Retos contra el ‘Clan del Golfo’ | El Nuevo Siglo
Viernes, 6 de Mayo de 2022

* Más allá del “paro armado”

* Consolidar la estrategia general

 

El “paro armado” del llamado ‘Clan del Golfo’ con un saldo pasmoso de bloqueos viales, al menos 53 atentados vehiculares en las carreteras del país y, todavía más, un registro de dos muertos en lo que va corrido de la escalada para generar terror indiscriminado, demuestra que, cumplidas las acciones por parte de las diferentes ramas del Estado en torno de alias ‘Otoniel’ y terminados los protocolos de justicia con Estados Unidos, también ya se ha producido el cambio de mandos al interior de esa estructura criminal y se mantienen activos los planes para continuar o acrecentar su accionar en diversas regiones de la nación colombiana.

Así ya venía sucediendo de un tiempo atrás cuando dicho ‘ejército armado de delincuencia común organizada’, vestido de civil y uno de los brazos principales de los carteles mexicanos en Colombia, anunció una serie de actividades terroristas al momento de la detención de su jefe, en octubre pasado. La conducta no es, por supuesto, asunto nuevo, pero en esta ocasión el reto directo para el Estado supone que se hagan cumplir de inmediato los fines esenciales que lo obligan y lo hacen responsable en torno de la seguridad del país. Y que están taxativamente expresados en la Constitución.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía, las graves alteraciones de orden público han afectado en mayor proporción a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Chocó y Sucre. Incluso el Sistema de Riesgo de la JEP ha informado que, hasta ahora, se han cometido cerca de 42 acciones violentas contra la población civil y que un total de 16 comunidades que gozan de protección especial se han visto en la imperiosa necesidad de confinarse. De igual manera, en el registro preliminar se consignan las vías bloqueadas, al mismo tiempo que se da cuenta de los múltiples bienes destruidos, así como de los automotores de diferente índole y los establecimientos de comercio que han sido incinerados.

Por su parte, el propio gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, ha dicho que los 26 municipios de esta región costeña se encuentran intimidados y expresó que más allá de ello, pues la “normalidad” de su departamento se recuperará en un plazo inmediato, el problema real radica en el control permanente que el ‘Clan del Golfo’ pretende sobre las rutas y los corredores estratégicos del narcotráfico. Sostuvo, a los efectos, que la zona del Caribe vive bajo una presión constante, tanto al norte del rio Magdalena, en los departamentos de Atlántico, César y Guajira, como al sur, en Bolívar, Córdoba, Sucre y parte de Antioquia, especialmente en Urabá, por donde se produce el tránsito de los estupefacientes entre el Nudo de Paramillo y la Serranía de San Lucas para salir al mar: “un proceso que se lleva a cabo con ‘Otoniel’ o sin él”, agregó.

De suyo, algunos académicos han venido sosteniendo al respecto que desde el Urabá antioqueño se estaría exportando y llevando a cabo la comercialización de los alcaloides que circulan por el mundo, en un porcentaje altamente considerable (del 20 a 25%). Ante ello es indispensable, entonces, proceder a la cobertura estatal integral del territorio en mención, tanto en sus fuentes hídricas como en la superficie terrestre.

Es lógico, pues, que haya un plan inmediato de recuperación del orden público por parte del Estado, pero en la misma medida es necesario que se tenga en cuenta que los propósitos de esta facción delincuencial armada van mucho más allá del autodenominado “paro armado” -el cuarto en los últimos años-. Y que en ese sentido no basta, desde luego, con las acciones de cobertura inmediata, sino que se mantiene el reto estratégico de desarticularla como parte primordial de la recuperación de la seguridad del país en los términos constitucionales.

A cada tanto, ciertamente, el gobierno informa de bajas o capturas de los integrantes de ese grupo que ha sembrado el terror y seguramente todo ello ha podido desprenderse de la estrategia estatal adoptada. No son pocas las veces, en efecto, que la Fuerza Pública da cuenta sobre varias acciones al respecto. Y a juzgar por lo dicho parecerían tener la iniciativa como, entre otras, ocurrió frente a ‘Otoniel’.

En esa vía, y superada esta semana con éxito la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la operación para reducir a las disidencias de las Farc en el Putumayo, no sobraría, por parte del Congreso, citar a una sesión de evaluación, con todas sus aristas, para señalar el curso de las operaciones contra este ‘ejército armado de delincuencia común organizada’, determinar los avances, hacer los ajustes y consolidar la estrategia que, manteniendo los lineamientos establecidos, ponga fin a ese brazo criminal de las bandas mexicanas.