Hidroituango, tsunami jurídico

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“Concluido el recaudo de pruebas, se adoptarán las decisiones del caso”, le dijo el procurador general, Fernando Carrillo, a EL NUEVO SIGLO a propósito de las pesquisas del Ministerio Público sobre Hidroituango.

Las acciones de la entidad, precisó, “avanzan en la identificación de los daños ambientales generados, en particular teniendo en cuenta los efectos sobre el cambio de las condiciones del río tanto con la crisis, como con una operación regular del proyecto. Inclusive hemos logrado hacer ver los efectos que antes permanecían invisibles, en la zona de La Mojana. Igualmente se evalúan las decisiones administrativas tomadas al interior del proyecto y las solicitudes y el uso de las licencias ambientales en el mismo”.

Es que luego de la emergencia conocida por todos, ha llegado la hora de precisar responsabilidades.

Un año trágico

En ocho días se cumplirá un año de la primera emergencia. El 28 de abril de 2018 uno de los túneles de desviación de las aguas del río Cauca se taponó por un derrumbe. Horas más tarde, la tierra se removió y se superó la alerta. Pero dos días después se registró un nuevo derrumbe de mayores proporciones. El túnel de evacuación quedó completamente bloqueado.

En mayo, durante dos días, un puente peatonal de Valdivia quedó bajo el agua y algunas montañas empezaron a agrietarse. Pero el 12 de mayo para evacuar 2.000 metros cúbicos por segundo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) toma una decisión drástica: inundar el cuarto de máquinas, el corazón de la hidroeléctrica. Las unidades de generación, los transformadores y los equipos de servicios auxiliares quedaron bajo el agua. Al otro día, lo que comenzó como una disminución considerable en el caudal debido al represamiento de agua dentro del proyecto, terminó en una creciente de 5 metros que afectó a 600 personas de las localidades aledañas al afluente. El Cauca se llevó 25 casas, dejó afectadas 40 edificaciones, entre ellas la escuela, el puente Simón Bolívar de Valdivia quedó destruido y otros dos afectados.

El 21 de mayo se prende la alerta máxima. Los habitantes de Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia son evacuados. Al menos 35.000 personas deben dejar sus casas.

El 16 de enero se hizo uno de los procesos más importantes para determinar el futuro de Hidroituango. EPM cerró la compuerta número 2 porque apareció una socavación en la montaña con una dimensión de más de 18 metros.

Pero el 5 de febrero la última compuerta, la número 1, también se cerró porque en el interior de la caverna se habían registrado variaciones en el nivel del agua por la circulación de aire. El Cauca queda desconectado, generando una grave afectación ambiental y social para las comunidades que habitan en la zona.

Aunque el río volvió a conectarse, según el fiscal Néstor Humberto Martínez sigue perdiéndose “a unas velocidades insólitas”.

La Fiscalía evidenció que el río fue invadido por una planta llamada buchón, que crece en zonas en las que el agua se empoza o no corre con suficiente fluidez y reduce todos los procesos biológicos de conservación de los ecosistemas.

El buchón ya cubre más de ocho kilómetros del río, al sur de la represa.

Sin embargo, para Jorge Londoño, gerente de EPM, “el buchón no es malo per se. Evidentemente demasiado buchón es malo. Pero cumple biológicamente un papel de consumir algunos minerales pesados que deterioran la calidad del agua, pero también consume oxígeno. No es bueno en demasía, pero no es mala su existencia. Tenemos que mantenerlo controlado, pero en todos los embalses va a haber buchón”.

Menú de culpas

Los ojos de las autoridades están puestos sobre Hidroituango. Por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) prepara una nueva reunión de oralidad para presentar a la empresa nuevos hallazgos.

Pero además, hay otros asuntos jurídicos que enfrenta el proyecto. La semana pasada, el Consorcio Generación Ituango, diseñador y asesor del proyecto hidroeléctrico, rechazó recientes declaraciones de Londoño sobre que el constructor no se hará responsable de los costos de la emergencia, sino que trasladaría los costos de la emergencia a la sociedad Hidroituango (compuesta por EPM y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia), basado en un estudio que contrató con la firma noruego-chilena Skava, que determinó que la erosión fue la causa raíz del colapso del túnel de desviación que desató la emergencia en abril del año pasado.

En la presentación del estudio de Skava contratado por EPM, voceros de esa firma sostuvieron que la zona afectada y erosionada por el paso del agua no fue “tratada” ni “protegida” por una deficiencia en el diseño durante la etapa de asesoría.

El consorcio, formado por Integral e Investigaciones Geotécnicas Solingral S.A., manifestó que dicho estudio no contó con el “rigor científico debido”.

“No aceptamos que al consorcio diseñador se le impute responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia, basándose en una hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”, le manifestaron a Londoño a través de una carta Carlos Isaza, presidente del Grupo Empresarial Integral S. A., y Gabriel Cano, representante legal del Consorcio Generación Ituango.

ENS

La misiva afirma que Integral había enviado ya varias observaciones a EPM sobre el estudio de Skava, observaciones que, aseguran los firmantes de la carta, no han sido respondidas aún.

Ya el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, había expresado su rechazo a que EPM se base en el estudio que contrató para concluir que no es su responsabilidad asumir los costos de la emergencia. Según el Gobernador es como si EPM hubiera contratado su propio juez. En respuesta, EPM ha afirmado que el estudio fue independiente, con una firma reputada internacionalmente.

En palabras de Londoño, “la sociedad Hidroituango es la propietaria del proyecto, había hecho los diseños del proyecto. Cuando se firmó el contrato con EPM, se dejó claramente establecido que riesgos asociados al diseño correspondían a la sociedad Hidroituango y riesgos constructivos correspondían a EPM. Entonces, cuando sale el estudio causa raíz de Skava y nos demuestra que el problema fue de diseño, en la fase de asesoría, obviamente eso le corresponde a la sociedad Hidroituango”.

Y les cayó la Fiscalía

En medio de los asuntos de responsabilidad civil, disciplinaria y administrativa, también se ciernen sobre Hidroituango acciones penales.

El 10 de abril la Fiscalía solicitó un paquete de medidas de protección para frenar el daño ambiental, social y económico a las comunidades aledañas al proyecto con base en los hallazgos de un equipo interdisciplinario. Un juez tomará decisiones en la audiencia programada para el 6 de mayo.

Tres fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, nueve peritos (ingenieros ambientales y de minas, químicos, biólogos y ecólogos), dos analistas y un grupo de la Policía Judicial asumieron las investigaciones y de entrada identificaron los primeros riesgos a las fuentes hídricas, la fauna, la flora y la vida de los habitantes.

Según el fiscal Martínez, "pretendemos salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la sostenibilidad alimentaria, el medio ambiente y la salubridad pública de cerca de 60.000 habitantes de Sabanalarga, Puerto Valdivia, Toledo, Valle del Toledo e Ituango (Antioquia), que están en el área de influencia de Hidroituango".

A pesar de todo este panorama, Londoño se ha mostrado optimista. “Hay que arreglar cosas como un diablo, sí. Nos quedan dos años y medio de intenso trabajo”, dijo en cuanto a los aspectos técnicos.

Sobre lo ambiental, Londoño argumenta que “si la ANLA me pide darles seguridad a las comunidades y al medioambiente en el largo plazo aguas abajo, la única forma de hacerlo es con la terminación del proyecto. Si no se termina vamos a quedar peor”.