Como es bien sabido, a Colombia la ronda el fantasma de la pérdida del autoabastecimiento de crudos para cargar sus refinerías, lo cual la obligaría a tener que importarlo, en razón de las precarias reservas probadas con las que cuenta el país actualmente. Para conjurar este peligro, se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, que se tramita en el Congreso de la República, la necesidad de reactivar “la actividad de exploración y producción de yacimientos no convencionales”, para lo cual se busca fortalecer “un régimen fiscal competitivo” y el robustecimiento por parte de la ANH de “los términos contractuales, que permitan ubicar al país entre los más atractivos de Latinoamérica para la inversión en el sector de hidrocarburos”.

Consciente de las falencias que acusa la institucionalidad del sector se dice que, a partir de los resultados de los distintos estudios, “se mejorará, de ser necesario, la institucionalidad, el marco contractual y la normatividad (Pacto por la Sostenibilidad), que deberá cumplirse y fiscalizarse para la exploración y producción de estos hidrocarburos”, al igual que para “los proyectos de exploración y producción de hidrocarburos costa afuera...con las mejores prácticas internacionales”. Con ello se le estaría dando respuesta al Informe presentado recientemente por la Comisión de Expertos sobre el fracking en Colombia, que las pone de manifiesto a propósito de los pilotos para su desarrollo.

Por mi parte propondría que si el gobierno acoge las recomendaciones de la Comisión de expertos se integre un Panel de expertos con la finalidad de que él mismo monitoreé y le haga seguimiento a la implementación de los pilotos y al término de este ensayo evalúe y valide sus resultados, para que, dependiendo de estos, decidir si de el paso subsiguiente de la comercialidad del procedimiento.

En nuestro concepto las condiciones están dadas y la industria lo que demanda es, fundamentalmente, seguridad jurídica, que no les cambien las reglas en la mitad del juego y que la coordinación entre las autoridades nacionales y las territoriales en la toma de decisiones con respecto al desarrollo de la actividad extractiva se materialice, amén del diálogo informado con las comunidades, para que de esta manera se viabilicen los proyectos.

Extrañamente, en las Bases del Plan no se espera incrementar las reservas y la producción ni de petróleo ni de gas natural sino mantenerlas al mismo nivel del año 2018, por debajo del volumen de producción que sirvió de base para la aprobación del Presupuesto Nacional de 2019 (872 mil barriles/día). Ello no se corresponde con las metas que está imponiendo el Plan de aumentar el número de pozos exploratorios, pasando de 46 en 2018  a 207 y en cuanto a sísmica se propone pasar de correr 1.107 kilómetros a 6.900 kilómetros.

Huelga decir, que asegurar el autoabastecimiento no tiene por qué alejarnos de la transformación productiva como estrategia para diversificar la economía y reducir la dependencia con respecto al petróleo.

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*Miembro de Número de la ACCE