísos fiscales y corrupción. Y, como si fuera poco, también piden que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios y se prohíba que las Fuerzas Militares sean utilizadas para contener desórdenes en la protesta social…

Se trata de una agenda que no solo es muy amplia, sino que contiene temas que el Gobierno no puede aceptar ni negociar. Sí, puede ceder en archivar el proyecto de reforma a la salud que, en realidad, ya no tiene los votos para sobrevivir en las comisiones séptimas conjuntas. Lo de la matrícula cero para la educación superior en estratos 1, 2 y 3 ya lo propone el Ejecutivo. Lo de las políticas de empleo y protección al agro se puede acordar. Incluso lo de la alternancia educativa (petición central de Fecode) se puede consensuar acorde con la evolución de la pandemia.

Pero en otros puntos no hay posibilidad de ceder un centímetro. El Esmad y el rol de la Fuerza Pública son intocables. Ya está descartado pedir un préstamo al Emisor o vender reservas internacionales, porque eso afectaría la estabilidad y calificación de la economía. Una renta básica de un millón de pesos es imposible de financiar, pues requeriría más de 30 billones de pesos anuales para ese solo propósito. No privatizar bienes públicos tampoco es dable ya que de allí se están sacando recursos clave para tapar hueco fiscal (venta de participación de ISA a Ecopetrol daría $12 billones). Tampoco se puede prohibir el regreso de las fumigaciones con glifosato, ya que es clave dentro de la política antidroga y hace parte de los acuerdos con Estados Unidos.

Urgente versus importante

Sin embargo, el mayor obstáculo a que se enfrenta el diálogo social convocado por el Gobierno es que se están mezclando una agenda urgente y coyuntural con otra que es importante y estructural.

Es evidente que toda la racha de paros tuvo como principal detonante el proyecto de reforma tributaria que ya fue retirado y salió el ministro Carrasquilla. Pero su sucesor (ver página 10) advierte claramente que la reforma es urgente e inaplazable. De allí que se buscarán consensos para sacarla adelante y que el Congreso la apruebe a corto plazo. El pulso aquí será la fuente de recursos (quién pagará más impuestos) y la destinación de los mismos (Ingreso Solidario permanente o temporal).

Pero el diálogo social va más allá. Lo que han dicho los sectores que han sido invitados a la Casa de Nariño va más allá de la esfera de la tributaria. Hablar de una agenda amplia con los jóvenes, reactivación económica y social para los rangos poblacionales más golpeados por la pandemia, reformas institucionales de amplio espectro (tanto legales como constitucionales), entre otros asuntos, son temas muy complejos que no los puede solucionar el Gobierno en cuestión de días o semanas, ni siquiera en meses.

“… La agenda que se está planteando da para una miniconstituyente”, dijo un exministro.

Esta expectativa se estrella con la realidad de un Presidente al que le quedan escasos quince meses en el poder, tiene una gobernabilidad muy reducida, no cuenta con mayorías en el Congreso y, como si todo lo anterior fuera poco, tiene que priorizar la atención de la pandemia. Pero hay otro elemento aún más complicado: el país ya está en plena campaña electoral y presidencial, por lo que muchos sectores más que pensar en reformas en el aquí y ahora, están pensando en banderas electorales y aprovechar el diálogo social como plataforma de lanzamiento y vitrina mediática.