¿A qué tienen derecho los migrantes venezolanos? | El Nuevo Siglo
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Sábado, 4 de Abril de 2020
Redacción Nacional
El Gobierno ha creado una ruta de atención para la población migrante venezolana que supera el millón de personas en nuestro territorio
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En medio del enfrentamiento entre los gobiernos Nacional y Distrital sobre las responsabilidades de cada quién para atender a la población venezolana, la pregunta central es ¿cuál es la política de apoyo del Gobierno colombiano a esta población? Y ¿qué derechos pueden reclamar?

Parte de la política está recogida en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social Conpes 3950, en la que el Gobierno plantea la ruta que se debe seguir, no para subsidiar a los migrantes, pero sí para incluirlos en la economía como parte de una ruta integradora.

Así, el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos, no en entregar subsidios para la población migrante, sino en permitir su inclusión en el sistema económico y social colombiano. Es decir no subsidiarlos, sino igualarlos en derechos y deberes de la población nativa.

Según Felipe Muñoz, asesor presidencial para la crisis migratoria, “el proceso de atención a migrantes ha sido uno de ‘todos ponen’: Gobierno nacional, gobiernos locales, cooperantes. Cada uno con sus capacidades. El presidente Iván Duque y el Gobierno han levantado su voz para solicitar más apoyo internacional, por eso seguiremos persistiendo en ese esfuerzo”.

Hasta el 31 de diciembre, según Migración Colombia, había en territorio colombiano 1.771.237 migrantes, de los cuales, 754.085 eran regulares y  1.017.152 permanecían en situación irregular. El censo de esta población indica que la ciudad con más migrantes es Bogotá con 352.431; seguida de Cúcuta con 104.981; Barranquilla con 99,251; Medellín con 85.062, y Cali con 62.414. Cabe anotar que la cifra es la más reciente y que en este momento, debido al cierre de fronteras, no hay una cifra exacta de los migrantes que han usado los pasos fronterizos ilegales tanto de salida como de ingreso al país.

Había un plan organizado con oportunidades de trabajo, sistema de salud y sistema educativo, pero “todo cambió con la emergencia sanitaria que hoy nos atañe. El Gobierno aún no sabe si cuando todo vuelva a la normalidad, por el gasto de recursos, el plan se pueda implementar en su totalidad”, le precisó Muñoz a EL NUEVO SIGLO.

Por ahora, y según cifras del Gobierno, en 2018 llegaron a ser atendidas por urgencias 130.708 personas de nacionalidad venezolana; 16.000 fueron hospitalizadas; 48.000 asistieron a consulta externa y a 47.000 se les realizaron procedimientos. Es decir que, en total fueron 219.923 personas que representaron un incremento de 202% en la atención en salud.

En materia de educación la Constitución obliga a que todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en territorio colombiano, independientemente de su nacionalidad o condición migratoria, tienen la posibilidad de acceder a la educación pública en los niveles de preescolar, básica y media.

Según estimaciones hechas por el Departamento Nacional de Planeación, en 2018 había un total de 270.373 niños migrantes venezolanos entre 5 y 16 años, y en el sistema educativo había 21,746 matriculados estudiantes con esa nacionalidad.

 

Coronavirus y migración

 

La ONU ha insistido en que en este tiempo de crisis los derechos y la salud de las personas refugiadas, migrantes y apátridas deben ser protegidos.

“Es vital que todos, incluidos los migrantes y refugiados, tengan garantizado el mismo acceso a los servicios de salud y se incluyan efectivamente en las respuestas nacionales al Covid-19, incluyendo la prevención, las pruebas y el tratamiento. La inclusión ayudará no solo a proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes, sino que también servirá para proteger la salud pública y frenar la propagación mundial del Covid-19. Si bien, muchas naciones protegen y acogen a las poblaciones de refugiados y migrantes, a menudo no están equipadas para responder a crisis como la del Covid-19. Para garantizar que los refugiados y migrantes tengan acceso adecuado a los servicios nacionales de salud, los Estados pueden necesitar apoyo financiero adicional. Aquí es donde las instituciones financieras del mundo pueden desempeñar un papel de liderazgo en la disponibilidad de fondos”, ha planteado la organización.

Es por eso que, debido a la crisis, el Gobierno ha planteado un plan de respuesta que incluye garantías de acceso a salud para población migrante, donde se estableció una ruta de atención para esa población que hace que se encuentren en las mismas condiciones que un ciudadano colombiano.

Además, se han priorizado a poblaciones vulnerables migrantes para atenciones en agua, saneamiento e higiene; además, se han ajustado los servicios de salud y de alimentación para seguir con los lineamientos y protocolos de las autoridades de salud ante esta contingencia; también, se tomaron decisiones sobre los albergues, así como puntos de alimentación con base en las directrices del Gobierno y las autoridades de salud.

El plan del Gobierno también incluye atender a la población vulnerable migrante en la que el Ejecutivo está organizando la distribución masiva, en 40 municipios, de un soporte alimentación a un grupo importante de la población que no está dentro dichos programas, entre la cual hay un porcentaje grande de población vulnerable migrante y de comunidades de acogida. A su vez, los servicios que prestan entidades como el ICBF y el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para niños, niñas y adolescentes migrantes, siguen en funcionamiento.

Según la oficina de Muñoz, se ha hecho un manejo responsable y humanitario de la frontera, pues con el cierre de los puentes internacionales se reduce el riesgo epidemiológico; sin embargo, el Gobierno evalúa la apertura de corredores humanitarios para casos especiales.

El Gobierno también indica que se están implementando acciones de ampliación de capacidades y de atención humanitaria priorizada para poblaciones vulnerables de migrantes y comunidades de acogida en Villa del Rosario, Maicao y Soacha.  Este tipo de acciones deberán ser coordinadas entre todas las entidades del Estado encargadas de cada uno de los programas.