¡Lo social es inaplazable! | El Nuevo Siglo
Miércoles, 21 de Abril de 2021

* Dividir reforma tributaria en dos proyectos

* La lógica de la concertación política  

 

La llamada reforma fiscal y de solidaridad que está próxima a comenzar su discusión parlamentaria muestra inquietantes síntomas de incertidumbre que es necesario dilucidar. Nada sería más grave para la salud de la economía colombiana y la percepción  internacional que un archivo intempestivo del proyecto. Ello sería un exabrupto frente a las apremiantes necesidades sociales de muchos colombianos a raíz de la crisis sanitaria y económica.

Igualmente un hundimiento de la iniciativa sería una señal de que al país le están faltando unos mínimos de gobernabilidad y de políticas de Estado en estos  delicados momentos.

Bajo esa perspectiva es fundamental que se actúe conjuntamente, con base en aportes, ideas y se recurra a la concertación. No en vano es menester irrefragable actuar guiados por los propósitos nacionales.

Es posible que la reforma tributaria se hubiera preparado a la sombra de un cerrado círculo tecnocrático, sin hacer ningún esfuerzo para conseguir un mínimo de consenso antes de su radicación en el Congreso. Lo cual obedece, desde luego, a un error de cálculo.

Pero de otro lado, existe la certeza en torno a que se necesita un ajuste fiscal razonable, aquí y ahora. Desde el comienzo de la pandemia hemos insistido que la coyuntura exigía y exige un gran acuerdo nacional, más aún en momentos en que no puede prevalecer el distorsivo ambiente político y electoral frente a la situación dramática que se vive.

Lo cierto, en todo caso, es que a diferencia de lo que suele acontecer con todas las reformas tributarias, que van ajustando sus cargas a lo largo del trámite parlamentario, esta ha generado de entrada una sonora catarata de reparos de todos los sectores, como tal vez nunca se había visto y ello augura el riesgo de un naufragio anticipado.

Para evitar ese catastrófico escenario es dable proponer que el proyecto se divida en dos segmentos. El primero sería el de su componente social, que en términos de equidad y justicia es el más apremiante, puesto que el Congreso no puede dar la espalda a los más vulnerables. Aquí se incluirían figuras como el Ingreso Solidario permanente, la educación gratuita a los sectores más desvalidos, la continuidad de los apoyos para estimular el empleo juvenil y femenino, la devolución del IVA y los apoyos a las empresas más agobiadas por la pandemia para mantener y generar  empleo. Es decir, en buena parte garantizar la continuidad de aquellos programas sociales que vencen a mediados de este año y que no pueden quedar en suspenso.

Según lo ha declarado el Ministro de Hacienda este componente puede tener un costo de entre 4,5 y 5 billones de pesos anuales. En tal caso sería factible financiar estos gastos con unos arbitrios organizables rápidamente. La sola prohibición para que se continúe descontando del impuesto a la renta la totalidad del ICA pagado por las empresas financiaría una gran parte de este contenido social. Así las cosas, esta ley se tramitaría por aparte y desglosada del resto de la reforma fiscal que está sobre la mesa. De esta manera se daría curso al propósito social de la iniciativa, frente al cual no parece haber grandes discrepancias ni es presentable que los congresistas lo dejen de lado.

Una segunda ley trataría sobre los elementos propiamente tributarios que hoy son objeto de tan agrios debates, como el encarecimiento de los productos alimenticios al eliminar la figura de bienes exentos del IVA, mayor tributación y ampliación de la base de las personas naturales, IVA a los servicios públicos y mayores impuestos al patrimonio, entre otros. Antes de dar curso a este segundo proyecto se abriría un espacio de concertación y dialogo con representantes de todos los partidos. De esta manera se evitaría el riesgo de que la reforma sufra una muerte súbita, por no desagregar sus componentes esenciales.

Los parlamentos nacieron en el mundo occidental precisamente para discutir los impuestos. Para definir qué y cuánto se recauda y en qué se gastan los dineros públicos. No podemos correr el riesgo de que por las dificultades se evada el deber de sacar adelante el inaplazable ingrediente social de la reforma. O que por falta de diálogo político se frustre también la ocasión de diseñar unos mínimos consensuados sobre lo que debe ser un sistema tributario más progresivo y equitativo, como lo manda la Constitución.

Hay, entonces, que salvar el bloque social de la reforma e intentar consensuar el resto para no caer en un escenario costosísimo para el país.