Ante el descuadre en las finanzas públicas no hay sino tres alternativas a la vista: continuar con los recortes al gasto, aumentar el recaudo de impuestos o recurrir a la deuda pública. Hay que partir de la base que el gasto del Gobierno central viene indexándose anualmente a un ritmo del 4%, en pesos constantes, a ello hay que añadir el costo del posconflicto, el cual se estima en un punto porcentual del PIB anual, por lo menos hasta el 2022. Es la misma Comisión del Gasto la que advierte sobre la inconveniencia de exagerar los recortes del gasto, puesto que ello acarrearía como consecuencia una falta de apoyo al crecimiento productivo mediante políticas contracíclicas y la desprotección de la población más vulnerable en esta fase en la que estamos de desaceleración del crecimiento de la economía.
Claro está que, como lo aconseja la Contraloría General de la República, “no es suficiente gastar más, hay que gastar mejor, contribuyendo así a una mejor provisión de bienes y servicios públicos esenciales para el impulso al crecimiento económico, el empleo y el desarrollo”.
Conscientes de la inflexibilidad del gasto público, que es del 85.5%, las recomendaciones de los expertos de la Comisión del Gasto Público están encaminadas a promover una mayor flexibilidad, eficiencia, eficacia y equidad en la asignación de los recursos. Con tal fin recomendó presupuestar por programas, evitando la atomización de los recursos, reformar el Sistema General de Regalías y el Sistema general de Participaciones en procura de articular e integrar los recursos del PGN con los que corresponden a las entidades territoriales.
Con la misma finalidad se plantea la necesidad de focalizar mejor la población objetivo de los subsidios sociales, para evitar la selección adversa en la asignación de los mismos. Estamos hablando de un monto que supera el 9% del PIB y el 43% del PGN.
De todos modos es muy importante precaverse de no caer en los extremos ni del manirrotismo del derroche ni de políticas contraccionistas, que son nefastas. Comparto plenamente el llamado que hace el Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, cuando afirma que “las acciones deben encaminarse a poner la economía a crecer para poder cumplir las metas fiscales y no forzar el cumplimiento de las metas fiscales sacrificando el crecimiento y comprometiendo el bienestar de millones de colombianos. No se puede poner el cumplimiento de la Regla fiscal (a rajatabla) por encima de las medidas de política pública que necesita el país”
Advertidos del escaso margen de maniobra que tiene el Gobierno en materia del gasto público, se precisa explorar fuentes de mayores ingresos que soporten el mismo y que sean sostenibles en el tiempo. Ya advertimos de las limitaciones y falencias observadas en el Estatuto tributario y en la gestión del mismo, las que deben superarse para optimizar el recaudo. Esta es una tarea pendiente que tiene el Congreso de la República.
*Miembro de número de la ACCE