* Lo mejor es dividir el proyecto presentado

* Congreso no puede dar espalda a los más pobres

 

Ahora, cuando se empieza a discutir la reforma tributaria y social en las comisiones económicas terceras y cuartas de Cámara y Senado, bien vale recapitular la aritmética fiscal sobre la cual se ha edificado este proyecto. Esto para que su discusión sea informada, con la mayor sindéresis posible y pueda adelantarse dentro de los parámetros objetivos de lo factible.

¿Qué busca el proyecto de ley? Pretende alcanzar varios objetivos al mismo tiempo: fortalecer los ingresos fiscales del país (principalmente IVA y renta), ampliando sus bases y haciendo ajustes graduales en sus tarifas; reducir algunos subsidios e incrementar el gasto público social en los años venideros; estabilizar, primero, y reducir, después, el nivel de endeudamiento público; y, por último, consolidar lo que se conoce como “estabilidad fiscal”, que en términos simples consiste en poder gastar más sin tener que recurrir a endeudamientos incrementales. Como puede verse se trata de metas muy ambiciosas entrelazadas.

En cuanto a los ingresos tributarios propiamente dichos, el proyecto busca obtener recaudos nuevos e incrementales de la siguiente manera: 1,6% del PIB en 2022, 2,3% en 2023, 2,2% en 2024 y 2,5% a partir del 2025. Podemos decir, entonces, que la iniciativa aspira a elevar el nivel de recaudos tributarios agregados del país en unos 2% o 2,5%. De allí la catarata de gravámenes propuesta. De igual manera, los ingresos del gobierno central se elevarían del actual 13,5% del PIB hasta estabilizarse en los años venideros en niveles del 17%.

Ahora bien ¿Qué se espera hacer con estos nuevos recursos? Básicamente aumentar el nivel de gasto público asociado al alivio de los rigores que sobre los más pobres ha causado la pandemia.

En la exposición de motivos del proyecto de ley podemos leer que, si se tiene en cuenta lo que por Constitución debe transferirse a los departamentos y municipios en virtud del Sistema General de Participaciones, el gasto social que se aspira realizar tiene un valor de 0,8% del PIB en 2022 y 2023, hasta aumentar y llegar en los años subsiguientes al 1,1%.

El componente más importante de este nuevo gasto social es el programa Ingreso Solidario que, según la propuesta gubernamental, tendría carácter permanente y un costo para el 2022 y años siguientes de 5,2 billones de pesos en cada vigencia. La permanencia de este subsidio a largo plazo será seguramente asunto de discusión. Pero al inmediato y mediano plazos es evidente la necesidad apremiante de los recursos para mantener los giros a partir del próximo junio, que hoy no están garantizados.

Por el momento baste decir que a este gasto social nuevo del Ingreso Solidario habría que sumarle el subsidio a la educación superior pública para los estratos menos favorecidos y la devolución del IVA. Igualmente el apoyo a las empresas para mantener el empleo y estimular a quienes enganchen jóvenes y mujeres para su ingreso al mercado laboral. En total, el paquete de nuevo gasto social previsto en la reforma tendría un costo del 0,8% del PIB en 2022 y del 0,7% por año entre el 2023 y 2025.

Los ingresos tributarios que la reforma plantea a través de nuevos impuestos, menos los gastos del paquete social que acabamos de describir, dejarían un margen de ahorro al gobierno central que le permitiría reducir su actual nivel de endeudamiento, que es del 68% del PIB, a uno del 61%, manteniendo, repetimos, el nivel de transferencias económicas de apoyo que se trae, más aquel adicional que se ha propuesto para morigerar los efectos de la pandemia.

Esta aritmética de la reforma que acabamos de consignar nos reafirma en lo reiterado por este Diario en editorial anterior, en el sentido de que el procedimiento más adecuado para discutir la conflictiva iniciativa es dividir sus contenidos en dos proyectos de ley independientes: el uno se ocuparía solamente del componente social y el otro de los ingredientes tributarios con miras a la estabilización fiscal, que son los que mayor controversia han generado.

Esta estrategia de dividir la iniciativa tiene la inmensa ventaja de que evita el riesgo, ante un eventual archivo del proyecto original durante su discusión parlamentaria, de que termine ahogándose también el componente social.

Lo que no se puede, en modo alguno, es que los parlamentarios terminen dándole la espalda a los más vulnerables por cuenta de no asumir las responsabilidades que tocan a los altos intereses nacionales. El Gobierno ha sido tímido en señalar esta situación, aunque hace bien en promover el consenso, siempre y cuando el Congreso esté a la altura de sus deberes, sobre todo a raíz de la crítica situación social y económica generada por la emergencia sanitaria.