* Burdo fallo de justicia chavista contra El Nacional

* ONU debe intervenir de forma rápida y contundente

La libertad de prensa en Venezuela no existe. La dictadura chavista tiene cooptados todos los poderes públicos y los utiliza a su amaño para someter, presionar, exiliar, encarcelar, quebrar, anular o amedrentar a todo factor que califique de oposición al régimen sátrapa, incluyendo al periodismo objetivo e independiente.

El último informe de una misión de expertos de la ONU fue contundente: desde las instancias oficiales, o con la complicidad de estas, se cometen delitos de lesa humanidad y las más graves violaciones a los derechos humanos. La crisis política, económica, social e institucional no tiene límites. Lo más grave es que mientras millones y millones de habitantes sufren hambre, desempleo, pobreza extrema, inseguridad y toda clase de penurias, la cúpula gubernamental se ha apropiado de presupuestos billonarios que esconde en paraísos fiscales y gobiernos cómplices. Y cuando se pensaba que la otrora nación más rica del subcontinente no podía estar peor, llegó la pandemia y la sumió en la que es, sin duda, la tragedia humanitaria más grave de occidente en este siglo.

En ese marco circunstancial ya nada sorprende en torno a las maniobras de la dictadura para seguir enquistada en el poder. El cerco global en lo político, diplomático, económico y judicial no ha logrado debilitar a las huestes chavistas. Por el contrario, estas parecen tener la creciente percepción de que la impotencia de la comunidad internacional frente a la crisis venezolana es una especie de carta abierta para perpetrar cuanto delito, abuso o injusticia sea necesaria para acallar las voces e instancias que se resisten a rendirse ante la satrapía.

El burdo e ilegal fallo del viernes pasado mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia condenó al emblemático diario El Nacional a pagar una ‘indemnización’ equivalente a 13,4 millones de dólares al segundo a bordo del régimen, Diosdado Cabello, es una prueba más de que en Venezuela la justicia objetiva e imparcial así como la libertad de prensa ya no existen.

El caso se remonta a 2015, cuando el periódico con sede en Caracas, y uno de los pocos bastiones del periodismo independiente en esa nación, reprodujo un artículo del diario español ABC en el que un testigo confirmaba la relación de Cabello con el narcotráfico. En 2018 un juez de primera instancia concluyó, contra toda evidencia, que sí hubo difamación y el caso fue apelado ante el Tribunal Supremo, un organismo que, se sabe, es un instrumento al servicio del Palacio de Miraflores.

Como es apenas obvio, Cabello no solo busca quebrar a El Nacional, sino incluso apoderarse de un medio que, como decenas de diarios de gran, mediana y pequeña circulación, se vio forzado tiempo atrás, por la crisis económica generalizada y sobre todo por la escasez de papel (propiciada desde el Gobierno), a suspender su tiraje impreso y refugiarse en su portal web, desde donde, pese a todos los riesgos, ha seguido ejerciendo un periodismo independiente y valiente.

La multa y el proceso seudo-judicial son tan delirantes que los propietarios del periódico no han dudado en calificar el fallo como una "expropiación encubierta", al considerar que siendo impagable ese monto de 13 millones de dólares, el Tribunal procederá a embargar las instalaciones, maquinaria y hasta el nombre del diario para entregarlo, a manera de compensación, a Cabello, el mismo al que Estados Unidos hoy le tiene un proceso abierto por narcotráfico y ofrece una millonaria recompensa por su captura.

Como es apenas obvio, son múltiples las reacciones por esta acción demencial de la dictadura contra El Nacional. Varios gobiernos así como expresidentes y líderes políticos de distintas latitudes han condenado al absurdo proceso judicial y la violación flagrante a la libertad de expresión. Es más, la Sociedad Interamericana de Prensa no dudó en calificar el hecho como una “expoliación” y un acto de "aberración judicial y de venganza". Paradójicamente ayer se conoció un nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en donde de nuevo advierte sobre las graves afectaciones al periodismo en Venezuela.

Con el régimen dictatorial por fuera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la única instancia a que se puede acudir es a las Naciones Unidas, en donde el gobierno chavista todavía es reconocido formalmente, no así en la OEA ni en otras entidades e instituciones multilaterales. No solo debe llevarse esta nueva afrenta a la libertad de prensa ante el Consejo de Derechos Humanos, sino ante el propio Consejo de Seguridad, ya que algunos expertos consideran que, primero, no es un hecho aislado contra los medios de comunicación independientes y, segundo, hace parte de una acción sistemática y criminal para reprimir todo foco de oposición al régimen.

Ojalá la ONU tome cartas sobre el asunto. La actitud pasiva e impotente que muchos le atribuyen frente a la tragedia venezolana, solo ha llevado a que la dictadura se aferre más al poder y crea tener carta blanca para cometer todo tipo de abusos y delitos.