Violadores de niños fuera de JEP: primera reforma | El Nuevo Siglo
Foto: Ministerio de Justicia
Jueves, 4 de Abril de 2019
Redacción Política

El proyecto de acto legislativo que modifica el Artículo 44 de la Constitución y que garantiza la máxima protección para todos los niños colombianos fue presentado ayer ante la Secretaría del Senado por la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

Este es uno de los tres aspectos que el Gobierno se propuso reformar del acto legislativo 02 de 2017, que creó un blindaje para que lo acordado no pudiera ser echado para atrás por los tres gobiernos siguientes, tal como lo anunció el presidente Iván Duque el 10 de marzo, cuando también informó sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

“En Colombia se deben aplicar las penas más severas y sin ningún tipo de concesión para aquellos que cometan delitos sexuales contra niños y niñas. Tenemos que fortalecer la obligación que tenemos como Estado de hacer todo para proteger a nuestros niños,” anunció la ministra Borrero.

Con el acto legislativo, una vez se aprueben en los ocho debates de ley, se incluiría el siguiente aparte en el Artículo 44 de la Constitución: “Los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes estarán sometidos únicamente a las sanciones establecidas en el régimen penal ordinario y serán investigados y juzgados conforme las normas definidas en el Código de Procedimiento Penal”.

Con esta consideración en la Carta Política, el Gobierno nacional busca garantizar las máximas penas posibles a quienes los cometan sin ningún tipo de concesión. También se busca evitar el uso de los niños en la guerra al desincentivar estos crímenes, pues no serían objeto de tratamientos especiales en eventuales acuerdos de paz.

Para el Ejecutivo, no existe razón política, social, constitucional, ni jurídica alguna, para que el Estado desatienda su deber supremo de proteger a las personas más vulnerables de la población frente a conductas que merecen el mayor reproche por parte de la sociedad.

Sin embargo, en sus redes sociales la JEP, con la etiqueta #NoSeDejeConfundir, precisó que en su institucionalidad “los delitos de violencia sexual, cometidos en el marco del conflicto armado, no son amnistiables ni indultables como equivocadamente se ha dicho”, agregando que esas conductas “hacen parte de los crímenes de guerra (infracciones al DIH), graves violaciones a los derechos humanos, y en varios contextos pueden ser sistemáticos, por ende de lesa humanidad” y que en la JEP “los responsables de estos graves hechos serán sancionados”.

Como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO, el 10 de marzo Duque anunció la presentación de la reforma de tres aspectos de la JEP. El segundo punto de la iniciativa, dijo, “debe dejar claro que quien reincida en las actividades criminales perderá todos los beneficios”. Y al explicar el tercer aspecto, Duque indicó que “debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición”.

En octubre de 2017, la Corte dejó en firme el acto legislativo 02 de 2017, declarando que los contenidos del acuerdo final “serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes” para implementar lo acordado, siempre y cuando “correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución”.

Ayer mismo, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que los otros dos aspectos anunciados por Duque se presentarán el 20 de julio “porque se va a esperar a que el Congreso de la República se pronuncie sobre las objeciones presidenciales”.

Cabe recordar que en agosto, cuando la Corte Constitucional le dio su aval a la reglamentación de la JEP, sostuvo que “el Congreso no tiene la competencia” para modificar las sanciones (en particular para quienes hayan cometido delitos sexuales durante el conflicto) impuestas en el acto legislativo 01 de 2017 que creó el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, determinó la estructura de la justicia transicional, las funciones de los órganos que la componen y precisó otros aspectos sobre su competencia y naturaleza.

Sobre las reformas que impulsa el Gobierno, la ministra Gutiérrez aclaró que no afectarán el actual Acuerdo de Paz con las Farc, pero sí operará para los próximos diálogos con grupos armados.

Gutiérrez aseguró que el Gobierno se mantiene hasta el último momento en que el Congreso acepte las objeciones a seis puntos de la ley estatutaria de la JEP.

 

 

Objeciones, sin cálculos políticos: Duque

Duque afirmó ayer que acatará la decisión que adopte el Congreso sobre las objeciones hechas a la ley estatutaria de la JEP y manifestó su confianza en que tal determinación sea tomada a conciencia, afirmando, además, que el debate en el Legislativo no puede tomarse como “una especie de pugilato con el Gobierno”.

“Aquí no se trata de vencedores ni vencidos. Aquí lo que se trata es de pensar en el principal interés de la patria, que es la construcción de una paz que nos una y no una paz que deje brechas”, subrayó.

Duque exteriorizó su confianza en que el “Congreso de la República, sin criterios partidistas, sin criterios de cálculo político, analice lo que fue presentado para que tengamos un debate con altura, sin estigmatizaciones, sin señalamientos, sino con la total y absoluta claridad de pensar en lo que más le conviene a la nación colombiana”.