El artículo 34 del proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, radicado el jueves por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, prevé el otorgamiento de facultades extraordinarias durante seis meses al presidente Iván Duque para modificar la estructura de los organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, como una de las medidas encaminadas a racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado.
 
La otra iniciativa contenida en el articulado que va en el mismo sentido es la introducción de limitaciones al crecimiento de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación.

Según la exposición de motivos del proyecto, la implementación de estas iniciativas contribuirá a hacer más austera la parte del gasto público diferente al gasto social, con lo cual se incrementa la disponibilidad de recursos para financiar este último.

Aunque no hay un estimativo del ahorro que puede efectivamente lograrse por esa vía, porque hace falta tomar las respectivas decisiones, la exposición de motivos cita la del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo para señalar que, actualmente, los gastos de funcionamiento (sin incluir las transferencias) tienen potencial para la optimización del gasto en el rubro destinado a la adquisición de bienes y servicios, teniendo en cuenta que los niveles de adquisición de bienes y servicios se ubican aproximadamente en 1 punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del gasto realizado en dicho rubro en economías emergentes y el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y aproximadamente 1,5 puntos porcentuales del PIB por encima del promedio de América Latina.

Así, se precisa, la austeridad del gasto puede lograrse mediante la supresión, fusión, escisión, reestructuración, modificación y/o disolución de organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva nacional, así como de la modificación de su adscripción o vinculación, toda vez que se pueden lograr eficiencias al momento de modificar las entidades existentes.

¿Qué recortar?

El presidente de la Comisión Cuarta del Senado, Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, le dijo a EL NUEVO SIGLO, que “primero hay varias entidades que desde el año pasado venimos pidiendo que se reduzcan”, mencionando el Fondo de Adaptación que, dijo, “se puede eliminar y funcionarlo con la Unidad de Riesgos”.

Además, sostuvo, “en Agricultura el acuerdo de paz creó cinco entidades que, dadas las circunstancias actuales, toca reagruparlas nuevamente”.

Esas entidades referidas por el senador Jiménez hacen parte de una serie de agencias administrativas especiales que existen en el país, una figura que comenzó como una excepción, pero que se tornó en los últimos años como la regla general; la lista es larga: Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, Unidad Administrativa Especial Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional del Espectro y Agencia Nacional de Tierras, entre otras.
Y “faltan las consejerías que tiene la Presidencia”, anotó Jiménez, aunque agregó que “la verdad creo que no es mucho” lo que se ahorraría allí en comparación del tamaño del Estado, calculando que “serían $200.000 millones al año”.

Ir más allá

Tras una reunión de bancada, el Centro Democrático insistió en varias de sus propuestas sobre austeridad, entre las que se destaca la reducción del Congreso, pasando de casi 280 parlamentarios a no más de 157 en ambas cámaras.

Al respecto el legislador uribista Fernando Nicolás Araújo, integrante de la Comisión Tercera del Senado, calificó como “positiva la propuesta del Gobierno de congelar el gasto público para llegar a $15 billones de ahorro recurrente”, lo que “nos encausa también hacia una reforma administrativa necesaria”.

“Como Centro Democrático vamos a mirar otras iniciativas de ley y de reforma constitucional para reducir el tamaño del Congreso, reducir el tamaño de la JEP, para por supuesto fusionar entidades, para disminuir otras, para eliminar las que no funcionan y para reducir el tamaño de embajadas y consulados”, manifestó. 

De igual manera hay quienes sostienen que tendría que revisarse si el país necesita en verdad 18 carteras ministeriales. No hay que olvidar que en este Gobierno han entrado dos en funcionamiento: la de Deporte y la de Ciencia.

Asimismo, se escuchan voces que proponen que se analice si entre la cantidad de ministerios y agencias no se podría abrir paso la posibilidad de liquidar, fusionar o disminuir algunos departamentos administrativos, superintendencias e institutos descentralizados.

Sin embargo, el representante por el Valle del Cauca, Fabio Arroyave, del Partido Liberal, congresista de la Comisión Tercera de la Cámara, consideró en diálogo con este Diario que “ahí lo principal que tenemos que hacer, que muy poco se habla de ello, es revisar en este año cuáles son las entidades que más gastan en funcionamiento”.

“La Rama Ejecutiva, obviamente, por realizar la atención de la gente, está gastando más o menos el 15% del Presupuesto de la Nación, solamente en gastos de funcionamiento”, comentó Arroyave, indicando que “allí podemos empezar a mirar qué entidades tienen duplicidad de funciones, qué entidades pueden tener de alguna manera gastos innecesarios, pero también la pregunta es qué necesitamos nosotros para atender ese gasto social”, porque, añadió, “se necesita burocracia para tener cómo atenderlos”.

Sobre la reducción de las cámaras legislativas expresó que “estoy de acuerdo en que el Congreso debe ser uno de los que se reduzca, si quieren en tamaño, si quieren en inversión”, pero planteó que, entre las ramas del poder público, en cuanto a gastos de funcionamiento, es la que menos registra, con $0,5 billones, comparada con la Ejecutiva ($40 billones) y la Judicial ($4,3 billones), de manera que “solamente reduciendo el Congreso no vamos a solucionar ni siquiera el 1% de los problemas de ingreso que tiene este país”.

Consideraciones

De otra parte, el parlamentario hizo notar que el Estado es uno de los principales empleadores del país.

Según las cifras reveladas el 31 de marzo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en febrero el 19,9% de los trabajadores colombianos laboraba en el comercio, el 16,2% en el sector agropecuario, el 11,1% en la industria y el 10,3% en el Estado.

En opinión de Arroyave, eso “quiere decir que el día de mañana que tomemos una decisión de estas y tenga que salir gran cantidad de personal, los índices de desempleo y de pobreza se van a aumentar en el país”.

En todo caso, como lo observó el senador Jiménez, “estamos ante un momento de mucha responsabilidad. Lo irresponsable sería no hacer nada. Y le hemos pedido al Gobierno reducir gasto. Ellos deben tener estas facultades para cumplir este propósito”.

Para esto son las facultades

En los seis meses que le daría el Congreso, el presidente Duque podría expedir normas con fuerza material de ley para:

i) suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva nacional; 

ii) disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas;

iii) realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades escindidas, suprimidas, fusionadas, reestructuradas, modificadas o disueltas;

iv) determinar la adscripción o la vinculación de las entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva nacional; y

iv) la modificación de la planta de personal de las entidades referidas.