Los bandazos de Castillo | El Nuevo Siglo
Viernes, 29 de Abril de 2022

* Crece la incertidumbre política en Perú

* De constituyente a adelantar elecciones

 

Existe un consenso general en el Perú sobre un creciente clima de anarquía que se ha apoderado del gobierno e incluso del país desde cuando asumió la primera magistratura Pedro Castillo. Los críticos insisten en que todo ello estaba advertido dada la certeza de que el mandatario está en la misma hoja de ruta de los regímenes de izquierda populista que configuraron el denominado y fracasado “socialismo del siglo XXI”. También resulta evidente que Castillo no ha podido marcar distancias de los sectores más radicales de Perú Libre, su partido, que insiste en una agresiva y drástica ola de reformas en lo político, económico, social e institucional.

Esas dos circunstancias son las que, finalmente, explican por qué el gobernante un día dice una cosa y al otro se contradice, según el vaivén de la coyuntura, el clima político y las intrigas partidistas. Lo cierto es que las señales que envía Castillo a los peruanos son cada vez son más contradictorias y, para algunos, casi alucinantes. Todo ello aumenta la sensación de incertidumbre, improvisación y zozobra permanentes, lo que ha terminado por contagiar el diario vivir de los incas. El panorama de los negocios es muy complejo, al punto que no pocas empresas locales y extranjeras están abandonando el país por cuenta de la inestabilidad e inseguridad jurídica y política.

Aunque el Ejecutivo logró, apretadamente, conjurar la intención de los partidos opositores de sacarlo del poder vía destitución parlamentaria, hay temor evidente por nuevas investigaciones y eventuales declaraciones que comprometen al gobernante y su entorno. Esto aumenta el riesgo de que sus adversarios sumen ahora sí la mayoría de bancadas para defenestrarlo. De hecho, ahora desde su propio partido contribuyen a debilitar al gobierno. Ocho miembros de la bancada oficialista presentaron un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales, una propuesta que da la razón a los críticos en cuanto a que el presidente de la República iría rumbo a convertirse en un ‘títere’ de los enemigos del sistema democrático.

Pero no es la única movida preocupante en los últimos días. El Gobierno también pretende convocar a una constituyente, aunque es claro que para ello necesita del apoyo del Congreso, donde no tiene mayorías. En su lucha por defender el orden constitucional y evitar un salto al vacío, la oposición ha sido clara: las reformas e iniciativas deben pasar por el Parlamento y allí ser debatidas. Frente a esa muralla de legisladores que se oponen a la intentona constituyente, que podría poner el peligro el mismo orden democrático e institucional, la reacción oficial ha sido la de amenazar con un plan B, que no es otro que una especie de ‘golpe de Estado’ mediante el cual el Ejecutivo intentaría cerrar el Congreso e instaurar una asamblea constitucional.

El gobierno izquierdista considera que como la actual Carta data del mandato Fujimori, consagrando un sistema de libre empresa e iniciativa privada que ha dado resultados en materia de crecimiento y atraído inversión extranjera, dicho ordenamiento constitucional debe ser abolido, en atención a lo prometido por Castillo en campaña. Semejante pretensión de un gobierno cuya desaprobación en nueve meses de gestión supera el 76 por ciento, podría hacer colapsar las finanzas, desataría la fuga de capitales, aumentaría el clima de polarización social, así como la inseguridad, desempleo y pobreza.

Los contradictores del presidente peruano advierten que, en otros tiempos, cuando no se conocía el modelo de gobierno del “Socialismo del siglo XXI”, suponer que un partido tuviese como objetivo político que los ciudadanos pasaran más dificultades y hambre, era impensable. La misma hoja de ruta crítica de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Es innegable que hoy Perú está más polarizado que en la época electoral. Una división que se acentúa con propuestas como las de una constituyente que podría desestabilizar las bases mismas del sistema democrático. La misma Constitución vigente prohíbe expresamente al Ejecutivo convocar a una constituyente, de allí que la iniciativa oficial haya caído como una bomba en el Congreso, el país político y la población. Por lo pronto, la reacción de los partidos de la oposición ha sido la de exigir la inmediata renuncia del primer ministro, Aníbal Torres.

Aunque el Gobierno anunció que no le hará eco al proyecto de adelantar las elecciones, originado tanto en su propia bancada como en otra iniciativa opositora, es evidente que Perú Libre parece tener su propia agenda y esta desborda la capacidad y margen de maniobra del propio Ejecutivo. Para la oposición, además de la inexperiencia de Castillo y los graves errores cometidos en este breve lapso de gestión, allí radica gran parte del trasfondo de la crisis: el mandatario no se decide entre manejar el país o aceptar indicaciones de su colectividad. Bien lo resume la presidenta de la Cámara: lo que pesa más negativamente para agravar la situación en el Perú es la incompetencia presidencial.