Empresarios señalan que no se debe debatir entre economía y salud, sino de trabajar conjuntamente para salir de la crisis por la pandemia

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Si el Gobierno decide “apagar” la economía para poder contener la infección del Covid-19, podría resultar en una decisión que puede profundizar la crisis económica del país. Es decir resultaría peor el remedio que la enfermedad.

De acuerdo con los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) “no cambiemos un mal muy malo, por otro peor”.

Sostiene el gremio que “en los últimos dos días, el país ha venido debatiendo sobre la idea que la economía debe “apagarse” por lo menos tres meses para contener la infección. En Anif no estamos de acuerdo con esa postura. Esto no se trata de una dicotomía entre economía y salud. Por supuesto que se debe proteger la vida, de hecho, hemos apoyado públicamente el aislamiento obligatorio. Pero, también debemos cuidar la actividad económica porque, de lo contrario, una vez superemos la epidemia, porque lo haremos, los problemas serían otros, con consecuencias profundas en el bienestar de todos los colombianos”.

Asegura el gremio financiero que “proteger la economía no significa cuidar de las utilidades o las ganancias de las empresas, como algunas personas piensan. Cuidar la economía es mantener el ingreso de la gente pobre que no tiene cómo comer y que pierde su empleo y de las empresas que no pueden operar su negocio, que pierden sus ingresos y les toca prescindir de sus empleados (empresas de todo tipo: micro, pequeñas, medianas y grandes). Disminuir indefinidamente el ingreso disponible de los hogares es pasar de un mal muy malo, como el SARS-Cov2, a otro peor, el aumento del hambre y la pobreza”. Señalan que “es una situación donde todos perdemos, especialmente los más pobres e informales, que en Colombia son la mitad de la población ocupada. La reactivación del empleo es una tarea primordial y, más ahora, teniendo en cuenta los malos resultados del mercado laboral”

Impactos desfavorables

Aseguran los empresarios que “extender mucho más el aislamiento obligatorio, por ejemplo, en tres meses, sería una medida inefectiva que tendría efectos en toda la economía nacional. En efecto, ya se están teniendo impactos desfavorables sobre las actividades de comercio, con solo cerca del 10% de los establecimientos en operación; turismo, reduciéndose las tasas de ocupación hotelera a niveles de solo 5% frente al promedio de 55%; esparcimiento-entretenimiento, estimándose pérdidas por $80.000 millones por cada mes de cuarentena en las actividades relacionadas con atracciones y parques de diversión; y transporte, con la suspensión de todos los vuelos nacionales de pasajeros hasta mediados de abril y reducciones de al menos 50% en los servicios de taxi”.

Otros gremios

De la misma manera otros gremios han mostrado su preocupación sobre la situación del país. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), Oliverio García Basurto, dijo que “el fuerte impacto que está teniendo el cierre de actividades en la economía pone en riesgo de insolvencia a las empresas amenazando la sostenibilidad del empleo actual, por lo que Andemos solicita no extender la cuarentena total y buscar mecanismos que permitan ir abriendo la economía una vez se termine la cuarentena”.

Por su parte, la presidente de Acopi, Rosmery Quintero, explicó que la mayoría de sus afiliados solo podría sostener el empleo por tres quincenas más y que 82,4% no cuenta con un ahorro para la emergencia. Por eso, le piden al Gobierno una línea de crédito sin interés para pagar la nómina.

Gustavo Toro, presidente ejecutivo Cotelco, también resaltó que el turismo se verá afectado, pues las personas no querrán viajar tan pronto. Además, resaltó que de continuar esta situación, aunque se han acatado las recomendaciones del MinTrabajo, las empresas tendrán que terminar con varios contratos, y enfatizó en que 85% de la oferta del país son famiempresas, pequeñas y medianas, que no tienen la suficiente liquidez para pagar sus obligaciones financieras”.

De otra parte, Asecarga, que lidera a los gremios del transporte de carga, denunciaron una serie de prácticas “poco solidarias” en el sector, que afectan negativamente la prestación de este servicio. Denunciaron que algunas compañías están descontando del valor del flete aquellos valores equivalentes a la disminución del precio del combustible y de peajes por la exención decretada por el Gobierno”. “El llamado es a mantener unas relaciones económicas equitativas y justas en pro de contribuir sin miramientos a un momento que exige la unidad nacional, que permita la perdurabilidad patrimonial de todos y que mantenga, promueva e incentive la cadena de abastecimiento, la cual debe tener como principios fundamentales la equidad, la justicia y la solidaridad”, señaló Asecarga.