La continuación y persistencia de la violencia y la destrucción indiscriminada de bienes públicos y privados y de asesinatos de particulares y agentes del Estado en las marchas de los últimos diez días, confirman el creciente carácter terrorista que hoy prevalece en la tormenta que padecemos. Resulta imposible ignorar su minuciosa planeación, su concertada ejecución y su masiva financiación, que le han permitido extender sus tentáculos por gran parte del territorio nacional y complementar sus acciones criminales con los bloqueos que atentan contra la seguridad alimentaria de los colombianos y la atención de la creciente ola de contagiados, estimulada por sus llamamientos al desorden, y que hoy perecen en las UCI sin oxígeno y en las puertas de los hospitales sin espacios ni medios para la preservación de sus vidas.

Nadie puede llamarse a engaño. Los convocantes del Paro han perdido el control de la situación, si es que en algún momento lo tuvieron, que ha pasado a manos del Eln, la Nueva Marquetalia y otras organizaciones criminales unidas por el narcotráfico y sus vínculos con el sátrapa de Maduro y su brutal régimen. El mismo Petro atiza las movilizaciones en actitud de extrema irresponsabilidad, porque su objetivo es el poder al precio que sea necesario. Sabe mejor que otros, que en un mundo globalizado las contiendas políticas adquieren ese mismo carácter, y pretende todas las ventajas que pueden otorgarle el caos y la solidaridad del progresismo internacional que aspira al control político de los estados andinos. Conoce las preferencias de la burocracia de los organismos internacionales y ha sido usufructuario de sus sesgadas opiniones y decisiones. Por ello, su arúspice de cabecera, Álvaro Leyva, agita desde ahora la posibilidad de elecciones anticipadas como instrumento de unción de la Colombia Humana, de su líder, sus conmilitones y de todos los ambiciosos que gravitan a su alrededor, para despecho de una ciudadanía que intenta confundir para que no descifre a tiempo la sumisión que le espera.

Los colombianos enfrentamos un reto que, por sus dimensiones, los poderes que lo alimentan y las consecuencias que se pretenden alcanzar, nos era desconocido. En los últimos días ha perdido su engañosa careta y revelado su verdadero rostro que nos puede retrotraer a las tragedias sufridas en pasadas décadas de nuestra historia reciente, porque a su amparo renacería ese contubernio de criminalidad y establecimiento que estuvo cerca de encarnar la nueva institucionalidad. Por fortuna, ya se observa una reacción de la mayoría silenciosa y de la propia institucionalidad amenazada. El gobierno debe proseguir en su esfuerzo de lograr los consensos que fortalezcan la legitimidad de sus acciones y decisiones. El comunicado de los órganos de la Justicia es el primer eslabón de una cadena de decisiones que apuntalen los diálogos y acuerdos indispensables a la recuperación económica, al fortalecimiento del régimen democrático y a la vigencia de las libertades que le son propias. Debe servir de ejemplo a los acuerdos con y entre las agrupaciones políticas.  Ese es hoy el mandato ciudadano.