CON LA audiencia preparatoria, el próximo 15 de mayo, se dará inicio al juicio penal contra el exmagistrado de la Corte Suprema de justicia, Gustavo Malo Fernández, señalado por la Fiscalía de haber hecho parte de una “empresa criminal” dedicada para torcer y archivar procesos a favor de parlamentarios a cambio de millonarias sumas de dinero, mientras que otros de los implicados, el también exmagistrado Francisco Ricaurte pedirá su liberación por vencimiento de términos. 

Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema deberá presentarse el exmagistrado Malo por el mencionado caso de corrupción en ese Alto Tribunal y que fue bautizado como “cartel de la toga”.

Como se recordará Malo lleva un año separado de sus funciones (abril 3 de 2018), luego que estallara meses atrás el megaescándalo por supuesta corrupción en la Corte Suprema. El de agosto de 2017, el fiscal Néstor Martínez anunció que compulsaba copias a este Tribunal con información y grabaciones que demostrarían la asociación ilícita entre magistrados y abogados para favorecer a parlamentarios vinculados con la parapolítica.

Tras haber sido separado del cargo, la Comisión de Acusación de la Cámara acusó a Gustavo Malo ante el Senado, en mayo del año pasado, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asunto sometido a secreto de reserva. Está Corporación designó una comisión instructora que confirmaron que había méritos para llamar a juicio al exmagistrado.

En ese momento, el representante investigador Edward Rodríguez, expuso puntualmente dos casos que evidenciaron la “empresa criminal” que operó entre magistrados de la Corte y abogados para favorecer a parlamentarios implicados en escándalos. Así se mencionó el del exsenador Musa Besaile, quien admitió haber pagado $2.000 millones para que se desviara una investigación en su contra, y el de Alvaro Ashton, quien habría pagado $600 millones para diltatar una investigación, según la versión rendida por el hoy extraditado exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, pieza clave en el mencionado “cartel de la toga”.

Posteriormente Malo, quien ha insistido desde el principio del proceso en su contra -el que con excusas médicas dilató en varias ocasiones-  que es inocente, fue despojado de su investidura, en diciembre y el proceso quedó en manos de la Corte.

En la audiencia preparatoria, la Fiscalía hará la imputación de los cargos antes mencionados con los respectivos soportes probatorios.

Ricaurte pide libertad

Aduciendo que se vencieron los términos, es decir los 120 días establecidos en la ley desde la presentación del escrito de acusación y no se ha tomado ninguna determinación judicial, la defensa del exmagistrado Francisco Ricaurte, otro de los investigados en el “Cartel de la toga” radicó una solicitud para su libertad.

Ricaurte, detenido desde septiembre de 2017 en la cárcel La Picota, de Bogotá, ha insistido en que es inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía, a saber: concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información.

Es, junto con el también exmagistrado Gustavo Malo, otro de los implicados en el megaescándalo de presunta corrupción en la Corte Suprema de Justicia, en la cual, según declaró el fiscal Néstor Humberto Martínez se montó una “estructura criminal” para solicitar multimillonarias sumas de dinero a cambio de desviar o archivar procesos contra parlamentarios. En este proceso también está vinculado el exmagistrado Leonidas Bustos, así como el exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno.

Este viernes, Ricaurte y sus abogados se presentarán ante el juzgado de Paloquemao para solicitar la libertad por vencimiento de términos, pero la Fiscalía insistirá en que el proceso contra el exmagistrado ha sido objeto de maniobras dilatorias por parte de la defensa.