* Constitución, la garantía de paz y convivencia
* Poder público comprometido con superar crisis
La Constitución Política constituye el gran pacto de paz y convivencia pacífica y como tal es la brújula de la Nación. Ese, sin duda, fue uno mensajes más importantes que las más altas Cortes le enviaron ayer al país. Una premisa con una dimensión aún más importante si se tiene en cuenta que el llamado de los dignatarios de los máximos tribunales jurisdiccionales se dio tras la reunión con el Presidente de la República, en el marco de los encuentros con todos los sectores nacionales que el Gobierno convocó para buscar salidas a la difícil situación que se atraviesa, sobre todo tras una semana de protesta social que en no pocos lugares desembocó en vandalismo, saqueos y enfrentamientos con la Fuerza Pública, que hasta el momento han dejado más de una veintena de muertes, centenares de heridos, multimillonarias pérdidas y una afectación mayúscula a toda la población, sin contar con el riesgo sanitario que significaron las aglomeraciones de personas en medio del pico de la pandemia.
Los presidentes de la Corte Constitucional y Suprema de Justicia así como de los consejos de Estado y Judicatura no solo reiteraron su respaldo al orden institucional y democrático, sino que llamaron al respeto de todos los ciudadanos, tanto de los que protestan como de quienes no lo hacen. En ese orden de ideas condenaron los actos criminales de violencia, terrorismo, vandalismo y vías de hecho que afectan directamente al derecho de la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución y al funcionamiento general de la sociedad.
Importante, sin lugar a dudas, que la cúpula del poder Judicial recalque que deben respetarse por igual los derechos de quienes protestan y de quienes no. Como lo reiteramos en editorial de esta semana, ese equilibrio de garantías fundamentales es imperativo mantenerlo, no solo porque así lo señalan la Carta Política y la ley, sino porque constituyen el marco de acción legítimo de las autoridades a la hora de intervenir cuando se lesionan los derechos de unos u otros.
Por lo mismo, la afirmación de los presidentes de las altas Cortes en torno a que deben investigarse y sancionarse todos los delitos cometidos en el marco de las protestas, ya se trate de civiles o servidores públicos, se erige como un mensaje contundente no solo frente a la vigencia del Estado Social de Derecho en nuestro país, sino también ante algunas de las reacciones de la comunidad internacional que parecen condenar a priori el accionar de la Fuerza Pública en el control a las movilizaciones.
Otra de las premisas clave del pronunciamiento ayer de los presidentes de los máximos tribunales es su inequívoco respaldo al diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia. Es claro, como lo hemos reiterado, que el desborde delictivo de la protesta social legítima y amparada no conduce a una solución más rápida ni efectiva de las múltiples problemáticas que sufre el país, ni llevará tampoco a que el Estado ceda en la aplicación de los mandatos constitucionales y legales.
De igual manera, así como la postura de las cabezas de la rama judicial respaldando la institucionalidad resulta fundamental en estos difíciles momentos que atraviesa Colombia, también debe destacarse que el Congreso decidió asumir un activo rol de mediador entre el Gobierno y los líderes de la protesta con miras no solo a frenar los actos de violencia sino a facilitar soluciones efectivas a varias de las problemáticas sociales y económicas, tanto las estructurales como aquellas que se han exacerbado con la pandemia.
Así las cosas, con la convocatoria hecha por el Presidente de la República como jefe del Ejecutivo y las posturas asumidas por los voceros de las Cortes y el Parlamento, queda claro que son las tres ramas del poder público las que respaldan la concertación nacional como principal elemento para superar las crisis, siempre y cuando ello se haga dentro de los inamovibles institucionales de respetar los principios de ley y autoridad que rigen sobre todos los colombianos en cuanto al disfrute pleno de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.
De igual manera, la coincidencia de propósitos de las cabezas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en pos de viabilizar soluciones a las distintas crisis que afectan al país en los campos político, económico, social, laboral, educativo, rural y en otros ámbitos, se constituye en un elemento primordial sobre el nivel de voluntad y compromiso estatal a la hora de implementar acuerdos, reformas y demás cambios requeridos para ir superando de forma gradual y decidida las falencias advertidas en múltiples flancos.