* Apremio del componente social
* Una pedagogía inexistente
Graves desórdenes, vandalismo, afectación a la movilidad ciudadana y un riesgo de contagio muy alto de covid-19. Esas, lamentablemente, terminaron siendo las principales consecuencias de la realización ayer de una jornada de ‘paro nacional’, convocada contra el proyecto de reforma fiscal que el Gobierno presentó al Congreso en pos de un ajuste que permita disminuir el déficit y, prioritariamente, seguir financiando el componente de programas y subsidios sociales con que se está apoyando a millones de familias vulnerables fuertemente golpeadas por la pandemia.
Contra la lógica del autocuidado tantas veces pregonada por las autoridades sanitarias nacionales y mundiales, los convocados por los sindicatos se movilizaron pese al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó revocar el permiso para las marchas debido al riesgo de salud pública.
Y como si lo anterior fuera poco, una vez más los vándalos e infiltrados aprovecharon la protesta para atacar a la Fuerza Pública, saquear comercios y bancos así como para dañar infraestructura de transporte, edificios públicos y privados, al tiempo que decenas de miles de personas tuvieron que caminar largas horas, bajo una inclemente lluvia, para llegar a sus casas anoche, tras cumplir sus deberes laborales.
Por su parte, el paro, convocado en esencia contra la reforma tributaria, dejó en claro la falta de pedagogía gubernamental sobre los objetivos reales del proyecto, en particular en cuanto al alcance y la urgencia del componente social de la iniciativa. Una circunstancia que algunos dirigentes políticos y sectores han aprovechado para distorsionar el fin principal de la propuesta, que no es otro que asegurar los recursos para poder seguir apoyando a más de 20 millones de colombianos de hogares vulnerables.
El solo programa Ingreso Solidario, creado al comienzo de la crisis sanitaria, ha beneficiado a más de tres millones de familias de estratos bajos en un año. Serán total quince giros que pueden sumar alrededor de 2,5 millones de pesos por núcleo. El último programado está para junio próximo y de allí en adelante es necesario viabilizar los presupuestos para seguir entregando esta transferencia económica directa que no tiene precedentes en el país. Para ello se necesita con apremio 5,2 billones de pesos anuales.
Como lo hemos reiterado en estas páginas, el componente social del proyecto es lo más importante. Por lo mismo, propusimos que ante el intenso debate generado alrededor de los cambios tributarios, la iniciativa se divida en dos: una contendría todo el plan de asistencia a los más desvalidos y la segunda, a discutir posteriormente, sería el tema de la estabilización fiscal.
Ese primer proyecto, que tendría trámite prioritario, contendría todo el esquema de subsidios y apoyos sociales, que no solo comprenden el Ingreso Solidario sino otras líneas, como la educación superior pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3, la devolución del IVA, el apoyo a las empresas para mantener el empleo así como un estímulo para quienes contraten a jóvenes y mujeres que ingresen al mercado laboral. La amplitud de este paquete de apoyo a los más vulnerables, como lo indicamos en editorial anterior, tendría un costo del 0,8% del PIB en 2022 y del 0,7% por año entre el 2023 y 2025. Un avance superlativo, sobre todo en un país que en sus presupuestos anuales dirige una tercera parte a financiar subsidios directos e indirectos, un monto que este año supera los 80 billones de pesos.
Es en esta clase de políticas y ejecutorias gubernamentales en donde se evidencia la dimensión real y tangible de un Estado Social de Derecho que en momentos de crisis no duda en asistir a los más necesitados. Esta es la verdadera política social que se necesita, aquí y ahora, en favor de los más vulnerables.
Hoy resulta una exigencia que el Gobierno explique por todos los canales a su mano los verdaderos alcances de lo que se pretende. La carencia de pedagogía, de explicaciones reiterativas, de hacer entender que se trata de generar un componente social histórico acorde con las necesidades del momento, es un imperativo categórico.
Oponerse a convertir en ley todo este paquete de ayudas sociales es negar la ayuda a quienes más sufren y a los más desamparados. No lo puede hacer el Congreso y no deberían hacerlo los partidos, sindicatos y demás sectores que saben que el gasto social requiere nuevas fuentes de recursos, las mismas que hoy no se tienen y de allí que sea necesario buscarlas, obviamente bajo un enfoque progresivo y consensuado. Eso es lo que debe hacer un Estado serio y responsable. Y mucho menos puede ceder el Gobierno a la violencia, el vandalismo y el populismo, cuando precisamente se trata de instaurar políticas de Estado hacia el futuro. Para ello hay que apurar la concertación, con base en los elementos esenciales que se pretenden y no seguir hundiéndose en las arenas movedizas de los múltiples incisos que están llevando a la inviabilidad del proyecto.