PIDO la palabra, en esta ocasión para terciar en la controversia que ha suscitado el anuncio del gobierno de reanudar el proceso para reemplazar a Electricaribe como operadora de la red de distribución de energía eléctrica a 2.6 millones de usuarios en la región, que representan el 23.9% de la demanda nacional. Su colapso pondría en riesgo el sistema eléctrico de todo el país.
Dado que, como lo establece la Constitución Política en su artículo 365, “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado” y este debe “asegurar la prestación eficiente” de los mismos. Por ello y para ello la Superintendencia de Servicios públicos intervino a Electricaribe con fines de liquidación.
Pero, a nuestro juicio, la propuesta más atrevida y por ello la que va a despertar mayor rechazo es la que plantea “autorizar al gobierno nacional para establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria” para los usuarios de Electricaribe. Se vendrán alzas en las tarifas, para nivelarlas, pero por lo alto, con las del resto del país.
En cuanto a la selección del reemplazo de Electricaribe se han previsto dos subastas, porque aunque no se descarta que una sola empresa opere todo el mercado de la distribución de energía de la región Caribe, el gobierno se inclina por la alternativa de partir en dos el mercado.
Esta es la hora en que nadie ha explicado las razones que le asisten al gobierno para plantear la segmentación del mercado; se dice que es una de las recomendaciones de la FDN, pero este sigue siendo el secreto mejor guardado. ¿Sería mucho pedir que se levante la reserva de dicho estudio, para saber a ciencia cierta si ello es viable y conveniente?
Llama poderosamente la atención que al dar todos estos pasos para buscar solucionar la problemática de la prestación del servicio de energía en el Caribe, se ha hecho abstracción de una circunstancia ineludible y es la existencia de una controversia que interpuso GNF, hoy Naturgy, contra la Nación ante el Tribunal de las Naciones Unidas.
Como es bien sabido, Electricaribe ha sido intervenida, no expropiada, Naturgy sigue siendo su dueña mientras no se enajene, la que se verá aliviada en sus obligaciones al asumir la Nación el pasivo pensional de la empresa por valor de $1.2 billones. Cabe preguntarse, qué suerte van a correr los ingentes recursos invertidos a través del Fondo empresarial y los que se van a invertir, con la sobretasa de $4 por KWH pagarán los usuarios y la contribución adicional del 1% que pagarán las empresas. Quién va a responder por las deudas que tiene la empresa con los bancos, con los generadores y con sus proveedores.
Entendemos que con este sacrifico y los demás que se estarán haciendo apuntan a atraer interesados en operar la red de distribución en el Caribe. Pero, como reza el adagio popular, ¡quien siembra en tierra ajena hasta la semilla pierde!
*Miembro de Número de la ACCE