El Estado de Derecho no puede estar en cuarentena, afirma enfáticamente la ministra de Justicia de Francia, Nicole Belloubet, mientras que Jan-Werner Müller de la Universidad de Princeton llama a no descalificar, y por el contrario, a fortalecer los mecanismos que permitan hacer rendir cuentas a los gobiernos por las decisiones que tomen y a valorar la importancia de la prensa libre durante la crisis generada por el Covid-19.

Afirmaciones para nada intrascendentes en la perspectiva de enfrentar esta calamidad salvaguardando, en el presente y para el futuro, la institucionalidad democrática.

No se trata por supuesto de restar oportunidad y eficacia a las medidas urgentes que deben adoptarse. Todo lo contrario. Precisamente las constituciones tienen previstos mecanismos excepcionales de decisión y controles adaptados a los escenarios de emergencia, que permiten responder cabalmente a la situación, pero que hacen posible, aun en estas circunstancias, la limitación del poder y la protección por jueces y tribunales independientes de las garantías constitucionales. Esto es de Perogrullo, pero no sobra recordarlo frente a aquellas voces, por fortuna escasas, que parecieran sorprenderse de los llamados insistentes que se han hecho entre nosotros para que sesione el Congreso y para que se afinen los mecanismos que en esta coyuntura, con las debidas medidas de seguridad, permitan a los jueces y a las demás instituciones de control, cumplir su papel.

La magnitud de las limitaciones a las libertades  que se han hecho necesarias para proteger el derecho a la vida, junto a  la incertidumbre sobre la  duración necesaria de las mediadas, así como los enormes riegos que se ciernen sobre los derechos fundamentales de muchas personas -piénsese por ejemplo en el personal médico y sanitario, hoy obligado increíblemente a trabajar  en condiciones laborales indignas y sin los elementos de bioseguridad indispensables-, llevan a que la vigencia del Estado de Derecho y de las protecciones que este comporta se deban manifestar  plenamente.

A ello se suma, desde una perspectiva más amplia, la amenaza latente,  evidenciada en otras latitudes, del posible aprovechamiento de esta pandemia por los “autoritarismos demagógicos”, como los denomina Edgar Morin, para imponer mecanismos de concentración del poder y de represión  de manifestaciones legítimas de disenso político, sin olvidar la  posible normalización, una vez superada la emergencia,  de formas de biovigilancia  y  de monitoreo de la población que hoy nos resultan inconcebibles por fuera de la insólita situación en que nos encontramos.

Frente a esas circunstancias y a muchas otras que seguramente generará esta pandemia, pues es un verdadero punto de quiebre el que producirá en muchos ámbitos, razón por la cual el mundo ya no volverá a ser el mismo, resultará necesario imaginar respuestas compatibles con los presupuestos esenciales que sustentan nuestro sistema de derechos y libertades y con la visión solidaria que a todas luces requieren los nuevos tiempos.  El Estado en ese escenario estará llamado a cumplir un rol mucho más activo que el que se le había asignado recientemente, y de todos nosotros dependerá que lo cumpla enmarcado en el Derecho.

@wzcsg