“Colombia sí tiene quién la defienda, y así de claro hay que decírselos a todos los colombianos porque aquí lo que está en juego es la plata de todos nosotros”.

De esta forma, el abogado Camilo Gómez Alzate se refiere a la labor que realiza la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), entidad encargada de proteger los intereses de la nación frente a los litigios jurídicos nacionales e internacionales.

Pero la tarea es nada fácil por la cantidad de procesos que lleva la Agencia, a juzgar por las cifras. “Colombia tiene hoy 398 mil procesos en contra de las entidades de la nación que cuestan cerca de $380 billones en pretensiones; y tiene además 11 procesos de arbitraje de inversión que cuestan $17,5 billones; 95 procesos arbitrales internos que cuestan cerca de $10 billones y 611 procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, explica.

De ahí la importancia de que el Estado esté debidamente preparado para asumir la defensa de los intereses nacionales, pues como dice Gómez, aunque se trata solo de “pretensiones económicas” aún no traducidas en fallos contra Colombia, son procesos que tienen que ser llevados en debida forma para evitar más condenas al país.

“Muchas de esas demandas son temerarias, pero si el caso se pierde se genera un problema fiscal incalculable”, dice Gómez Alzate.

Muestra de ello, agrega el funcionario, es que “hoy Colombia tiene $8,7 billones en sentencias condenatorias sin pagar, es decir mucho más que la Ley de Financiamiento. El gobierno Santos, me imagino que por una decisión del Ministro de Hacienda anterior, decidió desde 2014 no pagar esa plata”.

Es decir, dice que la administración anterior le dejó ese ‘chicharrón’ al actual Gobierno. Se trata de sentencias condenatorias a la nación por pleitos de diferentes tipos que perdió el Estado y está obligado a pagar esas deudas.

“Pero se tomó la decisión de no cancelar, entonces estamos (la nación) pagando intereses de casi el 30%, el más alto interés comercial. Lo peor: de esos $8,7 billones, casi el 40% son intereses. Ese es el costo de haber tomado una pésima decisión política de no pagar las deudas por sentencias ya ejecutoriadas”, afirma Gómez Alzate.

Pero, ¿entonces qué hacer para pagar esa astronómica deuda? El director de la Andje dice que se están buscando fórmulas jurídicas imaginativas.

Una de ellas fue ya plateada con el actual Ministro de Hacienda en el Plan Nacional de Desarrollo: “Con el ministro Alberto Carrasquilla, en el PND se incluyó una norma que nos permite pagar esa deuda con TES, es decir que cambiamos una deuda que está pagando interés del 30% por una que nos vale el 3% o 4%, eso es más sensato, eso no tiene alternativa”, explica.

¿Por qué se demanda al Estado?

De acuerdo con el director de la Agencia, son varias las principales causales de demanda contra la nación: por litigios de índole laboral y reclamaciones de pensiones y prestaciones sociales hay en curso cerca de 200 mil demandas.

Otra causa, aunque mucho menor en número, corresponde a procesos contractuales, o procesos de reparación directa.

Pero también están las llamadas demandas temerarias: las acciones de grupo, una figura jurídica que permite la indemnización por daños causados a una comunidad en alguno de sus derechos fundamentales.

“Muchas de las 116 acciones de grupo que están en curso actualmente no tienen fundamento jurídico, pero valen en pretensiones cerca de $147 billones. Eso está en este momento en tribunales y hay que esperar los fallos”, dice.

Gómez Alzate no lo afirma abiertamente porque “no se puede generalizar”, pero admite tácitamente que en Colombia aún no existe una conciencia arraigada de defensa de los intereses colectivos, pues muchos funcionarios toman decisiones sin medir las consecuencias de sus actos para el Estado.

“La Agencia está trabajando en una cultura de mayor prevención: es mejor prevenir que tener que pagar”, afirma, y añade que esa es una de las prioridades de la entidad para este año.

“Por ejemplo, por primera vez se van a reunir los cerca de 240 jefes de defensa jurídica de todas las entidades estatales para comenzar a hacer una defensa coordinada entre todos y para que los funcionarios en cada entidad prevengan antes que tener que ir al litigio”. Más claro no se puede.

Muestra de esa situación la ejemplifica con otra cifra, por demás particular: “Tenemos demandas por cerca de $800 mil millones solo por accidentes de tránsito ocasionados por mala señalización en las carreteras. ¿Entonces qué es lo lógico?, pues lo lógico es señalizar bien para ahorrarnos esos $800 mil millones. De eso ya hemos hablado con la Ministra de Transporte”, asegura. 

‘Carteles de avivatos’

Pero en un país de avivatos como es Colombia, donde se demanda al Estado por todo, la Andje ya tiene identificados algunos ‘carteles de avivatos’ que abusan de los instrumentos jurídicos para sacar provecho particular. Sobre eso hay varios ejemplos.

“Recientemente un grupo de avivatos decidió demandar a la Superintendencia Nacional de Salud para que pague todas las deudas de las EPS”, que algunos cálculos estiman en más de $7 billones.

También hay grupos de abogados que se han especializado en demandar a la nación, algunos con fundamentos jurídicos serios, otros muy temerarios.

“Por ejemplo, hay un abogado que pretende cobrarle a la nación $3.400 billones en una acción de grupo a favor de todos los desplazados de Colombia. Hay otro ejemplo claro del abuso de las acciones de grupo: un abogado que reclama $28 billones porque considera que la autoridad de tránsito de Sampués (Sucre) estuvo mal constituida entonces les causó daños a sus habitantes por esa cuantía”.

Se trata, desde todo punto de vista, de acciones jurídicas temerarias no solo en su fundamento sino en sus pretensiones económicas. En esos casos la Andje ya inició acciones penales por temeridad.

“Consideramos que hace falta que la función disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sea más contundente contra los abogados que demandan por demandar”, afirma el director de la entidad.

Por esa razón, desde el Gobierno nacional se está trabajando en un proyecto de ley que busca “reformar ese incentivo perverso de las acciones de grupo”.

La norma vigente les permite a los abogados cobrar el 10% de las pretensiones económicas en caso de ganar el litigio al Estado. “Hay verdaderos carteles de abogados que abusan de las acciones de grupo. Por eso consideramos que más que laxa, la normatividad se convirtió en un instrumento del cual abusan algunos cuando caducan las otras posibilidades legales”.

Acciones internacionales

Pero las demandas contra la nación no son solo domésticas, sino que también las hay, y muchas, en el plano internacional.

“Actualmente Colombia tiene 611 acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales tres están en la Corte-IDH, entre ellos las demandas contra la nación de Gustavo Petro y la Unión Patriótica, y el resto en la Comisión-IDH”, explica Gómez.

Pero, adicionalmente, el Estado tiene pendientes de resolución en tribunales 11 demandas de arbitraje de inversión: es la etapa previa cuando los inversionistas demandan al Estado.

“Son procesos que pueden durar dos o tres años, por ejemplo el caso de Electricaribe: Gas Natural demandó al Estado colombiano por 1.600 millones de dólares”.

Gómez reveló que dentro de un mes se conocerá el fallo de un tribunal de arbitramento colombiano por el caso de la multinacional Glencore, que demandó a la nación por 600 millones de dólares ($1,8 billones) por un otrosí de un contrato de minería (ver recuadro).

También está pendiente la demanda que anunció la multinacional brasileña Odebrecht contra la nación, y que por ahora está en etapa previa.

La joya de la corona: el Galeón San José

Este tema, por encargo del presidente Iván Duque, está en manos de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez.

“Estamos en función de precaver el litigio buscando evitar que haya una controversia con MAC, que es la compañía a la que (Juan Manuel) Santos quería adjudicarle el contrato mediante la firma de una APP que estaba muy avanzada y casi lista”, dice.

Gómez Alzate afirma sin titubeos que el tema del rescate del Galeón San José “fue muy mal manejado” por el gobierno anterior.

“Lo que se rescate de ese barco tiene que quedar para Colombia y para la humanidad, pero en Colombia. No queremos, y ese es el punto, que las piezas que se rescaten, sean o no patrimonio cultural, estén rodando por ahí de mano en mano de los anticuarios del mundo. Nosotros no queremos pagar en especie, por eso estamos buscando fórmulas jurídicas imaginativas para llegar a la mejor solución que nos permita encontrar una salida y rescatar el galeón”.

 

 

 

El caso Glencore

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Prodeco, propiedad de la multinacional Glencore, por el fallo de responsabilidad fiscal proferido hace tres años por la Contraloría General.

El caso se refiere a la decisión que obligó a esa compañía a resarcir al Estado colombiano con $60.023 millones por daño patrimonial.

Como consecuencia de ese otrosí, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra equivalente a la de la condena, por la explotación de la mina de carbón Calenturitas, en el departamento del Cesar.