- Autoridades deben facilitar el trabajo rural seguro
- Proteger producción, cosechas y comercialización
Garantizar la seguridad alimentaria es elemento fundamental del plan de contingencia que se está implementando en todo el país para hacer frente a la epidemia del Covid-19. Desde los primeros decretos dictados por el Gobierno en el marco del Estado de Emergencia, una de las prioridades fue, precisamente, regular todo lo concerniente al funcionamiento de la cadena de producción, comercialización y venta de alimentos y víveres de primera necesidad. Hasta el momento esa estrategia ha dado resultado, ya que salvo algunos casos puntuales de escasez y de especulación con los precios, no se ha denunciado población alguna en donde la adquisición de alimentos se haya dificultado sustancialmente.
Sin embargo a medida que se extreman las restricciones a la movilidad y actividades productivas con el fin de frenar la curva de contagios de este coronavirus, es claro que se requiere ir ajustando lo relativo a los mecanismos para que los campesinos puedan seguir trabajando de forma segura y rentable. Desde el Ministerio de Agricultura y otras entidades se han adoptado políticas de alto espectro para salvaguardar la producción agropecuaria, de forma tal que toda la cadena pueda seguir funcionando, claro sin poner en riesgo la salud de cultivadores y consumidores. Los gremios sectoriales han valorado positivamente la estrategia gubernamental. Incluso, en una muestra de gran solidaridad con los sectores sociales más vulnerables, han donado significativas cantidades de productos perecederos y procesados para ser repartidos a nivel nacional, regional y local.
Sin embargo es necesario que, sobre todo a nivel de alcaldías, se vayan ajustando los mecanismos de producción agrícola según las circunstancias propias de cada territorio. Por ejemplo, en algunas regiones se han escuchado solicitudes de pequeños, medianos y grandes cultivadores y productores para que se les apliquen excepciones dentro del período de cuarentena, de forma tal que puedan movilizar personal para actividades propias de cuidado de cultivos, cosecha, procesamiento de materias primas y su transporte hacia los cascos urbanos y las plazas y centros de acopio de la región. Incluso hay muchos finqueros que se están quejando de un repentino encarecimiento de la mano de obra, así como de los costos para llevar sus productos a los intermediarios y compradores. De igual manera, en algunos municipios hay trabajadores del campo que advierten sobre medidas, como “pico y cédula”, que les están dificultando la comercialización de los cultivos de pan coger o de productos de venta diaria, como la leche y otros perecederos. Es más, hay poblaciones en donde las autoridades y habitantes están limitando al máximo la entrada de personas al casco urbano por el temor a que estén contagiados del Covid-19.
Es urgente que desde el Ministerio del ramo y las secretarías de Agricultura de nivel seccional y local se ponga la lupa sobre este tipo de problemáticas, ya que en medio de la cuarentena, cuya extensión en el tiempo todavía no está definida, ninguna región puede correr el riesgo de ver disminuida su cadena de abastecimiento alimentario. Por ejemplo, deben activarse esquemas de apoyo y de incentivo para conseguir personal que ayude en los ciclos de cosecha de este segundo trimestre. Y ello no sólo pasa por facilitar la movilización, con todas las normas de seguridad sanitaria, de quienes van a realizar esta labor, sino también por ofrecer beneficios atractivos a los trabajadores y empleadores. Se requiere audacia de las autoridades para evitar que los cultivos y la producción agrícola en determinadas zonas se terminen malogrando.
No toda la responsabilidad de salvaguarda de la producción del campo y de asegurar el suministro alimentario puede dejarse en cabeza del alto Gobierno y un alud de decretos. Es prioritario que también se instruya a gobernadores y alcaldes para que aseguren la cadena de abastecimiento. Para ello es necesario que se entiendan de forma adecuada los ciclos productivos de cada cultivo y actividad agropecuaria y se adopten, en consecuencia, los esquemas de flexibilización que permitan su funcionamiento medianamente normal en esta difícil coyuntura. Las asociaciones gremiales son claves en todo este proceso así como las Umatas y las juntas de acción comunal y veredal. Todas estas instancias tienen un conocimiento agregado sobre cómo funciona el área rural de cada municipio y qué debe hacerse para que las actividades no se afecten de forma grave por los efectos del plan de contingencia para enfrentar la epidemia.
Así las cosas el llamado es a que se actúe con la máxima diligencia para que el campo pueda seguir funcionando y produciendo en estos momentos de crisis y aislamiento social preventivo. Hay que tener en cuenta que mantener un flujo de abastecimiento potable en las grandes centrales de abasto y centros de acopio requiere como elemento sustancial que al campesino se le facilite y apoye en su trabajo. Perder de vista esta premisa sería un error craso que haría casi imposible sacar adelante la difícil situación que atraviesa el país.