'Cartel de la Toga': Fiscalía descarta impunidad

Foto archivo El Nuevo Siglo
Ente investigador aseguró que el principio de oportunidad con el exfiscal anticorrupción será prorrogado oportunamente

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La Fiscalía aseguró que está garantizado que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno podrá seguir como testigo en el caso por el escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la Toga’, pues se pedirá ante un juez prorrogar el principio de oportunidad que ha permitido su colaboración. Esta persona condenada en Estados Unidos envió una carta al presidente Duque y al procurador Carrillo, en la cual alertaba que estaba en peligro seguir con sus testimonios porque está a punto de fenecer este acuerdo con la justicia.  

Moreno alertó en la misiva que la Fiscalía aún no ha solicitado ante el juez la audiencia para pedir prorrogar este acuerdo de colaboración con la justicia.

El 15 de mayo del año pasado, Moreno fue extraditado a Estados Unidos solicitado por la Corte del Distrito Sur de Florida que lo señaló de asociación para delinquir, fraude y lavado de dinero porque habría solicitado en este estado norteamericano junto con el abogado Leonardo Pinilla la suma de $100 millones al prófugo exgobernador del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para desviar la investigación que se adelantaba en su contra por el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’ y corrupción en el uso de recursos de regalías.

Moreno, quien para el momento de los hechos fungía como fiscal anticorrupción, y Pinilla, le habrían dicho a Lyons que supuestamente tenían contactos en la Corte Suprema que podrían desviar los procesos en su contra.

Estas conversaciones fueron escuchadas de manera secreta por la DEA de Estados Unidos, lo que devino en que además se abriera una causa judicial contra Moreno y Pinilla, la justicia de ese país informara a la Fiscalía colombiana, destapándose el mayor escándalo de corrupción hasta el momento en los altos Tribunales, pues entre 2013 y 2015 habría operado una red integrada por magistrados, exmagistrados y abogados, dedicada a torcer procesos a favor de congresistas y otros políticos, de la cual Moreno aceptó que hizo parte.

Producto de la colaboración de Moreno hay más de 20 personas investigadas, algunas en la cárcel como el exmagistrado Francisco Ricaurte y el exsenador Musa Besaile.

En enero pasado, Moreno fue condenado en Estados Unidos a 48 meses de prisión por asociación para delinquir, fraude y lavado de dinero.

Precisamente ayer el expresidente de la Corte Suprema, Francisco José Ricaurte, radicó una solicitud de libertad argumentando que se pasaron los límites que establece la ley para la presentación del escrito de acusación hasta el inicio del juicio formal, situación por la cual considera que se le han vulnerado sus derechos procesales.

Sin embargo se conoció que las demoras en este caso también han tenido que ver con los recursos y solicitudes de pruebas que ha presentado la defensa de Ricaurte.

La Fiscalía llamó a juicio a Ricaurte por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y utilización indebida de información.

 

Aclara la Fiscalía

Moreno indicó en la misiva al Jefe del Estado y al Procurador General: “Debo informarle que, pese a esta orden judicial, y a la literalidad de la ley procesal, estamos próximos al vencimiento de los términos y aún no existe fecha conocida para realizar dicha audiencia, de hecho, entiendo que ni siquiera ha sido solicitada por el fiscal del caso; y de no prorrogarse la suspensión de la acción penal como lo ordenó el juez dentro del año que esta pronto a vencerse, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que las decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse, y en resumen se retornaría la libertad a las personas detenidas y serán reintegradas en sus cargos”.

En un comunicado el ente acusador señaló ayer que el 17 de mayo de 2018, el Juez 17 Penal Municipal con función de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad que la Fiscalía General de la Nación le concedió al abogado Luis Gustavo Moreno, y que implica la suspensión de la persecución penal condicionada a su colaboración con la justicia.

“Los hechos objeto del principio de oportunidad se relacionan con los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada, ocurridos entre los años 2012 y 2016, cuando Luis Gustavo Moreno ejercía como abogado litigante”, indica la Fiscalía.

Añadió que el principio de oportunidad está vigente hasta el próximo 18 de mayo y “será prorrogado oportunamente, para lo cual no se requiere audiencia judicial previa”.

Agregó que entre los compromisos que deberá cumplir el hoy procesado está el de colaborar con la justicia para judicializar a servidores públicos y abogados comprometidos en presuntos hechos de corrupción en la Rama Judicial.

Por su parte, la Procuraduría General solicitó a la Fiscalía prorrogar la suspensión de la acción penal adelantada contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno Rivera, para que continúe colaborando en calidad de testigo de cargo en los procesos penales y disciplinarios que se adelantan por el llamado ‘Cartel de la Toga’.

En carta enviada al fiscal que adelanta el proceso, el Ministerio Público indicó que resulta indispensable la adopción de esa medida para que se acate lo estipulado en el principio de oportunidad, y el exfiscal cumpla con su compromiso de testificar y aportar información eficaz para que lleguen a buen término las investigaciones en contra de magistrados, exmagistrados, senadores, representantes, gobernadores y altos funcionarios públicos que participaron en los graves hechos de corrupción que habrían ocurrido en la Corte Suprema de Justicia.

 

 

Corte se cura en salud

Poco después de que Moreno alertara que está en vilo su colaboración con la justicia en el caso del ‘Cartel de la Toga’, la Corte Suprema programó para el próximo 15 de mayo el inicio del juicio al suspendido magistrado Gustavo Malo.

En diciembre pasado, Malo perdió la inmunidad para ser investigado como aforado constitucional después de que el Senado avalara un informe que previamente había aprobado la Cámara, en el cual se concluye que el jurista de la Corte Suprema participó en estos hechos de corrupción.

“El magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo, se concertó con funcionarios y particulares, para abordar aforados que tuvieran en curso procesos e única instancia al interior de la alta corte y conseguir decisiones contrarias a derecho a cambio de coimas y dádivas”, señaló el informe aprobado por Senado.