Un salvavidas al Cauca | El Nuevo Siglo
Lunes, 26 de Abril de 2021

* Se deteriora situación de orden público

* Urge un plan de choque más efectivo

 

La crisis de orden público en el Cauca es cada día más compleja. En la última semana se reportó no solo el asesinato de una gobernadora indígena en ese departamento sino también el ataque armado a una “minga” regional, que dejó decenas de personas heridas. A finales de marzo un carro-bomba explotó en la plaza central de Corinto…

El Consejo Regional Indígena del Cauca, las asociaciones de campesinos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las autoridades locales y prácticamente toda la población del departamento saben a ciencia cierta que detrás de esa escalada de violencia, que ha dejado centenares de personas asesinadas, desplazadas, una serie de masacres y otras acciones de intimidación en zonas rurales y urbanas, están las facciones del narcotráfico que luchan por el dominio de las extensas zonas sembradas con hoja de coca y marihuana, así como por el control de los corredores estratégicos para mover los cargamentos de droga, armas e insumos químicos desde y hacia el Pacífico.

No es una situación nueva. Desde hace cinco años, pese a la firma del acuerdo de paz, la situación de orden público se ha venido deteriorando mes tras mes. Hay múltiples alertas tempranas de la Defensoría, ONGs y otras instituciones públicas y privadas. Si bien son varios los consejos de seguridad de alto nivel que se han realizado en ese departamento, incluso en cabeza del Presidente de la República y los altos mandos de la Fuerza Pública, no se ha podido recuperar el control de la zona. Por más que se amplió el pie de fuerza policial y militar, así como las labores de inteligencia y los esquemas de protección a autoridades indígenas y líderes sociales, la sangría no frena.

Las cuadrillas de la facción disidente de las Farc “Dagoberto Ramos”, las reincidencias subversivas que las combaten a sangre y fuego para recuperar el narconegocio, varios frentes del Eln, así como grupúsculos de bandas criminales de alto espectro… Todos hostigan, amenazan, desplazan y asesinan a la atemorizada población. Paradójicamente esas organizaciones delincuenciales se cruzan acusaciones en torno a que sus rivales están al servicio de los sangrientos carteles mexicanos que pagan millonarias sumas a quienes les garanticen el suministro de toneladas de cocaína y acabar a como dé lugar con cualquier factor de oposición a los cultivos ilícitos.

La situación de orden público y derechos humanos se ha deteriorado tanto que incluso ayer Naciones Unidas en Colombia volvió a reiterar su rechazo y condena a la violencia ejercida en contra de comunidades, defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, así como desmovilizados en distintas zonas del país, especialmente en el Cauca.

¿Cómo detener la violencia? Todas las fórmulas se han puesto en práctica. Los indígenas no solo han reiterado su oposición al narcotráfico sino adelantado varias “mingas” para elevar su voz de protesta ante el Estado y los grupos armados ilegales. La Fuerza Pública tiene hoy al Cauca como uno de sus principales teatros de operaciones, asestando fuertes golpes a cabecillas y mandos de las facciones exFarc, elenas y de las bandas criminales. Desde la Unidad Nacional de Protección se han multiplicado los esquemas de seguridad a los comuneros y líderes amenazados, en tanto que hay mesas e instancias de paz y derechos humanos en todo el departamento. Incluso se tiene previsto que una vez se puedan reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato, en el Cauca se adelantaría una parte de esta erradicación forzada de cocales, en tanto se profundizan los pactos con campesinos para la destrucción voluntaria de los sembradíos ilegales y el paso a la sustitución por cultivos lícitos…

Algunos conocedores de las causas estructurales y coyunturales de la crisis en este departamento sostienen que lo que se requiere es una mejor coordinación interinstitucional de las estrategias de seguridad, inversión social y protección a civiles. Otros analistas consideran, por el contrario, que urge una intervención estatal más audaz y determinada, sobre todo para acabar con el ‘caldo de cultivo’ de la violencia regional: las miles de hectáreas de sembradíos ilegales. Solicitan, en consecuencia, una especie de plan de choque que vaya más allá de todas las fórmulas activadas hasta el momento que, visto lo anterior, no han podido frenar el demencial y bárbaro accionar de los criminales.

Está en el Gobierno nacional, departamental y los municipales analizar cuál es el camino a seguir. Lo único cierto es que hay que cambiar de estrategia porque la implementada no está dando los resultados esperados y extensas zonas del Cauca, poco a poco, escapan de la preeminencia del Estado y su legitimidad institucional, dejando la población a merced de la delincuencia común y organizada.