Entre las iniciativas que están en peligro de hundirse está la cadena perpetua para abusadores de niños y la figura jurídica que permita la creación de la Región Metropolitana de la Sabana, que incluye a Bogotá

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La crisis por el coronavirus en Colombia, que no ha permitido hasta el momento al Congreso de la República sesionar de manera presencial, también la pasaría ‘factura’ a los seis proyectos de reforma constitucional que están en trámite en primera o segunda vuelta, y que hoy están en peligro de hundirse, pues así la Corporación comenzara a trabajar este mes los tiempos son muy apretados dado que el segundo periodo de esta legislatura, que debió ser instalado el pasado 16 de marzo, finaliza el 20 de junio próximo.

Como consecuencia de la emergencia sanitaria que declaró el presidente Duque están prohibidas las reuniones de más de 50 personas para prevenir los contagios con covid-19. Luego se ordenó el aislamiento obligatorio de la ciudadanía entre el 25 de marzo y el 13 de abril, que el pasado lunes el Jefe de Estado prolongó hasta el 26 de abril.

Por ello es un imposible para el Parlamento sesionar de forma presencial en este momento, una salida sería el Decreto presidencial que autoriza al Congreso y las otras corporaciones de elección popular reunirse de forma virtual, no obstante apenas algunas comisiones, como la Quinta del Senado, han utilizado este mecanismo para hacer control político.

Hasta el momento el Senado ni la Cámara, en plenarias y sus comisiones, han sesionado formalmente de manera virtual porque hay dudas jurídicas acerca de su legalidad por parte de los presidentes de estas corporaciones, Lidio García y Carlos Cuenca, respectivamente.

Tampoco se tiene lista la plataforma para que puedan sesionar los 171 representantes a la Cámara y 102 senadores ni la forma de garantizar la seguridad en las votaciones, entre otros detalles.

El 3 de abril García, del Partido Liberal, anunció que el Senado estaba citado para realizar una sesión presencial el próximo lunes 13 de abril, a las 3:00 de la tarde, sin embargo este martes se conoció que analiza con un equipo jurídico la forma de adelantar las sesiones virtuales, esto después de que el presidente Duque optara por alargar la cuarentena hasta el próximo 26 de abril, con el fin de seguir aplanando la curva epidemiológica del coronavirus y ganar tiempo para que el sistema de salud se prepare para el pico de la pandemia en el país.

Por su parte Cuenca, de Cambio Radical, expresó este martes que “lo que hay es una inseguridad jurídica. Cuando se hicieron la Ley Quinta (reglamento del Congreso) y la Constitución no se dejó escrito de manera explícita que se podría sesionar de forma virtual. En ese tiempo, internet existía, pero en otras partes del mundo. La ley tampoco dice que no se pueda hacer, pero sí hay unas grandes dudas”.

En esas condiciones todo apunta a que el Congreso volvería a sesionar solo después del 26 de abril próximo cuando finalice la cuarentena, en caso de que el Gobierno no tenga que prorrogarla nuevamente.

Segunda vuelta

Está pendiente de iniciar trámite de segunda vuelta el proyecto que establece normas especiales para la organización, funcionamiento, protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés.

La iniciativa fue radicada el 20 de julio pasado por legisladores de distintos partidos.

Otra de las propuestas de reforma que está en peligro de hundirse busca una figura jurídica que permita la creación de la Región Metropolitana de la Sabana, región de carácter especial y superior jerarquía que haga posible una adecuada planeación de Bogotá y los municipios circunvecinos.

El proyecto con la firma de parlamentarios de distintos partidos y radicado en agosto de 2019 está pendiente de quinto debate en la Comisión Primera de Cámara.

Igualmente corre el riesgo de hundirse la reforma constitucional que establece la cadena perpetua para los asesinos y abusadores de niños. Es una de las iniciativas en que más se ha insistido hasta el momento en los últimos congresos. Esta vez cuenta con el respaldo del presidente Duque.

El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2019 por legisladores de distintos partidos y en este momento se encuentra pendiente de quinto debate en la Comisión Primera de Cámara.

Una de las autoras de la iniciativa, la representante Adriana Magali Matiz, del Partido Conservador, reconoció en declaraciones a EL NUEVO SIGLO que “existe un riesgo alto que el proyecto se hunda porque no sabemos qué puede suceder, pero estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que los ponentes presentemos ese informe dentro de los términos establecidos”.

Primera vuelta

El 11 de marzo fue radicada con la firma de partidos de la coalición de gobierno y de la oposición una iniciativa de reforma constitucional con el fin de permitir que para efectos del quórum y las mayorías cuando se trate de elección a cargo de altas Cortes, se contará sobre los magistrados que están en ejercicio de funciones.

Con esta iniciativa se busca subsanar especialmente las dificultades que ha tenido la Corte Suprema porque el quórum se establece sobre 16 de los 23 magistrados con que cuenta, sin embargo como no se ponía de acuerdo en las votaciones para elegir integrantes que llenen las vacantes que se presentan, llegó el momento en que se quedó con 15 togados.

Esta iniciativa está pendiente de ponencia para el primer debate en la Comisión Primera de Senado.

También se encuentra pendiente de ponencia para primer debate el proyecto de acto legislativo para permitir a los integrantes de la Fuerza Pública el derecho al voto.

Fue radicado el pasado 20 de febrero por parlamentarios del partido Colombia Justa Libres.

De igual manera se encuentra pendiente de primer debate en la Comisión Primera de Cámara la reforma por medio del cual se establecen inhabilidades con el propósito de fortalecer la independencia y la autonomía en el ejercicio de las funciones a cargo de los magistrados de las Cortes de cierre y de los organismos de control e investigación del Estado.

La iniciativa, entre otros, establece que no podrán ser congresistas quienes ocho años antes de la elección hayan tenido la investidura o durante este tiempo hayan ejercido cargos de magistrado de las altas Cortes, del Consejo de Estado, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación.

El proyecto de la bancada del Centro Democrático fue radicado el día 12 de marzo pasado.