Los profesionales y auxiliares de la medicina son, evidentemente, los héroes visibles de esta guerra declarada. Gustavo Quintero, voz cantante de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, se ha quejado públicamente por el Decreto 538 de 2020, que señala que el talento humano en salud debe estar disponible -obligatoriamente- para trabajar en tiempos de crisis, aunque parece estar en contravía de la Ley Estatutaria de la Salud (Ley 1751 de 2015) que en su art. 17 prohíbe toda presión sobre el ejercicio profesional que atente contra su autonomía. No me parece grave, porque resulta que ese Decreto tiene fuerza de Ley y está destinado exclusivamente a conjurar una emergencia abrumadora e imprevisible, a impedir la extensión de sus efectos, y tampoco afecta derechos fundamentales pues apunta, precisamente, a salvaguardar el primero de ellos: la vida.   

Me preocupa más el tema del respeto a la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud, quienes han sido castigados por la ley 100 de 1993, que prácticamente privatizó el servicio público y social de la salud y dejó a los médicos metidos dentro de la maraña de un mercado laboral gobernado por las EPS y sus aliadas IPS -algunas de ellas contagiadas de corrupción, casi todas quebradas, porque su banco ADRES no les paga- y los pobres médicos quedan colgados del estetoscopio, enganchados a través de precarios contratos de prestación de servicios, modalidad razonable, pues un sistema quebrado no resiste cargas de tipo laboral.

La misma Ley 100 ha producido varios efectos: una enorme demanda -hoy con una cobertura cercana al 100% de la población, casi toda enferma- pero también ha estimulado que en los primeros 20 años de su vigencia el número de galenos se quintuplicara, pasando de 20 a 100 mil, aunque sigue estando por debajo de los estándares de la OMS, mínimo 25 médicos por cada 10 mil habitantes y apenas tenemos 20. Y quedaron inmersos en ese mercado laboral, con cambio de empleador, que ya no es principalmente el gobierno sino las empresas privadas prestadoras de salud, sus IPS, las cooperativas y toda suerte de asociaciones que les tiran como a violín prestado en medio de un escenario tercerizado y precarizado; pero sí hay que mirar con microscopio sus condiciones de trabajo y remuneración, para mejorarlas, y una vez termine la emergencia el gobierno y el congreso deben ponerse los guantes para proceder, porque no quiero imaginarme un futuro coronavirus mutante con un cuerpo médico en paro.

Post-it. Si los profesionales de la salud son héroes visibles, los pequeños y medianos empresarios serían mártires anónimos -pienso sobre todo en los comerciantes que son los que más empleo generan, con sudor y lágrimas- ahora están quebrados, el Gobierno les ha prohibido despedir y suspender contratos y las ayudas a través del sistema financiero nunca llegan, porque los bancos padecen el virus de la aversión al riesgo y más fácil le falta el fuego a los infiernos que un banco prestarle a quien no demuestre ser inmune. Qué bueno sería permitir a los almacenes de ropa personal y lencería -ropa de hogar- abrir paulatina y controladamente sus puertas para darle algún respiro al optimismo.