• La necesidad de un pacto político
• Hora de la grandeza institucional

Las siete semanas que le restan a esta primera legislatura del gobierno del presidente Iván Duque serán, sin duda alguna, fundamentales para terminar de sentar las bases de su mandato. Como siempre ocurre, al cierre de los periodos legislativos hay una serie de proyectos de ley y de reforma constitucional cuyos tiempos de aprobación se encuentran supremamente ajustados e incluso si se trabajara de corrido hasta mediados de junio la posibilidad de que se complete su trámite no está asegurada.

Dado lo anterior lo más procedente sería que bajo el liderazgo de la Casa de Nariño se allanara un acuerdo con las distintas bancadas, ya sean gobiernistas, independientes o de oposición para definir las iniciativas más prioritarias y aplazar aquellas que, aunque necesarias, pueden dejarse para el segundo semestre. Para que se viabilice dicho pacto se requiere voluntad política de todos los actores legislativos y el liderazgo del Ejecutivo, teniendo en cuenta que hay una serie de problemáticas bastante graves en el país que no admiten ni toleran que su solución termine imbuida en un pulso de poder entre los distintos partidos y, menos aún, que el ambiente electoral de cara a los comicios de octubre termine atravesándose en la aprobación de distintos proyectos que se consideran urgentes.

Si se hace una revisión de la agenda que está pendiente, tanto de origen gubernamental como parlamentario, es fácil identificar por lo menos una decena de iniciativas que deberían ser objeto de ese pacto político sugerido. En primer lugar, sin duda alguna, se encuentra el proyecto de ley para la adopción del Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del gobierno Duque y que, por obvias razones, debe tener luz verde acorde con el voto programático derivado del dictamen de las mayorías en los comicios presidenciales del año pasado. Ya se superaron los debates en las comisiones económicas conjuntas y están pendientes los vistos buenos en ambas plenarias. Como lo hemos dicho en estas páginas, se trata de la bitácora del actual Mandatario y si bien deben buscarse los consensos, en modo alguno los debates deben conllevar a que se termine viabilizando aquello que no tuvo eco en las urnas. Por términos de ley este proyecto debe ser el más urgente, ya que apenas le restan un poco más de dos semanas para su aprobación o sería adoptado vía decreto, lo que no es el objetivo.

También es necesario que se acelere el trámite de aprobación del paquete de proyectos anticorrupción, tanto los de origen gubernamental como aquellos derivados del pacto político multipartidista de finales del año pasado una vez votada la consulta popular respectiva que estuvo cerca de lograr del umbral de participación y por ende de aprobación. También está en lista de espera el proyecto de reforma política y electoral que, si bien es cierto difícilmente se podrá aplicar en esta campaña y la próxima cita en las urnas, es necesario sacar adelante dado el consenso que tuvo parte del articulado durante su primera vuelta.

Esas iniciativas y otras más no pueden quedarse en el tintero ni tampoco sucumbir al pulso político que se ha generado alrededor de las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Tras la accidentada discusión en la Cámara de Representantes corresponde ahora al Senado el dictamen respectivo. Como lo hemos reiterado en estas páginas, en aras de respetar la facultad del Jefe de Estado para hacer reparos a toda norma en construcción, tal como se lo autoriza la Constitución, las objeciones deben ser votadas y, sobre todo, analizadas en forma detenida, tanto en su motivación política como jurídica, pues esa es la naturaleza de esta figura.

Es claro, entonces, que las próximas siete semanas serán determinantes tanto para el Gobierno como para el Congreso. Uno y otro tienen que actuar con la voluntad política y la grandeza institucional del caso. Como ya se dijo, esa decena de proyectos que podrían ser objeto de un pacto se requiere para afrontar problemáticas muy puntuales del país, por todos conocidas. Forzar su hundimiento o que quede aplazada para el arranque de la segunda legislatura no es nada recomendable, menos aun si tales decisiones se precipitan por pulsos políticos y partidistas coyunturales y no por el debate objetivo sobre su viabilidad o no dentro de la legislación colombiana.